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Algo más que prestación de servicios

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Los ayuntamientos del país, en su conjunto, acreditan ser la administración que menos despilfarra y mejor gestiona los recursos públicos. Han cumplido razonablemente bien con exigencias legales aún vigentes. A pesar de lo cual, siguen teniendo que enfrentarse a vientos que soplan en dirección contraria a sus avances: los que inspiran la supresión de municipios y los derivados de una concepción neoliberal y conservadora que merma su autonomía, limita canales de participación y defiende un modelo de prestación de servicios que, en el fondo, es un gran campo de negocio. Donde siempre ganan los de siempre y siempre perdemos los mismos.

Lo importante son los servicios y no quien los presta, suelen defender con inflexibilidad los partidarios de este modelo. Ni los informes específicos de la Asamblea de Naciones Unidas ni algunas corrientes europeístas de la remunicipalización de los servicios públicos les arrugan. Lo tienen claro: agua, electricidad, basuras... No quedan muchos campos donde incursionar pero ya han visto fisuras en los servicios sociales y en la dependencia, de ahí que no extrañen los propósitos de orientar la modalidad de prestación. Eso sí, con todas las bendiciones legales, faltaría más. Ya sacaremos el chubasquero cuando haga falta. Más de uno argumenta que, de paso, se reduce el número de funcionarios y personal laboral, como si no hubiera que cargar las contrataciones en los pliegos de condiciones para reajustar cifras. Y lo que teóricamente se deja de pagar por un lado, reaparece en otra esfera, aunque lleve la 'p' de privada. Atención: porque ni se evita el clientelismo ni los riesgos de ayuntamientos paralelos. El profesor titular de Ciencia Política y de la Administración y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, Manuel Zafra, ha sido tajante al dudar de la extendida  pretensión de convertir los ayuntamientos en meros prestadores de ciertos servicios “controlados y ofertados a bajo precio”.

Los municipios deben conservar no solo su autonomía, sin mayor merma de competencias, sino en definir de la forma más precisa posible sus políticas fiscal y de gasto, sobre todo la que incide en la inversión social. Los responsables e integrantes de los gobiernos municipales deben estar atentos en ese sentido, sobre todo cuando un amplio sector del mundo empresarial, de la gran patronal, no oculta sus preferencias -por encima de los reproches demagógicos que ha de de escuchar- de ir reduciendo el número de entidades locales. Está clara su inclinación a una privatización generalizada en grandes urbes y, si fuera posible, en grandes concentraciones de no menos grandes extensiones territoriales. El gran negocio. Y como la gran patronal no quiere saber mucho de participación, de controles y de fiscalización, sino contratar con visión negociadora y de cuenta de resultados por encima de todo, ya se verá cuando finalice el tiempo concertado de la gestión indirecta.

Ahí es donde deben estar más atentos alcaldes, ediles y responsables, hasta los propios partidos políticos. Por encima de todo, deben defender los derechos de los vecinos. No deben desentenderse de los servicios. Que resuelvan las compañías y los grupos empresariales, es una manera de quitarse de encima obligaciones y desatender las demandas o las quejas de los ciudadanos, de aquellos que padecen determinadas carencias.

Está claro que estos factores inciden en el modelo de ciudad que se quiere para el futuro. Atentos, entonces, a las ofertas programáticas. Si es que son capaces de pergeñarlas.

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