En defensa de lo público

Las sociedades estatales modernas, dadas sus dimensiones, no pueden renunciar al Estado como marco de convivencia; al menos, de momento, hasta que la praxis de la Ciencia Política innove en alguna concreción futurista materializada a través de su eje temporal.

En la Grecia clásica, que tan de moda está su herencia política estatal entrópicamente en estos nuestros tiempos de crisis, la dimensión de la polis, de la ciudad-Estado, permitía un gobierno directo de ciudadanos libres, o al menos el germen del mismo, con sus limitaciones, pero desde luego lo más libre que por aquel entonces podía concretarse.

Hoy en día vivimos en sociedades de masas, de gran extensión demográfica y de fuerte carácter organizacional.

Vivimos en una sociedad en la que apenas es imposible conseguir un buen servicio desde nuestra condición de ciudadanos libres si no acudimos a la mediación organizativa, política o social.

Los partidos políticos deberían mostrarse así, deberían haberse mostrado, como cuerpos de intermediación sin los que no sería posible actualizar los principios democráticos en las condiciones de la sociedad de nuestro tiempo.

Pero no ha sido así durante el pasado siglo XX y lo que va del XXI, durante la vigencia teórica del principio democrático.

Tampoco en el priismo tripartita canario imperante desde 1987.

Los partidos deberían así movilizar al conjunto de la ciudadanía libre en derechos y deberes, para que participasen plenamente en la práctica democrática. Y no autoconcentrarse en sus intereses organizativos y grupales.

Los partidos políticos deberían haber recogido desde sus plurales posicionamientos ideológicos las aspiraciones de la sociedad civil, requiriendo de un programa, de un contrato social rusoniano, de un pacto entre lo que él defiende y lo que la ciudadanía -que le apoya y soporta- cree.

Los partidos políticos deberían haber sido así, como definen teóricos como Neumann, “los grandes intermediarios que enlazan las fuerzas sociales y las ideologías con las instituciones gubernamentales oficiales vinculándolas a la acción política dentro de la más amplia comunidad política de ciudadanos libres”. Y no lo han sido...

El ciudadano, actuando como un zoon politikon, habría implementado su dimensión política a través de ellos como decisor y creador en interés de la sociedad civil, de la ciudadanía.

Pero en verdad ese panorama no es el que hasta hoy nos ofrecen, nos han ofrecido los partidos políticos oficialistas y gubernamentales, que se autodefinen como el voto útil?

Unos partidos políticos que han caído en elevadas dosis porcentuales en la praxis de la corrupción y de los grupos dominantes de presión.

Hoy, pues, la democracia pasa y sufre un peligroso trance, derivado de una alarmante consunción interna.

La macrodemocracia no permite la participación directa, sin mediaciones ni representantes. Pero la democracia representativa descansa sobre la democracia y el voto; de ahí la importancia de la pluralidad y de la diversidad de opciones.

La democracia electoral es condición necesaria de la plena democracia, pero no suficiente si no conlleva autocrítica, mecanismos eficientes de austeridad y de control, y auténtica proporcionalidad que iguale el valor de cada voto ciudadano.

¿Es concordante que los mercados tilden de antidemocrático al primer ministro griego por pedir un referéndum para que el pueblo decida cuando no habían sido capaces de prevenir en la década de los 90 el “peligro económico griego”? ¿O que los mercados impidan que en España los ciudadanos avalen con sus votos una reforma constitucional aprobada con premeditación y nocturnidad por el PP y el PSOE?

¿Es concordante con lo dicho votar en Canarias y ante el 20N a alguno de los tres partidos que han gobernado en las islas sin cambiar un deficitario sistema electoral?

¿Es concordante con el principio democrático un régimen electoral estatal que exige avales previos a los partidos para poder ejercer el sufragio pasivo?

¿Es concordante con lo dicho votar en las islas a alguno de los tres partidos corresponsables desde 2003 de que el paro en canarias vuelva a estar en más de 258 mil parados registrados?

Por cierto, y hablando de números... Los recortes siguen ahí en el presupuesto canario, aunque nuestro Consejero de Economía y sus portavoces nos digan que no afectarán a los pilares del bienestar social, reinterpretando subjetivamente la objetiva cuantificación de sus datos? Porque: ¿Es concordante con los hechos decir que no existen, cuando la inversión real del proyecto de Presupuesto del Gobierno de Canarias de 2012 cae en más de un 6% respecto al Presupuesto de 2011, o cuando la Consejería de Empleo disminuye su presupuesto en más de 40 millones de euros, pilares ambos vitales para la generación de empleo y crecimiento real y sostenible?

¿Es, pues, concordante con la defensa del Estado del Bienestar estatal y archipelágico votar ante lo aquí dicho a alguno de los integrantes del priismo tripartita canario?

Ante la inminencia electoral, reflexionemos y respondámonos.

Y luego, el 20N, no nos olvidemos de votar. Porque aunque no lo parezca, aún sigue siendo importante?

José Carlos Gil Marín