Un dictamen contra La Laguna

Parece que todas las reivindicaciones laguneras tuvieran que tropezarse siempre con una carrera de obstáculos.

Ocurrió con la exigencia de que La Laguna fuera incluida en el régimen legal de las grandes ciudades, ante la inhibición crónica del gobierno municipal.

Exactamente igual que ahora con la defensa del suelo agrícola y de la autonomía de La Laguna para definir un modelo de ordenación, sin otros condicionamientos que los fundamentados en el interés insular definido legalmente.

Lo bueno es que, al final, las buenas razones laguneras acaban imponiéndose.

Después de lograr -frente al criterio del Gobierno de Canarias- la unanimidad del Parlamento para la toma en consideración de la Proposición de Ley en defensa del suelo agrícola y de la autonomía de La Laguna, el Consejo Consultivo se ha despachado con un dictamen tan beligerante como falto de fundamento.

Qué bueno hubiera sido si el  Consejo Consultivo hubiera empleado contra el fraude que supuso en su día la Proposición de Ley del Catálogo de Especies Amenazadas un tercio  de la agresividad que ha derrochado, en el fondo y en las formas,  para descalificar  nuestra Proposición de Ley. Pero no lo hizo: la criticó con suaves maneras y melifluos  argumentos.

Aquella Proposición de Ley fue dictada directamente por el Gobierno al Grupo de Coalición Canaria, para ahorrarse los informes jurídicos y técnicos que obligatoriamente han de acompañar a un Proyecto de Ley. Mediante la  Proposición de Ley del Catálogo  se burló el derecho de los ciudadanos y de la comunidad científica a participar en la elaboración de normas relativas al medioambiente. Y también se impidió el derecho de acceso a la justicia, porque al aprobar el Catálogo como una Ley sólo puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y ese recurso no está al alcance de la ciudadanía. Sí estaba en manos del Gobierno de España, al que Coalición Canaria neutralizó a cambio del apoyo de Oramas  a un Zapatero debilitado y con las promesas de un pacto de Canarias,  que ya sabemos cómo ha ido.

Por medio de una Ley, sí, se derogó el Decreto 101/2001  que regulaba el Catálogo Canario. Y por medio de una Ley se rebajó la protección de nuestra diversidad con la única finalidad de construir unas infraestructuras discutidas y discutibles. Qué quedaba del mantra tan manoseado por  Coalición Canaria sobre nuestro Archipiélago como punto caliente de la biodiversidad?

Sin embargo, el Consejo Consultivo, después de  reconocer la posibilidad constitucional de derogar un reglamento por medio de una Ley, ni se ocupó de analizar la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley,  en la que se explica el callejón sin salida en que se encuentra el suelo agrícola de La Laguna.

Después de unas disquisiciones teóricas sobre el principio de jerarquía del planeamiento, ni se interesó por  examinar las violaciones y contradicciones flagrantes del Plan Insular de Ordenación con las  Directrices de Ordenación General, que tienen fuerza de Ley. No sólo con los criterios, objetivos y fines del Planeamiento territorial definidos por las Directrices, a los que prácticamente niega la naturaleza de norma jurídica de rango legal aludiendo  despectivamente  a su carácter programático. Sino las Directrices específicas que establecen la obligatoriedad de conservar el suelo agrícola, aunque no esté en cultivo. O las Directrices específicas sobre las infraestructuras, señaladas expresamente en la Proposición de Ley.

No se ha ocupado el Consejo Consultivo de comprobar las contradicciones internas del Plan Insular de Ordenación   --nunca adaptado de verdad a las Directrices--  cuando protege espacios agrícolas al sur del municipio de La Laguna, calificándolos de Área de Regulación Homogénea  de protección de la agricultura tradicional y, al propio tiempo, define por esa zona el trazado de la Autopista Exterior que destruirá más de un millón de metros cuadrados de ese suelo agrícola, solamente en el municipio de La Laguna.

Tampoco  se ha ocupado de verificar cómo el Plan Insular de Ordenación prevé su desarrollo a través de sendos Planes Territoriales Especiales, de ámbito insular,  para ordenar el sistema de carreteras y de transporte colectivo que nunca se han aprobado.

Tienen que ser preceptivamente esos Planes, nunca aprobados, los que  definan el modelo insular de movilidad  a partir del cual puedan ordenarse la movilidad y el transporte de cada comarca. ¿Y el principio de jerarquía de planeamiento? ¿Será que con La Laguna no reza cuando se trata de imponerle a La Laguna y a su suelo agrícola un sistema viario devastador? Porque de eso es de lo que venimos discutiendo.

Para el Gobierno de Canarias y para el Cabildo de Tenerife parece que toda la obligatoriedad y la jerarquía del planeamiento territorial se reducen  a imponerle a La Laguna un  sistema viario definido por el último eslabón del sistema de planeamiento, porque hay muy influyentes intereses detrás de todo esto.

Cuando se perpetraba toda esta operación, dándole apariencia de legalidad con una figura de planeamiento secundaria  (el Plan Territorial Especial del sistema viario el área Metropolitana), allá por los 2004-2007, el Ayuntamiento de La Laguna presidido por la inefable  Oramas guardó silencio. Ni formuló alegación alguna digna de ese nombre, ni lo recurrió ante los Tribunales.  Blanco y en botella…

No hay otra que derogarlo mediante una Ley, restableciendo así el orden jurídico. A no ser que  el Consejo Consultivo, desde la imperturbabilidad de su atalaya, crea que lo razonable es que esas infraestructuras se plasmen en el PGO de La Laguna, imposibilitando su aprobación en un clima de consenso ciudadano y obligándonos a quienes no tenemos otro compromiso que La Laguna a tener que recurrir el futuro PGO.

Pero eso es exactamente lo que no conviene a La Laguna, porque un PGO recurrido judicialmente entra en una interinidad que no es sólo jurídica, sino económica y social, hasta que haya sentencia definitiva.

Menos doctrinas generales, menos invocar Sentencias completamente ajenas a este asunto, más estudiar el asunto en profundidad porque ni la singularidad de una situación, ni la seguridad jurídica, ni la existencia de un vacío legal, ni la autonomía de un municipio al que se le intenta encorsetar el futuro en un sistema viario ideado desde fuera de La Laguna y al servicio de intereses ajenos  a La Laguna son cuestiones de pronunciamientos tan solemnes y genéricos como vacíos de contenido. Son cuestiones que sólo se pueden valorar analizando el caso concreto.

Y estudiar este asunto, tan importante para La Laguna, es exactamente lo que no ha hecho el Consejo Consultivo.

Que, por cierto, podría haber designado como ponente a otro Consejero que no hubiera tenido responsabilidades de ordenación territorial en el Gobierno de Canarias, precisamente cuando se tramitaba enhoramala el Plan del Sistema Viario que es imprescindible derogar.