La 'nueva moratoria'

En primer lugar, nos parecen razonables las modificaciones relativas a las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacio Naturales de Canarias, destinadas a simplificar las exigencias de determinadas figuras de planeamiento para favorecer las actividades agropecuarias en suelo rústico y la regularización de las explotaciones ganaderas que están en funcionamiento; posibilitar territorialmente la implantación industrial; permitir el fomento de las energías renovables, con su instalación en suelo agrícola que mantenga su producción en cultivo; y facilitar la adaptación y desarrollo del planeamiento urbanístico, evitando la actual lentitud de los procesos que genera problemas en la economía.

Límites al crecimiento

En segundo lugar, respecto al turismo, discrepamos sobre cómo queda el apartado sobre los límites al crecimiento de alojamientos turísticos. Me parece incorrecto que el artículo 16.2 del anteproyecto sustraiga al Parlamento la competencia de los futuros cambios de la 'moratoria', que ya no requerirán el rango de Ley. Bastará con un decreto del Gobierno, previa resolución del Parlamento, que aconseje su modificación. Esto me parece lo más negativo del Anteproyecto: acabar con el carácter de Ley trienal que actualmente tiene la limitación del crecimiento de nuevas camas.

Este mismo artículo 16, establece para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife que sólo se concederán nueva autorizaciones previas para alojamientos turísticos cuando tengan por objeto la renovación. De esta forma, desaparece el cupo del 1% (hasta ahora, 3.600 nuevas plazas anuales) aprobadas por el Parlamento para proyectos que comporten una especial cualificación de la oferta. Por lo tanto, los cambios establecidos no garantizan el imprescindible crecimiento en calidad.

Por otra parte, creo que los incentivos para la renovación edificatoria y la rehabilitación urbana que contemplaban la vigente Ley de Directrices, especialmente en la directriz 31, si se hubieran puesto en marcha desde abril de 2004, como regulaba la Ley, hubieran supuesto un salto cualitativo en este asunto y no estaríamos cinco años después hablando de lo mismo sin haber avanzado un paso.

Recuerdo que el Gobierno canario debía establecer “un programa de medidas económicas, fiscales, laborales y administrativas destinadas a incentivar y facilitar las actuaciones de renovación edificatoria turística” y otro “para el desarrollo de una serie de actuaciones de rehabilitación urbana, de carácter ejemplar, en concertación con las administraciones insulares y locales en diferentes zonas turísticas”, empezando por los siete espacios turísticos definidos en el Anexo de las Directrices: Puerto del Carmen, Corralejo, Morro Jable, San Agustín, Playa del Inglés, Puerto de la Cruz y Los Cristianos.

El Anteproyecto propone ahora un incentivo para la renovación que consiste como criterio general en la bonificación del 50% de autorizaciones de plazas turísticas nuevas por plaza rehabilitada, con el suplemento de que si el establecimiento rehabilitado aumenta su categoría, por cada estrella que aumente se le concede otro derecho del 25%, es decir, un cuarto de cama nueva. De tal manera que si se rehabilita un establecimiento de 3 estrellas con 100 camas y el nuevo tiene 5 estrellas tendrá derecho a 100 camas nuevas (además de las 100 camas que ya tenía). Además, si el propietario de un establecimiento alojativo lo derriba y decide construir en otro suelo clasificado como turístico y cede ese solar para dotación pública la bonificación será de 3 camas nuevas por cada una eliminada en ese lugar, pudiendo incrementar además el derecho a una cama más por cada grado de categoría aumentado. Esta bonificación en el Anteproyecto es muy confusa, porque no explícita el alcance que debe tener una intervención para ser considerada renovación, y no aclara dónde se debe hacer prioritariamente. Creo que se debe potenciar la renovación en las zonas degradadas y consideradas de interés general.

Asimismo, sorprende que el Gobierno que, sin debate ni consenso, ha llevado a Bruselas el asunto de las segundas residencias haga mutis por el foro respecto al voluminoso incremento de la oferta residencial en las zonas turísticas. Una situación que genera dos graves problemas: produce una continua nueva ocupación de suelo en zonas turísticas e introduce en el mercado una oferta turística irregular pues en muchos casos estas residencias (al margen de que sean habitadas temporalmente por sus propietarios) son alquiladas a turistas buena parte del año. El Anteproyecto no se ocupa de regular esta nueva modalidad de alojamiento turístico de hecho. Si el Gobierno está realmente preocupado y quiere poner soluciones al fenómeno de la masiva construcción residencial en zonas turísticas y otras zonas del litoral la competencia está en sus manos: a través de este Anteproyecto lo puede hacer.

En definitiva, la 'nueva moratoria', junto a algunos aspectos positivos, presenta numerosas insuficiencias, especialmente al quedar en manos del Gobierno el establecimiento de límites de nuevas camas turísticas, así como respecto a los incentivos para la renovación de la planta obsoleta. Aspectos que deben ser mejorados con un mayor debate social con los sectores implicados por parte de quienes han tenido a las directrices paralizadas durante más de una legislatura. Proponemos, en ese sentido, cumplir la ley de directrices, perfeccionándola. Simplificando las figuras del planeamiento, facilitando la renovación y regulando las residencias en zonas turísticas.

*Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias Román Rodríguez*