Si a Santiago Pérez por poco le arrancan las muelas con tenazas por decir que el magistrado Gómez Cáceres debió abstenerse en la causa por su amistad con el empresario Bittini, ¿qué harían los blanqueadores de sepulcros con un Gobierno que día tras día critica con contundencia la sentencia que le condenó a pagar un pastizal al reclamante basándose en la sucesión de negligencias detectadas en el expediente administrativo? Las sentencias son criticables, y somos los primeros en criticar las que nos parecen extravagantes, como es el caso. Pero, como dicen los más piadosos del lugar, a Dios rogando y con el mazo dando. Los expertos conocedores del expediente y de la sentencia aseguran que la única escapatoria que tiene el gobierno para que se paralice la ejecución y por tanto el pago, es interponer una causa penal. Por ejemplo contra el doctor ingeniero de minas Antonio López, tío de los Soria López, autor de la estratosférica y chiripitifláutica valoración, hecha a mayor gloria del bittinazo. Y también sin una mísera cata.