Buenas, inútiles intenciones

Los dos casos más simples y cotidianos son los aparcamientos y los teléfonos móviles. Los primeros te soplaban, un suponer, el importe de un tique por dos horas, aunque su coche hubiese estado estacionado en sus dependencias una hora y cuarto. Los segundos facturaban por minutos, aunque solamente hubieras hablado por el telefonino veinte segundos. La norma ya aprobada establece que los operadores cobrarán por segundo y los aparcaderos por minutos. Es reconfortante que los gobernantes y legisladores se preocupen, una vez aunque sea, por los bolsillos de los contribuyentes en lugar de empecinarse exclusivamente en controlar sus hábitos alimenticios y sus vicios socialmente comunes.Lo que pasa es que las buenas intenciones de los poderes públicos, en esta ocasión, se quedan en inútiles intentos protectores, ante la picardía y la cara dura de los afectados. O la ley nació coja y no fue capaz de prever las componendas al contraataque de las compañías telefónicas y propietarios de estacionamientos o el Gobierno, una vez puesto en vigor el invento legal, se da por satisfecho y permite que los intereses de las empresas y patronos se carcajeen de la iniciativa y tomen descaradamente el peluco a los usuarios. Porque, como ustedes ya saben, los operadores de telefonía móvil -la mayoría, los más importantes- evitarán las pérdidas que les supondría acabar con el redondeo minutario aumentando el costo de la conexión para cada llamada en tres céntimos. Las facturas finales nos saldrán igual o más caras que antes. En cuanto a los empresarios propietarios de aparcamientos ya están pensando -en algunas ciudades como Las Palmas de Gran Canaria- en establecer una cuota de ingreso en el recinto para cada vehículo, que les permita mantener el montante de sus ingresos y, en general, han conseguido una moratoria de seis meses para empezar a aplicar la medida. Que se les haya concedido ese plazo resulta verdaderamente inexplicable, aunque el Gobierno debería explicarlo. No existen razones técnicas u organizativas que lo justifiquen. En definitiva, esta situación viene a demostrar que la voluntad gubernamental de proteger al consumidor frente a determinadas estafas habituales que ya hemos aceptado por costumbre, no es más que un gesto hacia la galería. Las reacciones tendrían que haberse previsto porque eran previsibles. Cruzarse de brazos ante ellas y dejar que sigan adelante -o transigir en aspectos como el de la petición de la moratoria mentada- solamente demuestra que la tomadura de pelo de la que les hablaba se lleva a cabo con el beneplácito de quienes, hipócritamente, afirman que actúan defendiendo nuestros intereses y nuestros menguados dineros. José H. Chela