Vox pierde parte de una subvención en Castilla y León por abonar gastos electorales cuatro meses después de su celebración

El Consejo de Cuentas de Castilla y León penaliza a Vox por abonar gastos electorales cuatro meses después de los comicios del 15 de marzo, que ganó el Partido Popular y cuyo resultado derivó en un gobierno de coalición PP y Vox. Esta institución de control ha reducido unos 1.595 euros de la subvención que recibirá Vox “debido a los pagos fuera de plazo detectados en la fiscalización”, el 10% de los 15.954,61 euros que Vox pagó en ocho facturas entre finales de junio y mediados de julio.

Antes de las elecciones, el Consejo de Cuentas aprobó una instrucción que seguía las mismas líneas que había marcado el Tribunal de Cuentas para las elecciones de Extremadura y que contemplaba la reducción de la subvención en el 10% de los gastos que se pagaran más de 90 días tras la jornada electoral, que es el plazo legal que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Además, Vox ha sido el partido político al que se le ha rechazado mayor importe porque se ha considerado que los gastos no podían atribuirse al proceso electoral: 11.000 euros no electorales. Dentro de esta cantidad se incluyen 7.449 euros de gastos de restauración, viajes posteriores a la campaña electoral o gastos de cancelaciones.

Además de estos gastos no electorales, el Consejo de Cuentas ha rechazado aceptar como gastos electorales otras facturas del PSOE (5.730 euros de animación en mítines, alquileres de salas previos a la campaña y fianzas devueltas), PP (4.905 euros por alquileres de salas fuera de la campaña electoral), Por Ávila (917 euros de la sonorización del acto de la noche electoral) y Soria ¡YA! (727 euros por consumo en hostelería y eventos relacionados con la noche electoral). El Consejo de Cuentas sí aceptó todos los gastos ordinarios declarados por Unión del Pueblo Leonés.

Los partidos gastaron 3,6 millones de euros en la campaña

Los siete principales partidos que concurrieron a las elecciones del 15 de marzo gastaron al menos 3,6 millones de euros, que se distribuyen: PP (1.175.015 euros), PSOE (1.054.719 euros), Vox (679.488), UPL (110.568), Soria Ya (36.708), Por Ávila (53.349) e Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo (74.230). Apenas son 100.000 euros menos que en la campaña electoral adelantada de 2022, que se saldó con el arco parlamentario más diverso hasta la fecha.

Este organismo de control reconoce el derecho de las formaciones a recibir una subvención para sufragar sus gastos electorales: 810.744 euros para el PSOE, 808.257 euros para el PP, 487.625 para Vox, 108.477 para UPL, 38.239 para Por Ávila y 26.342 para Soria ¡YA!. La coalición liderada por IU ha tenido que devolver el anticipo de 6.700 euros que recibió antes de los comicios, puesto que no ha obtenido representación parlamentaria.

Obligación de entregar información

El Consejo de Cuentas también afea a los tres principales partidos políticos que algunas de las empresas que han facturado más de 10.000 euros han incumplido con la obligación de remitir la información detallada, en concreto a PP (dos de doce empresas, con facturas por valor de 325.000 euros), PSOE (una de quince compañías, 15.000 euros), Vox (una de las cinco, 35.000 euros).

El Consejo de Cuentas ha detectado “diversas incoherencias relevantes” en la contabilidad electoral del PSOE, aunque sí la considera “representativa en términos generales de los ingresos y gastos”. “Se han detectado errores de registro contable que han supuesto reclasificaciones, pero que no afectan a la representatividad de sus cuentas a efectos de la subvencionalidad de los gastos y al cálculo de los límites”, señala el informe de esta institución.

También ha encontrado “incoherencias” en la contabilidad presentada por UPL porque se contabilizaron las subvenciones previstas según el principio contable de devengo establecido en el Plan de Contabilidad, y ha advertido duplicidad de facturas en las cuentas de Por Ávila.

Este organismo de control recomienda también a las Cortes de Castilla y León que refuerce las exigencias de transparencia obligada, que concrete los efectos e infracciones por incumplimientos, por ejemplo, de los proveedores de más de 10.000 euros y de entidades financieras.

Un millón de euros en el envío de papeletas

El 27% del gasto electoral de Castilla y León ha sido para el envío de propaganda electoral a los domicilios, poco más de un millón de euros y cuya eficiencia económica cuestiona el Consejo. Se han aceptado todos los gastos relativos al 'mailing' del PSOE, PP y Soria ¡YA!, pero se descontaron diferentes cantidades al resto de formaciones. El Consejo de Cuentas ha descontado poco más de 4.000 euros a Por Ávila y a IU porque los envíos no eran “directos y personales” y otros 1.478 euros de Vox porque considera que algunos de los envíos carecían de naturaleza electoral.