¿Qué pasa con EMALSA?

Esta sencilla pregunta no tiene fácil contestación, a la vista del informe de “reflexiones y recomendaciones” que hizo público el Ayuntamiento el pasado 22 de abril.

El citado informe recoge que “?el 31 de octubre de 2012, ante la evidencia de que la fórmula de gestión de Empresa Mixta con concesión sui generis, está agotada en sus términos actuales, el Concejal de Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria da instrucciones para la constitución de un grupo de reflexión cuya misión consistiría en la emisión de una serie de recomendaciones que deben abarcar los diferentes aspectos de la Política Hidráulica Municipal?” El grupo de técnicos municipal que firma el informe es de reconocido prestigio y, cuando recibe el encargo, es evidente que el concejal ya tenía claro que las cosas no podían continuar como hasta entonces.

En el informe, los técnicos se quejan de la “carencia de un marco técnico, jurídico y administrativo adecuado donde poder desarrollar la supervisión de los servicios que presta EMALSA dentro del Ciclo Integral del Agua, tal y como se entendió este concepto en el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigió el concurso de compraventa de acciones de 1992?” El informe detalla los principales problemas, derivados de las carencias antes señaladas, entre las que cabe destacar, la ausencia de pliego de condiciones técnicas en la concesión (1992), en la compraventa de las acciones (1993) y en el contrato de saneamiento y depuración (1998). También la falta de procedimientos y supervisión, por parte del Ayuntamiento, sobre la subcontratación de EMALSA que afecta a los servicios concesionarios, especialmente con las empresas vinculadas (Sercanarias 2008).

Posiblemente, si la prensa nacional (y luego la local) en diciembre de 2012 no se hubieran hecho eco de la denuncia de Joel Seche (anterior presidente de SAUR) ante los juzgados de Versalles (Francia), contra dos consejeros de EMALSA por mal uso de los activos sociales y ocultación de delitos cometidos por banda organizada (cambalache en la opción de compra de un inmueble en el polígono Los Tarahales, suscrito por los dos consejeros denunciados), el informe de los técnicos municipales no habría tenido tanta repercusión, a pesar de la gravedad de sus reflexiones y recomendaciones.

Ante la cantidad y calidad de los detalles del informe, uno se pregunta: ¿quiénes son los que nos han llevado a esta situación? Conviene recordar la situación municipal en 1992, el pacto timeshare entre José Sintes (Partido Popular), José Carlos Mauricio (Ican hoy integrada en CC) y José Vicente León (CDS luego CCN), aunque uno de los padres de la privatización, por parte del CDS, fue Luis Hernández, concejal también en esta etapa. En la campaña electoral municipal de 1995, José Manuel Soria preconizó que, en caso de ganar, remunicipalizaría EMALSA, aunque en 1998, ya alcalde con mayoría absoluta, no solo no lo hizo sino que, además, le dio la concesión sobre el saneamiento y la depuración.

Tampoco debe olvidarse la etapa de Saavedra, alcalde y presidente del Consejo de Administración de EMALSA, bajo la que los socios privados (Saur y Valoriza) dieron a dedo la concesión del saneamiento y depuración a una empresa (Sercanarias) en la que los dos eran los únicos socios, con un evidente perjuicio para el Ayuntamiento, ya que no participaba en el capital social. O sea que si el saneamiento y la depuración da beneficios, lo obtienen solamente los socios privados de EMALSA. También nos hemos enterado del inaceptable precio del alquiler del local social de EMALSA en nuestra ciudad, con una planta vacía, durante el mandato de Saavedra.

En estos momentos está pendiente que se haga pública la auditoría encargada por el Ayuntamiento, pero, sea cual sea el resultado de la misma, la corporación completa (no solo el alcalde y el grupo de gobierno) tienen una papa caliente en las manos. A la vista de lo indicado por los técnicos en su informe, el Ayuntamiento tiene que poner orden en el Servicio Municipal de Aguas, lo preste EMALSA o quien sea.

No solo hay que llevar un control y un seguimiento del servicio y de todos los componentes del ciclo integral del agua (producción, regulación, distribución, saneamiento, depuración y reutilización), sino que hay que conocer otras muchas cosas. En el informe se dice “desconocimiento de la forma de aplicación del fondo de amortización que EMALSA le cobra al cliente/ciudadano (y propietario de las infraestructuras cedidas) dentro del precio que paga por los servicios de abastecimiento y depuración y al Ayuntamiento por el servicio de saneamiento?”, que según los técnicos puede superar conjuntamente los 3 millones de euros al año (20 años de concesión, 60 millones de euros). O sobre el uso del agua potabilizada con recursos municipales y sus conducciones, en los contratos privados de EMALSA con la Autoridad Portuaria de Las Palmas y con el Ayuntamiento de Santa Brígida. ¿Qué beneficio tiene para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y sus ciudadanos?

No sé si la solución pasa por la intervención del Ayuntamiento en EMALSA o por la compra de acciones para alcanzar el 51%, o por un nuevo contrato con garantías de control y seguimiento del servicio público de aguas, pero ahora se tiene que arreglar de una vez por todas. No hay margen de maniobra para componendas. La opinión pública, los ciudadanos, no las permitiríamos.