Bueno, pues ahí lo tienen. Nuestras conjeturas acerca del futuro de las causas judiciales por corrupción se van a cumplir de un momento a otro en cuanto se constituya el Parlamento de Canarias y, pasado el primer mes del nuevo periodo de sesiones, se designen representantes de la Comunidad Autónoma en el Senado español. Como ya saben, el PP y Coalición Canaria han colocado en sus listas, y los electores las han refrendado, a ilustres imputados que provocarán, por su condición de aforados, que las causas penales que contra ellos se siguen por corrupción cambien de juzgados. Es lo que le va a ocurrir, por ejemplo, al caso Faycán, que deberá trasladarse al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una vez uno de sus encausados, el diputado por Gran Canaria Jorge Rodríguez, adquiera su condición de parlamentario regional. Junto a él, los otros 36 imputados, que estaban a punto de ir a juicio, se verán en la tesitura de ver cómo se retrasa aún más la resolución de un caso de cuya demora precisamente se ha quejado mucho el PP. Junto a Rodríguez, irá al banquillo de los acusados la aspirante a alcaldesa de Telde María del Carmen Castellano, del mismo partido. Otro caso que podría pasar al TSJC si se confirmara la imputación de Pepa Luzardo y de Felipe Afonso El Jaber, es el del canódromo de Las Palmas de Gran Canaria, aún en fase de instrucción. Pero si se cumpliera la promesa de José Manuel Soria de designar a Luzardo senadora por la Comunidad Autónoma, nos encontraríamos con que la causa se trasladaría al Supremo, donde precisamente se resuelven ahora los recursos acerca de la nulidad de la licencia que otorgó la ex alcaldesa.