Unelco, Emalsa. La desarticulación de los procesos

Lo primero a retener es que en ambos casos, se trata de servicios públicos fundamentales que, hasta hace unos años, eran públicos y que se han puesto en manos de empresas privadas. Como convendrá todo el mundo, este tema de las privatizaciones siempre se considera como un asunto de carácter ideológico. Y que, por tanto, según sea la forma de pensar y entender el mundo de cada quien, así será su mecánica y automática posición ante este debate.

No niego que tenga que haber mucho de eso. Lo que sí niego es que sea únicamente desde esas posiciones ideológicas preestablecidas, que deba reflexionarse sobre este asunto. Y, mucho más, tomar decisiones como las arriba indicadas.

A esos efectos, considero muy ilustrativo analizar esos dos casos sobre los que, además, existe por estos días una fuerte polémica.

I).- Unelco-Endesa-Enel (en adelante Unelco). Su privatización hace ya más de una década fue muy polémica. Se la criticaba fundamentalmente por tratarse de la privatización de un “monopolio natural”. Todos recordarán que eso se hizo al tiempo que se privatizaba por el Gobierno de Aznar todo el sector a escala estatal. Y la privatización fue completa, con lo que el proceso total de la prestación del servicio eléctrico siguió siendo único, al menos en Canarias. Así, el mismo que generaba la energía, la controlaba a lo largo de todo el camino hasta el domicilio del consumidor final y la cobraba. Hay que reconocer que este esquema, facilitaba la incorporación de varias políticas para mejorar la eficiencia técnica, económica y social del proceso.

Pero, al momento de la privatización y, con la excusa de que ésta podía acarrear actuaciones monopolizadoras, se decidió romper la unidad del proceso eléctrico y fracturarlo hasta en cuatro procesos distintos, autónomos e independientes. Generación, Transporte, Comercialización y Distribución. A poco que se piense, esa desarticulación no tiene ninguna razón de ser, salvo la que cualquier lector perspicaz pueda imaginarse de inmediato. [Una leyenda urbana muy extendida dice que “si alguien le explica a usted la estructura del sistema eléctrico español y usted la entiende, es que se la han explicado mal”]

En efecto, no solo desaparece la necesaria planificación global de un sector tan estratégico, sino que es sustituida por las diversas estrategias empresariales, que no tienen que ser coincidentes, de cada una de las compañías que puedan estar operando en el sector. [El caso más conocido es el de la privatización de la energía eléctrica en California] Así lo que ocurre es que cada compañía, con la finalidad de maximizar su beneficio, tenderá a comportamientos oportunistas, sobre todo en el aspecto inversor. Con el lógico y previsible resultado que las estructuras básicas del sector eléctrico en su conjunto, sufrirán esa especie de “tierra de nadie” llena de contradicciones y responsabilidades-culpas por asignar. Las mismas que expresan la ausencia de un Estado Mayor, cuando se desarticulan procesos y se alientan extrañas compartimentaciones.

Recordemos. Hace unos días hubo dos apagones en Gran Canaria en el espacio de 48 horas, afectando el segundo a más de la mitad del sistema insular. Se detectó sin ninguna duda que el fallo se produjo en la subestación del Barranco de Tirajana. Pero el por qué y, sobre todo, de quién fue la culpa es un tema que todavía se sigue discutiendo. De un lado Unelco (Generación) y de otro Red Eléctrica (Transporte) se echan las culpas uno a otro y cada uno defiende el que “yo no fui”. Lo que esto demuestra, en definitiva, es que el sistema eléctrico canario está desarticulado y lo está porque al trocear y compartimentar el proceso único, al desatar una inadecuada competencia, el sector eléctrico se ve tironeado por cada una de las partes que sabe que, siempre, sus ganancias serán mayores si las culpas se quedan en la otra parte. Por eso, la inestabilidad del sector. La única estructura capaz de compaginar la concentración técnica y empresarial con el bienestar ciudadano es volver ala titularidad pública y a la necesaria articulación de todo el proceso.

Por último, el objetivo final declarado al privatizar el sector eléctrico fue abaratar los costes y bajar los precios.

Veamos. En el último quinquenio (2006-11) el precio de la electricidad para los consumidores domésticos en España, subió nada menos que el 69,9%, la cifra más elevada de toda la zona euro, cuya media quedó en el 13,1% de aumento. En lo que va de 2012 hasta Junio, el precio de la electricidad en España subió el 12,3%, al tiempo que el IPC solo subió el 1,9% en ese periodo. Si incorporamos las previsiones, el “tarifazo” progresivo que van a poner, encarecerá la factura hasta un tope del 7,4%.

En suma, la privatización del sector eléctrico, los intentos de “evitar” la monopolización mediante la estratagema de trocear y desarticular el proceso con la finalidad de abaratar precios, ha fallado en todos los sentidos. Menos uno, aquel que solo tiene en consideración la cuenta de resultados de las empresas eléctricas.

El cuadro quedaría incompleto si no mencionáramos el último efecto letal de la situación actual, el bloqueo de la implantación de las renovables, de las que Canarias tiene una dotación excepcional.

II).- EMALSA (Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas). En este caso la privatización que se hizo en 1993 no fue absoluta. Se vendió el 66% de las acciones de la compañía a dos empresas “ex aequo”. Hoy, esas dos empresas son la francesa SAUR (matriz de la española Gestagua) y SACYR-VALLEHERMOSO. Como se sabía de sobra esas dos empresas, mayoría absoluta, se han puesto de acuerdo entre sí y actúan como una sola ante el Ayuntamiento que, a pesar de ser el socio mayoritario (34%), se encuentra en minoría. Esas dos empresas Saur y Sacyr, como es habitual en estos casos y al 50%, crearon la empresa Sercanarias para subcontratar las actividades de Emalsa, y eludir así por completo al Ayuntamiento y actuar a sus anchas.

Y es precisamente en la relación entre Emalsa y Sercanarias donde acaba de saltar el “affaire”. Porque Emalsa (la empresa mixta municipal) adelanta a Sercanarias (empresa privada) 1,316 millones de ?, con el objetivo (al final ¿aclarado?) de “adelanto por servicios a realizar posteriormente”. Este contrato se hace sin tener conocimiento el Consejo de Administración de Emalsa, presidido por el alcalde de la ciudad. Y a este ocultamiento se añade el hecho de que el contrato se hace privado, eludiendo también el control público notarial. Cosa insólita, increíble y sospechosa.

Y el problema revienta porque el representante de Saur Internacional denuncia a sus representantes en Sercanarias, acusándoles de “desvío de fondos y maniobras fraudulentas y opacas”. Porque, como queda bien documentado en una serie de trabajos de investigación del diario La Provincia-Diario de Las Palmas, a la cantidad que Emalsa adelanta el 21 de Abril de 2010, se une otra cantidad que recibe de Saur Internacional el 22 de Abril de 2010, para que al siguiente día 24 de Abril de 2010, Sercanarias, con una cantidad que es la suma de las dos aportaciones citadas, pague la compra de un inmueble para instalar su sede.

El primer dato revelador queda sobre la mesa, la empresa mixta Emalsa adelanta una cantidad no para pagar por adelantado unos servicios ¡lo que ya sería! sino para comprar una sede de otra empresa que, técnicamente, no tiene nada que ver. En otras palabras, Emalsa está financiando, oculta y gratuitamente, a otra empresa (Sercanarias) la compra de su sede. El perjuicio de Emalsa es evidente

No entro en la otra dimensión del affaire que está caminando en los tribunales y que afecta a la valoración del inmueble objeto de la compraventa ni a las inimaginables condiciones de coste de la opción de compra sobre la futura sede de Sercanarias. Solo recordar que en la denuncia presentada a tal fin, se esgrime que este mecanismo “permite disimular la entrada en las cuentas de la sociedad durante cinco años, lo que constituye un desvío de fondos realizado en perjuicio de Saur Internacional en Abril de 2010”.

Ante estos hechos, el actual alcalde de Las Palmas y presidente del Consejo de Administración de Emalsa, mantiene que la empresa mixta “está al margen” y “da por buena la explicación (del affaire) dada por Saur y Sacyr” Y que la transferencia a Sercanarias es “una operación normal de tesorería”

Como, en mi opinión, esas declaraciones están muy lejos de la realidad, me parece necesario encontrar el verdadero hilo de la historia, al menos en su última etapa. En este sentido creo necesario destacar lo siguiente:

1). Sercanarias se hace con el contrato de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de abasto municipal, mediante una adjudicación del Ayuntamiento de Las Palmas. Se intenta justificar que no se hiciera como mandan los cánones y el más elemental sentido de la transparencia, es decir mediante concurso público, porque no se trató de una adjudicación, sino de una “sustitución” en donde la empresa anterior Urbaser fue sustituida por Sercanarias. Que para eso se contó con un informe favorable del secretario del Consejo de entonces y de otro informe jurídico. Pero esa justificación me parece insostenible. Dos informes “de parte” no pueden soslayar la ineludible obligación, más en un servicio público de tal magnitud y trascendencia, de convocar un concurso público. A las muestras me remito. Cuando las cosas se hacen así, al final revienta el tremendo lío.

2). La adjudicación a Sercanarias se hace por un importe de 4,5 millones de euros anuales. No entro en esa cifra. Pero, además, desde el principio de la privatización se puso una cláusula denominada “Servicio de apoyo a la Gestión”, en otras palabras, para retribuir al conocimiento que aportan los ejecutivos de Emalsa en la gestión de la empresa. Por un importe equivalente al 2% del volumen de negocio, que en 2011 fue de 53,2 millones de euros, lo que equivale a otros 2 millones (uno para cada propietario de Sercanarias). Esta cláusula me parece una desmesura. Porque, cuando se realiza cualquier adjudicación dentro de un concurso público, lo que primero se valora es justamente ese “saber hacer”. Y ese elemento ya está valorado y por eso se hace la adjudicación. De forma que, además, cobrarlo otra vez, aparte, como ingreso anual y, sobre todo, al margen de si hay beneficios o pérdidas, resulta del todo leonino.

3). Además de lo dicho, Saur y Sacyr han creado otra serie de empresas y filiales (Sercanarias, Gestagua, Valoriza, Sadyt, Idagua) conectadas como es lógico con la actividad de Emalsa, que establece una maraña de conexiones que dan pie a una serie de denuncias de inflar facturas (Comité de empresa, exalcaldesa) y exprimir hasta la última gota lo que tenía que ser un verdadero Servicio Municipal de Abastecimiento de Aguas.

4). Todas estas actuaciones tienen como objetivo fundamental vaciar Emalsa y trasvasar todas las actividades que se pueda a esta serie de empresas. La demostración más evidente es la denuncia que hace el Comité de Empresa que nos informa cómo de los 345 trabajadores que tenía en 2008, hoy no se llega a los 300. Por el contrario, Sercanarias que en 2008 tenía 60 trabajadores, hoy tiene132.

5). Hay aspectos si cabe más groseros. La sede actual de Emalsa, tres plantas de oficinas (por cierto con una planta sin ocupar), tiene un contrato de arrendamiento que asciende a 75.000 euros/mes. En palabras del alcalde de Las Palmas, se trata de una cifra “estratosférica” y que supone un grave quebranto para Emalsa. Hace unos días, muchos nos preguntábamos quién sería el “afortunado” dueño de esas oficinas. Nos acabamos de enterar y no estábamos equivocados, tenía que tratarse de “alguien”. El dueño es Juan Miguel Sanjuán, presidente de Satocan. Y aquí viene la indecencia. Porque ese señor, además, es representante de la empresa Sacyr y se sienta en el mismísimo Consejo de Administración de Emalsa!!!

6) Sercanarias seguía hasta hoy con el embullito de solicitar adelantos. El alcalde nos acaba de informar que ha denegado un nuevo “adelanto” de la cláusula“ Servicio de Apoyo a la Gestión” por importe de 2 millones de euros. Lo traigo a colación porque expresa con mucha claridad el tipo de comportamientos al uso en Sercanarias: intentar financiarse a coste cero con cargo al Ayuntamiento de Las Palmas.

7) El alcalde de Las Palmas, visto lo visto, decidió que se hiciera una auditoría externa para conocer si se habían producido perjuicios a la empresa mixta.

Por último, el anterior alcalde y el actual llegan a la misma conclusión en relación con Emalsa. Que no tiene sentido estar a lo que digan las dos empresas que la controlan y que lo mejor es vender el 34% que aún posee el Ayuntamiento. Que las cosas como están son imposibles y que lo único que hacen es confundir y embrollar los asuntos.

Por eso creo que hay que recordar que, cuando se inicia cualquier privatización de un servicio público, el privatizador de turno siempre dice que lo que se privatiza es la gestión. Que la dirección política siempre quedará en manos de la Autoridad Pública. Pero siempre, siempre, al cabo de un cierto tiempo se dice lo que estamos escuchando a los dos últimos alcaldes de Las Palmas. Que es tan complicado lidiar con los socios privados, que lo mejor es abandonarlos a su suerte y que ellos se entiendan. (Aquí también se dice siempre que “seguimos al mando de fijar las tarifas” ¡Como si eso resolviera todos los complejos problemas del suministro a largo plazo de agua de abasto y electricidad!)

Por eso (ideologías al margen, que para ellas hay vastísimos campos de debate), lo que está pasando cuando se privatizan y se desarticulan los procesos de los servicios estratégicos, y las empresas persiguen la maximización de beneficios, lo que al final se consigue es, o bien un trozeamiento arbitrario e ineficiente del proceso unitario del sector eléctrico (Unelco), o bien el enmarañamiento con una tupida red de empresas filiales y asociadas para trajinar precios entre ellas (Emalsa) para traspasar rentas municipales al sector privado.

Por eso, nunca mejor que ahora, la estrategia de colocar los servicios públicos esenciales dentro de la gestión pública es la única solución a largo plazo, sobre todo en la perspectiva de ir caminando hacia una sociedad SOSTENIBLE. Eso sí, para garantizar la eficiencia, será imprescindible una absoluta profesionalidad y transparencia. Para ello, será obligatorio que los elementos esenciales de la contabilidad estén colgados en la red y a la plena disposición de la ciudadanía.