El Gobierno se rearma

No parece en absoluto a estas alturas que en el seno del Gobierno de Canarias haya muchas discrepancias respecto a las autorizaciones petrolíferas que a toda costa quiere imponer el ministro de Industria, Energía y (qué paradoja) Turismo, José Manuel Soria. De momento prevalecen en el seno del pacto entre CC y el PSOE las tesis más ambientalistas, las que abogan por imponer unas férreas condiciones a Repsol que vayan mucho más allá de prevenciones de manual o de garantías estándares que no aseguran nada. La contestación de las bases nacionalistas y socialistas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura parece irreductible y ni Paulino Rivero ni José Miguel Pérez tienen la menor tentación de desoírlas, al menos hasta comprobar que la imposición de Madrid pueda conducirles a un callejón sin salida en el que Canarias no toque bola ninguna. Por eso en el Gobierno la táctica es por ahora guardar silencio y rearmarse jurídicamente, aún a sabiendas de que en todo este juego competencial, partidista, ambiental, jurídico, constitucional y especialmente económico, hay variables que ni siquiera podrá controlar el ministro Soria. Por ejemplo, la postura del vecino Marruecos, con el que el Reino de España habrá de tener ya alguna postura común que aclare cuestiones tan delicadas como esa mediana imaginaria y la posesión del hipotético petróleo extraído de este lado o del otro chupando del mismo yacimiento. No se cierra en absoluto la negociación para la garantía del aprovechamiento económico por la vía del modelo noruego, y perdón por lo de noruego, pero esa vía correrá paralela a las acciones judiciales para paralizar las pretensiones sorianas de defender por encima de cualquier otra consideración los intereses de Repsol, que parecen ser los únicos en presencia.

No parece en absoluto a estas alturas que en el seno del Gobierno de Canarias haya muchas discrepancias respecto a las autorizaciones petrolíferas que a toda costa quiere imponer el ministro de Industria, Energía y (qué paradoja) Turismo, José Manuel Soria. De momento prevalecen en el seno del pacto entre CC y el PSOE las tesis más ambientalistas, las que abogan por imponer unas férreas condiciones a Repsol que vayan mucho más allá de prevenciones de manual o de garantías estándares que no aseguran nada. La contestación de las bases nacionalistas y socialistas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura parece irreductible y ni Paulino Rivero ni José Miguel Pérez tienen la menor tentación de desoírlas, al menos hasta comprobar que la imposición de Madrid pueda conducirles a un callejón sin salida en el que Canarias no toque bola ninguna. Por eso en el Gobierno la táctica es por ahora guardar silencio y rearmarse jurídicamente, aún a sabiendas de que en todo este juego competencial, partidista, ambiental, jurídico, constitucional y especialmente económico, hay variables que ni siquiera podrá controlar el ministro Soria. Por ejemplo, la postura del vecino Marruecos, con el que el Reino de España habrá de tener ya alguna postura común que aclare cuestiones tan delicadas como esa mediana imaginaria y la posesión del hipotético petróleo extraído de este lado o del otro chupando del mismo yacimiento. No se cierra en absoluto la negociación para la garantía del aprovechamiento económico por la vía del modelo noruego, y perdón por lo de noruego, pero esa vía correrá paralela a las acciones judiciales para paralizar las pretensiones sorianas de defender por encima de cualquier otra consideración los intereses de Repsol, que parecen ser los únicos en presencia.