Coalición Canaria se rinde en La Laguna

Una vez fracasados todos los intentos por dinamitar el grupo de gobierno con todo tipo de campañas y trapisondas, la oposición municipal en el Ayuntamiento de La Laguna empieza a resquebrajarse. Lo hace por dos vías. La primera, la de Ciudadanos, a través del concejal dicharachero Alfredo Gómez, designado al principio del mandato presidente de la comisión de Transparencia de la Corporación (a la que ha reunido una sola vez en dos años) y hoy convertido en escudero portador de la espada flamígera contra el invasor en nombre y representación de Coalición Canaria para una causa de presuntas corruptelas que, al final, se van a volver en contra de su propio patrocinador. Ya saben que Gómez decidió denunciar algunos contratos municipales que él considera ilegales, y para eso montó un show mediático que rápidamente colocaron bajo palio los periódicos del régimen clavijista, todos ellos en la operación de devolver al clavijismo al poder. Se trata de contratos de menor cuantía que, por supuesto, requieren todo tipo de aclaración, pero que no tienen el más mínimo viso de ilegalidad, por lo que parece. Lo que ha conseguido el concejal Gómez (todavía de Ciudadanos) es que se cree en el Ayuntamiento una comisión de investigación que aborde no solo esos contratos que a él le escuecen, sino todos los de los últimos años, que escuecen especialmente a sus patrocinadores de Coalición Canaria. Pleno al quince.

En medio de ese patinazo tan monumental del concejal Gómez, va el grupo de gobierno y le abre al buen señor una información reservada para investigarlo por una denuncia de una de las empresas que él mismo ha señalado como cómplice de los contratos que él dice que son irregulares. La empresa se considera perjudicada en su reputación por unas acusaciones públicas sin fundamento, lo que convierte al denunciante en doblemente denunciado, porque ya lo fue por el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, al que también metió en el fregado sin el más mínimo fundamento.

Siendo abogado como es y habiendo hecho alarde bastante de sus conocimientos, con su título por Salamanca y sus dos máster del Universo, además de su florida labia, todo el mundo daba por hecho que se iba a defender a sí mismo en tal expediente. Pero la sorpresa ha saltado al designar nada menos que a un socio del bufete de Evaristo González, el otro rey de la baraja, cabecilla del caso Corredor en prisión preventiva nada más y nada menos que por un presunto delito de asesinato. Evaristo González, como saben nuestros más avisados lectores, era el presunto líder de un presunto núcleo irradiador de un presunto escándalo, el de la noche lagunera, en cuyas conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía aparecía un tal Fernando Clavijo dando sobradas muestras del modo navajero que tiene de hacer política.

Este último intento de desencajar el grupo de gobierno de La Laguna, el de la denuncia del tal Gómez, vino justo detrás de otro estrepitoso fracaso del equipo médico habitual del clavijismo de desprestigiar al concejal de Urbanismo de la ciudad y ahora senador por la Comunidad Autónoma, Santiago Pérez, famoso en todo Tenerife y parte del extranjero por ser el pertinaz denunciante de las corrupciones de Coalición Canaria, desde Las Teresitas hasta el caso Corredor, pasando -cómo no- por el caso Grúas y otras gamberradas urbanísticas y patrimoniales laguneras protagonizadas por CC a mayor gloria de no se sabe muy bien qué elevados designios nivarienses. 

Se marcha José Alberto Díaz

Fue otro abogado, Víctor Díaz, el que manejó a su estilo la declaración de un imputado, el cada vez menos famoso Javier Abreu, para señalar al denunciante del caso Reparos como el lobo feroz que se come crudos a los inocentes políticos de Coalición Canaria. La jugada tuvo su recorrido porque los periódicos del equipo clavijista habitual se hicieron eco de una investigación que quedó en nada. Pero mientras duró cogieron resuello otros insignes imputados en la causa, como el hermano del mentado letrado, José Alberto Díaz, y el mismísimo Clavijo, que acaba de pedir que, por favor, por favor, no declaren el jueves, día de San Juan, el interventor y los otros dos funcionarios de La Laguna que se conocen a la perfección los expedientes por los que está imputado.

Y es en este momento tan sandunguero cuando venimos a toparnos con José Alberto Díaz. Porque, según ha comentado él mismo en distintos despachos del Ayuntamiento de La Laguna y se ha negado a confirmar a este periodista, va a abandonar próximamente la política municipal, es decir, su acta de concejal, para dedicarse a la vida civil monda y lironda, la que tiene reservada precisamente en el despacho de su hermano como abogado laboralista que fue especializado en derecho laboral portuario.

El relevo parece que está por resolverse porque si lo natural sería que le sustituyera la que ocupó el segundo lugar en la lista de Coalición Canaria a las elecciones municipales en La Laguna, Candelaria Díaz, sus últimos posicionamientos públicos la han convertido en persona de poco fiar para la nueva dirección nacional (y dos piedras) de CC. Todos los boletos parece tenerlos en estos momentos el joven Jonathan Domínguez. 

El pacto antitransfuguismo que el PP no cumplía

De modo solemne, el Partido Popular ha anunciado que abandona el pacto antitransfuguismo que casi nunca cumplió, un brindis al sol firmado por las principales formaciones políticas para tratar de hacer creer a la ciudadanía que abandonan las malas prácticas para alcanzar el poder, que no todo vale en política, que los que son elegidos dentro de unas listas cerradas y selladas no pueden moverse movidos por torcidas intenciones. El PP ha tomado tan consecuente decisión después de los sucesos de Murcia, donde el partido de Pablo Casado salvó una diabólica moción de censura del PSOE con Ciudadanos gracias a tránsfugas de ese partido y de Vox, que se sumaron entusiastas a frustrar un mecanismo perfectamente lícito y democrático a cambio de un premio, de una dádiva, de un soborno, es decir, de unos cargos con los que traicionaron a los partidos con los que pudieron acceder a las instituciones y a unos electores que les votaron dentro de esas listas.

Pero no fue el caso murciano el único en el que el PP se ha pasado por el arco del triunfo el pacto antitransfuguismo. Hace ahora un año, se sumó en Santa Cruz de Tenerife a una moción de censura para devolver la alcaldía a Coalición Canaria después de que le fuera arrebatada por el PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos tras las elecciones de 2019. Para la escaramuza, CC y el PP se apoyaron en una concejala tránsfuga de Ciudadanos, Evelyn Alonso, que entraba justo por esas fechas a sustituir a un concejal que también colaboró en el entuerto, Juan Ramón Lazcano. Un juzgado admitió luego las medidas cautelares solicitadas por la tránsfuga por motivos formales y ordenó a Ciudadanos que la volviera a expulsar como dios manda, lo que ya ocurrió de manera efectiva la semana pasada, con lo que Alonso recuperará su condición de tránsfuga y de concejala no adscrita, lo que convertirá de nuevo en ilegales los emolumentos que ha percibido en calidad de concejala de policía y medio ambiente y desarrollo económico, la dádiva con la que fue comprada por Coalición Canaria y el PP, que también participa en el gobierno, para conseguir su voto tránsfuga.