Serramar, condenada a no contratar con lo público

Por si quedaba alguna duda de que la adjudicación ya tumbada de la seguridad del Cabildo de Gran Canaria tenía gato, hiena y tigre encarrados, nos hemos encontrado este tan inocuo mes de agosto con un sorpresón en el Boletín Oficial del Estado. Ya saben que, con una investigación interna pendiente de resolver en la Corporación insular, el servicio de seguridad y vigilancia de la administración pública grancanaria fue retirado a la supuesta ganadora del concurso, la mercantil peninsular Serramar, y devuelto a Seguridad Integral Canaria, por evidentes irregularidades contadas aquí hace meses. Pues ahora es el Estado español mismo quien prohibe a Serramar durante tres meses contratar servicios públicos. Así lo hemos visto en el BOE de 9 de agosto, sin llegar todavía a discernir en qué causa tan fea ha incurrido Serramar, desde la asociación ilícita hasta el atentado contra la protección del medio ambiente. En medio, según el apartado a) del 49.1 de la Ley de Contratos, existe una amplia gama de variedades por las que puede haber sido condenada Serramar, en cualquier parte del territorio patrio: delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines...En fin. Alguno de ellos será.