De ridículo en ridículo por Almaraz

La presidenta Guardiola ha estado de tourné por Bruselas hablando de muchos temas pero concretando muy pocos. Parecía más una campaña de marketing, al más puro estilo Ayuso cuando cruza el charco para dar ruedas de prensa a Telemadrid, que realmente unas jornadas de trabajo reales. Básicamente porque habló de muchos temas, algunos donde Europa poca o ninguna competencia tiene como es el caso de la central nuclear de Almaraz. Alguien de su equipo tenía que haberle dicho que ir a Europa a pedir que Almaraz no se cierre es como ir a comprar puerros a una ferretería. La decisión del cierre paulatino de las centrales nucleares y su sustitución por energías renovables es competencia del Gobierno de nuestro país.

Recordemos que la central nuclear de Almaraz es la central más antigua de España. Comenzó a funcionar el 1 de mayo de 1981. Tiene 43 años recién cumplidos. Su autorización de explotación caducó en 2020, pero sigue operando gracias a una prórroga concedida por el Ministerio de Transición Ecológica durante la pasada legislatura, pese a que durante sus más de cuatro décadas de vida se hayan registrado más de medio centenar de incidentes, algunos de ellos lo suficientemente alarmantes como el ocurrido en 2016 cuando los informes técnicos indicaron que no había las suficientes garantías para que las bombas de agua de la central, que evitarían un accidente, funcionaran con normalidad. Pese a eso, la central está operando. Y lo hará hasta 2028, fecha definitiva del cierre, por mucho que le pese a la señora Guardiola. 

En este asunto (como en otros cuantos por desgracia también) PP, VOX y PSOE coinciden en Extremadura. Piden que no se cierre Almaraz amparándose en el manido argumento de que supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo en Campo Arañuelo. Una afirmación totalmente falsa, que realmente lo que esconde es que quieren que siga operando la central para que las grandes empresas eléctricas sigan haciendo multimillonarios beneficios a costa de nuestros recursos. Y la afirmación es falsa porque en Almaraz actualmente no trabajan 4.000 personas como nos quieren hacer creer, sino 750. Pero también es falso que cuando se cierre Almaraz Campo Arañuelo será un erial de paro y pobreza porque el desmantelamiento de los dos reactores de la central durará en torno a 15 años y necesitará cientos de puestos de trabajo. De hecho, según un estudio de Greenpeace, el desmantelamiento de las centrales nucleares en España supondrá la creación de 300.000 empleos, de los que 100.000 proceden del desmantelamiento de las propias instalaciones y la gestión de residuos, e implicará un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros.  

Sólo con estos datos le tendría que bastar a un gobierno serio para pedir el cierre de Almaraz. Además tampoco podemos obviar la cuestión medioambiental. El cierre supondrá que la central deje de generar residuos radioactivos, cuya peligrosidad dura cientos de miles de años y que son una obligación gestionar. Según los cálculos de la propia industria, el coste del programa de gestión de residuos alcanzará los 28.150 millones de euros, quedando por pagar 20.220 millones, factura que deberán abonar las empresas, y que terminaremos pagando todos a través del recibo de la luz. 

¿Entonces, por qué la señora Guardiola se afana en pedir la continuidad de Almaraz? Pues porque la energía nuclear sigue siendo enormemente rentable para las eléctricas. Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres propietarias de la central, acumularon 7.500 millones de euros de beneficio en 2023, la mayoría de ellos procedente de Almaraz, al ser la instalación que más aporta al sistema eléctrico español. Y está defendiendo a estas empresas, a pesar de que son las mismas que están boicoteando el autoconsumo y la implantación de las comunidades energéticas locales, que son precisamente las que generan un sistema eléctrico justo y redistributivo. Están torpedeando la conexión a la red del autoconsumo extremeño. Pues con todo, y con eso, Guardiola pretende que estas tres grandes empresas sigan haciéndose de oro, y se va a Bruselas a defenderlas, en vez de ir a reclamar que no se boicotee la transición energética justa en nuestra región. No está comprometida, por tanto, con los extremeños y extremeñas.

Tiene su hoja de ruta tan clara que no solo no le genera ningún rubor pedir la continuidad de Almaraz, sino que además ha ido más allá y ha exigido compensaciones fiscales para las grandes empresas que gestionan la central. Es decir, está reclamando que estas eléctricas con beneficios multimillonarios no paguen impuestos y que los costes del desmantelamiento los asumamos entre todos. Así, tal cual. Y se queda tan ancha.

Hay que recordar que precisamente el gobierno de Guardiola ha bajado los impuestos a los que más tienen, mientras que ha recortado en servicios públicos esenciales, como son los comedores escolares. Y todavía quiere más. Lo está demostrando con la campaña que ha iniciado a favor de Almaraz, aunque a veces no sepa muy bien dónde se compran los puerros y qué venden las ferreterías. En esto, como en otras muchas cosas, habrá que explicárselo bien para que no vuelva a hacer el ridículo por los pasillos de Bruselas.