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La absolución del que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas por el inusual procedimiento de la sentencia in voce notificada por teléfono es el penúltimo episodio de una de las hijuelas de aquel caso eólico. La Policía interceptó en 2005 unas conversaciones muy puñeteras en las que se escuchaba al magistrado José Antonio Martín asesorando y concertando citas con el hermano de un narcotraficante, al que asesoró para intentar sacarlo de la cárcel. En las escuchas se llega a detectar la palabra “favor”, de lo cual el jefe de la Brigada de la Policía Judicial, a la sazón Ignacio Bádenas, informa al juez instructor de Eolo, Miguel Ángel Parramón, que envía posteriormente una pieza separada al TSJC para que se haga cargo de esa parte de la investigación por ser aforado el sospechoso. Juzgado y condenado en primera instancia, Martín escuchó a muchos de sus compañeros desearle que pagara por sus fechorías, alegrarse de que funcionara el Estado de Derecho y, ahora, recular diciendo que se congratulan del regreso de un compañero. No deben congraciarse mucho, que todavía falta la resolución del Consejo General del Poder Judicial, que podría apartar al magistrado de la carrera judicial por los años que aún le quedan de servicio.