El juez mantiene la otra imputación

Ya tenemos sobre la mesa, convenientemente filtrado por los denunciantes (se adelantaron a los aparatos asesinos del Estado) el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal sobre el caso de los 27 chalés de Santa Brígida, donde aparece implicado el ex concejal de Urbanismo y actual consejero de Ordenación Territorial del Cabildo grancanario, Carlos Sánchez. La cosa empieza a ponerse seria, lo que seguramente no será motivo para que el PP le suspenda de militancia y le presente una querella, en aplicación de la jurisprudencia soriana, a la par que numantina, de defensa de la corrupción propia como elemento que engorda y no mata. Este de los chalés en suelo rústico es uno de los tres casos penales en que anda enredado este dirigente del PP, pero no es el único en Santa Brígida. Junto a Lucas Bravo de Laguna, Sánchez está imputado en el caso de la condonación de una deuda de 600.000 euros a la UTE que construye un centro comercial en el centro de la villa. Ambos han pedido al juez del 4 que les levante la imputación pero el magistrado les ha contestado que esperen un poco, que esa decisión se adoptará, de adoptarse, en el momento procesal oportuno.