El nivel de incompetencia y de desidia que reina en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es de tal calibre que la mayoría de los funcionarios se niega a mover un papel más allá de lo que cada cual considera estrictamente necesario. Los informes de cierta enjundia son encargados a un bufete de abogados de Madrid, Ariño y Asociados, con despacho en la muy elegante calle de Serrano, lo único que da cierto glamour a ese consistorio. Previo pago de su importe exacto, este despacho, especializado en Derecho Administrativo, emite los dictámenes que un magnífico plantel de jefes de servicio y de sección se niega a elaborar y a firmar por la tozudez de la alcaldesa, Mari Pino Torres, de pagar productividad tan sólo a tres altos funcionarios de la Corporación. Esos 1.800 euros por barba de productividad para tres se están conviertiendo en un dineral aplicando las tarifas de Ariño y Asociados y el tiempo que dista entre que se inicia un expediente y se termina. Y eso si hay suerte de que el expediente no pase a formar parte de la caterva de documentación que custodia la alcaldesa en su despacho. Seguramente para mejor proveer. Y Román, apagando el incendio delante de José Miguel Pérez, que empieza a no creérselo todo.