El crimen machista de Villaverde ya tiene veredicto: el asesino de Miguela es culpable por unanimidad

Han vivido años de idas y venidas. Primero el asesinato de su madre; luego, un desahucio. Pero las hijas de Miguela Novas Novoa, a la que en 2023 asestaron 45 puñadas hasta acabar con su vida, ya tienen un veredicto oficial para el juicio contra su agresor. Richard Fermín, original de República Dominicana, ha sido declarado culpable por unanimidad, después de confesar el crimen en el primer día del juicio. En una vista pública, el portavoz de un jurado popular ha anunciado la decisión de condenarle por un delito de asesinato con agravante de género, según ha publicado Europa Press.

Finalmente, tampoco se ha aceptado aplicar un atenuante por alteración psíquica, consumo de drogas o su propia confesión de los hechos, tal y como solicitaba su defensa. El juicio arrancó el primer día de junio con la declaración del acusado. Después testificó la única hija mayor de edad de Miguela, Leticia, que relató un historial de violencia, acoso y derribo. La joven, de 22 años, narró cómo conoció a Richard Fermín y las amenazas que este profería a su madre casi desde el inicio de la relación, el año de la pandemia.

Luego llegaron los golpes, que Miguela trataba de disimular ante sus hijas o atribuía a alguna caída accidental, y más tarde el acoso se extendió a su propia familia: “Mi madre quería dejarlo, pero no podía. Si bloqueaba su teléfono él me llamaba a mí, lo hacía mil veces, y me decía que le iba a enseñar a respetar a los hombres”, llegó a expresar ante el juez. Al comienzo del juicio, la Fiscalía pedía para el asesino confeso de esta vecina de 35 años, que vivía en Villaverde, una pena de 25 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco y discriminación por razón de género, tal y como están tipificados estos delitos en el Código Penal.

Pena de prisión e indemnizaciones a la familia

Además, el Ministero Público solicitó indemnizaciones de 241.000 euros para cada uno de los hijos menores de edad, por su condición vulnerable en el momento de los hechos; 111.500 euros para Leticia y 86.000 para la abuela de la víctima, que quedó a cargo de sus nietas. La mayor hija de Miguela aseguró en la Audiencia Provincial de Madrid que, ya una vez empezaron las amenazas o los golpes, la idea cortar la relación empezó a complicarse. “Yo me enfadaba con ella y le pedía que lo dejara, pero tenía mucho miedo”, contó Leticia, reconociendo que en aquella época no se fiaba de las explicaciones de su madre y decidió tomar medidas.

Le revisó el teléfono, leyó conversaciones que, para ella, ratificaron una situación de abuso. Llegó a ir dos veces a la comisaría para presentar una denuncia, pero allí le dijeron que solo la afectada podía interponerla, según testificó ella misma. Tanto la joven como sus dos hermanos menores, un niño de nueve años y otra chica de 11, siguieron viviendo con su abuela Victoria, madre de la mujer asesinada, hasta que a principios de enero fueron desahuciadas de aquella casa. Victoria N.P., que vive con unos 600 euros al mes para mantenerse a ella y a sus nietas, contrajo una deuda hipotecaria con Caixabank que luego fue adquirida por una empresa inmobiliaria, llamada Circleville SL.

A finales de año recibieron un aviso de lanzamiento, y la mayor de las hermanas terminó mudándose con la familia de su pareja para alejarse de la ansiedad que todo aquello le causaba. Cuando comenzó el juicio contra el asesino confeso de su madre habían pasado tres años desde que fue asesinada. Entre medias, un conflicto de papeles relatado por la familia: o no tenían la acreditación oficial como víctimas de violencia de género, o Leticia y su abuela hacían malabares para obtener la custodia de los pequeños, que según ellas pasó a quedar vacía con la muerte de Miguela. Tampoco recibieron las becas públicas de comedor en los colegios donde ambos están matriculados, pese a que existe una categoría específica para víctimas de esta lacra.