La nulidad de pleno derecho de GRECASA

Se acumula la tarea al vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, porque al desastre que está suponiendo la implantación del SEFCAN y al mal trago que ha de pasar recortando otros 112 millones de euros a los presupuestos de 2010, debe sumar la ejecución de una muy puñetera sentencia del Tribunal Supremo, que en febrero pasado dio la razón al sindicato SEPCA y anuló el convenio por el que se adjudicó a la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) la recaudación de la Comunidad Autónoma. La sentencia no deja resquicio al ratificar la dictada en 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias: el convenio por el que se encomendó a esa mercantil la recaudación es nulo de pleno derecho porque no fue objeto de un acuerdo previo del Consejo de Gobierno, ni contó con “un expediente que posibilitara la concurrencia de otros posibles interesados que reunan las condiciones de una oferta pública que no se ha formulado”. Bien es cierto que ese convenio es de 2003, si bien la empresa se constituyó en 1995, pero es a nuestro admirado José Manuel Soria a quien corresponde ahora ejecutar la sentencia, anular el convenio, subsanar los defectos y rezar para que no se anule todo lo actuado los últimos siete años.