Paro y crisis económica

Los últimos datos publicados sobre desempleo confirman las negativas cifras del último año. Canarias ya alcanza en el mes de noviembre los 200.000 parados registrados (exactamente 199.889), una cifra histórica en valores absolutos. Con ello la tasa de paro del Archipiélago estimada se sitúa en el 19,1%, más de seis puntos por encima de la tasa de paro española (13%).

En el último año, es decir con relación a noviembre de 2007, el paro en Canarias ha crecido en 61.076 personas, lo que supone un incremento del 44%. El sector donde el desempleo arrasa es la construcción, que con 38.285 parados ya supera el 28% de la población activa en esa actividad.

El incremento del paro en los últimos tres meses es indicativo de la fuerte caída que sufre la economía canaria. En septiembre se creció en 4.466 parados, en octubre en 9.664 y en noviembre en 9.420. Sirva como dato de referencia que en noviembre de 2007 el paro registrado se incrementó en 1.554 personas, mientras que ahora la adición de nuevos parados se multiplica por seis.

Hay que recordar que dadas las características del ciclo económico habitual de Canarias la gráfica alcista del desempleo se produce entre los meses de enero a junio. Entre el 1 de diciembre de 2007 y el 31 de junio de 2008 se registraron 37.011 nuevos parados, a una media de 5.300 parados mensuales.

Haciendo una proyección para los próximos meses, donde es evidente que los indicadores de la crisis son peores y que todo apunta que también afectará al sector turístico, se acelerará el crecimiento del desempleo y la media mensual de nuevos parados hasta verano puede ser de 9.500. Esto supone un escenario para junio de 2009 en torno a unos 265.000 parados, un 25% de la población activa; o lo que es lo mismo, de cada cuatro activos uno estaría en paro. Una situación dramática, sobre todo cuando a los parados se les vaya acabando la prestación por desempleo que reciben.

Dada la escasa capacidad de respuesta de la empresa privada en el corto plazo unido a las restricciones crediticias existentes sólo puede atemperar esta coyuntura una fuerte inyección de dinero público en la economía, especialmente inversión en obra pública como señalaba estos días el analista financiero Emilio Ontiveros.

Frente a la parálisis y desorientación que se observa en el Ejecutivo canario, que disminuye un 4,5 % las inversiones en el proyecto de Presupuestos para 2009 y reduce las transferencias de capital a los cabildos, valoro como positivo, aunque insuficiente, el reciente acuerdo del Gobierno español de inyectar de inmediato 11.000 millones de euros (el 1,1% del PIB), el grueso en obra pública, con cargo a las cuentas de 2008. De ellos, 8.000 millones irán destinados a un Fondo Extraordinario de Inversión Pública en el ámbito local, que estará destinado a obras de nueva planificación y ejecución inmediata. Aunque es inaceptable que el desconocimiento de la realidad institucional canaria del que a menudo hace gala el Gobierno central haya dejado fuera de la participación en esos fondos a los cabildos insulares que, como es el caso del Cabildo de Gran Canaria, tienen previstos numerosos proyectos de estas características en colaboración con los ayuntamientos.

A esa medida se le suma un aumento del 4,5% de la inversión pública en infraestructuras en el proyecto inicial de Presupuestos Generales del Estado para 2009, aunque las inversiones contempladas para Canarias nos parecen insuficientes y esperamos que sean mejoradas a través de enmiendas en la fase de tramitación.

Créditos a las pymes y a las familias

Pero estas medidas de choque, necesarias frente a la adversa coyuntura, deben complementarse con otras que reactiven el funcionamiento de las empresas y fomenten el consumo de las familias. Para ello es determinante normalizar las concesiones de crédito por parte de las entidades financieras. Y especialmente por parte de las Cajas de Ahorros locales.

Estoy convencido de que una de las causas más graves de la crisis es que los bancos han cerrado el grifo, de manera que no conceden créditos o piden excesivas garantías a los solicitantes. Esto empeora la situación, impidiendo que las pymes puedan sostener su actividad viéndose abocadas a despedir a sus trabajadores; y en el caso de los ciudadanos, se frena el consumo al no poderse financiar la adquisición de una vivienda, un vehículo u otros bienes.

Desde Nueva Canarias proponemos que el Gobierno del Estado establezca mecanismos específicos para posibilitar que las Cajas de Ahorros faciliten la concesión de créditos a familias y a pequeñas y medianas empresas. Porque es un hecho cierto que las medidas adoptadas por el Gobierno central a favor de las entidades financieras no obligan a éstas a facilitar créditos a empresas y particulares, y ese objetivo fundamental no se está logrando.

Por ello, creemos que las Cajas de Ahorro, entidades semipúblicas y cercanas a las poblaciones locales, deben ser las que se encarguen de hacer llegar a los ciudadanos y pymes parte de las inyecciones millonarias, hasta 100.000 millones de euros en avales, que el Estado ha dispuesto para las entidades financieras. El Ministerio de Economía y Hacienda respaldaría la concesión de estos créditos, controlando y garantizando que los mismos se entregan a las pymes y familias en condiciones de riesgo razonable, de forma que el dinero circule y se incentive la economía.

*Presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez*