La cárcel

En ningún precepto de la Constitución española se dice que la política penitenciaria haya de pasar, para conseguir sus objetivos de reinserción social del penado, por mandarlo a una cárcel a miles de kilómetros de su residencia habitual, por hacinarlo en celdas inmundas o por acrecentar su grado de inseguridad personal en el interior de una prisión. Éstas y otras circunstancias las están sufriendo los internos de El Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria. Y sus familiares, claro.

Hace poco más de una semana fallecía en accidente de tráfico en Lugo un canario que disfrutaba de un permiso penitenciario. Cumplía condena en la cárcel de Bonxe, a donde tuvo que ser trasladado ante la imposibilidad de internarlo en el centro penitenciario de Gran Canaria. Su familia tuvo que pedir dinero -4.000 euros- para poder traerlo a su tierra y enterrarlo entre los suyos. Probablemente nunca pudieron ir a visitarlo para mostrarle su cariño.

No es el único caso de familias que sufren la injusticia de tener a sus seres queridos cumpliendo condena fuera de Canarias por la inoperancia de las instituciones para resolver un problema gravísimo. Salto del Negro alberga ahora mismo a más del doble de reclusos de los que técnicamente cabrían en esa prisión, lo que está generando situaciones límite cada día, no sólo para los internos, sino también para los funcionarios.

Mientras, el Gobierno de Canarias se dedica cada día a poner un nuevo impedimento para la nueva cárcel de Juan Grande, un establecimiento cuya ubicación está más que pactada, a falta de que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios firme el mandamiento de pago e ingrese en las arcas de la Comunidad Autónoma los más de cinco millones de euros acordados por la adquisición de los terrenos públicos, donde ya se han iniciado los movimientos de tierra.

Como parecía poco denunciar en la Comisaría de Policía al Estado por esos trabajos preliminares, al Gobierno de Canarias, y más concretamente al sector PP del Gobierno de Canarias, no se le ha ocurrido una idea mejor que proponer un cambio de ubicación, sacar el proyecto de San Bartolomé de Tirajana (gobernado por el PSOE y Nueva Canarias) y mandarlo a Agüimes (Roque Aguayro-Nueva Canarias), a ver si hay suerte y se monta otro follón.

Cuando gobernaba el PP en España se produjeron hasta cuatro decisiones ministeriales relacionadas con la nueva cárcel de Gran Canaria, hasta que se concluyó que Juan Grande era la mejor opción. Se consignaron los dineros y se puso en marcha la pesada maquinaria burocrática, que ahora se tropieza con lo parte más estúpida de la política, la que antepone el interés de los partidos al de los ciudadanos.

Es una obra urgente, una dotación pública de primera necesidad que, es cierto, no tiene el atractivo electoral de cualquier otra, pero cuya ejecución afecta a miles de familias canarias a las que no hay que criminalizar por la fatalidad de tener a un pariente preso.

Las penas privativas de libertad no afectan a más derechos fundamentales de los que cada sentencia recoge en su fallo. Y lo que se está haciendo con todas estas personas es condenarlas dos veces.