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OPINIÓN | '¿En nombre de qué España hablan?' Por Esther Palomera

La cuestionable eficacia de evaluaciones ambientales de macroproyectos a la carta

Dos guirres aparecieron muertos en un parque eólico de Fuerteventura en marzo de 2022. Los ejemplares de esta subespecie endémica de Canarias se accidentaron al chocar contra los aerogeneradores de la central construida por 35 millones de euros, gestionada por la empresa Naturgy e inaugurada en verano de 2021. Los expertos ya habían advertido de que este enclave servía de “dormidero” para al menos dos miembros de esta población en peligro de extinción. Sin embargo, el proyecto salió adelante en 2019 con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) favorable y con el visto bueno del Gobierno de Canarias.

La ubicación de la Ciudad del Cine en Fuerteventura tiene dos alternativas de menor impacto ambiental que la actual

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“Apenas hay evaluaciones de impacto ambiental correctas. Por lo general, son corta y pega, sin apenas trabajo de campo y elaboradas sin equipos multidisciplinares”, apunta el portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Eustaquio Villalba. La evaluación de impacto ambiental del parque eólico de Puerto del Rosario acabó en los tribunales por no ajustarse “a la legalidad”. La demanda apunta que el trabajo de campo para el estudio de avifauna se realizó en 14 días repartidos en seis meses. “Cualquier documento técnico de referencia señala que el período mínimo para realizar un estudio de avifauna es de un año”, añade el documento.

La evaluación fue elaborada por la empresa Evalúa Soluciones Ambientales, dirigida por el biólogo Rosendo López. Los promotores de la polémica ciudad del cine Dreamland, proyectada a 400 metros de las Dunas de Corralejo, han contratado a esta entidad para realizar el análisis ambiental. En otros casos, ha sido el propio Gobierno canario el que ha solicitado los servicios de López para proyectos como el Puerto de Fonsalía, en Tenerife, o la ampliación del muelle de Agaete, en Gran Canaria. Ambas iniciativas fueron paralizadas por la movilización ciudadana.

Las EIA son realizadas por compañías expertas que ofrecen sus servicios. El procedimiento es bastante sencillo: la promotora de una iniciativa paga a una empresa evaluadora que estudia el presumible impacto que tendrá dicha actuación y las medidas correctoras a llevar a cabo. Son relaciones privadas, en las que trabajadores del sector reconocen que “quien paga está buscando un resultado concreto”, afirma Miguel Febles, geógrafo especializado en Planificación Territorial y Evaluación Ambiental.

El sistema, por tanto, es algo “perverso”. De ahí que la ley obligue a las administraciones a fiscalizar las evaluaciones con órganos ambientales, los cuales pueden ser autonómicos, insulares e incluso municipales, en caso de pertenecer a consistorios de mayor tamaño, y están formados por profesionales de dilatada experiencia en gestión medioambiental. Su funcionamiento es autónomo y se basa en una fase de consulta a las distintas carteras institucionales (biodiversidad, infraestructuras, patrimonio…) antes de emitir escritos y de que los cabildos o consejerías firmen las declaraciones.

“Ellos emiten informes que hacen que se corrijan determinadas cosas de las EIA”, resume Febles. El ejemplo más reciente es el que involucra al proyecto Dreamland, en Fuerteventura. El órgano ambiental de la isla majorera (OAF) pidió a la empresa evaluadora de la iniciativa, Evalúa Soluciones Ambientales, que ampliara los trabajos de campo sobre la unidad de actuación para detectar la avifauna del lugar, pues solo había recorrido la zona en dos únicas jornadas durante el mes de diciembre. Para el OAF, el estudio realizado resultó “muy limitado”, especialmente en una zona donde abundan aves endémicas de especial protección.

Las resoluciones de los órganos ambientales son vinculantes. Deben cumplirse a rajatabla. El problema viene cuando se pasa de puntillas sobre las evaluaciones debido a la falta de personal. “La administración pública canaria nunca ha tenido trabajadores cualificados suficientes para corregir adecuadamente estos estudios”, apunta Villalba. “Las instituciones que están llevando estos temas están infradotadas y por eso hay unos retrasos importantísimos en muchos de los procedimientos, lo que redunda en malas soluciones ambientales al final, porque los proyectos se hacen eternos”, remacha Febles. Canarias Ahora ha planteado estas cuestiones al Ejecutivo regional, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

La hemeroteca canaria demuestra que, por un lado, en las Islas han salido adelante construcciones mastodónticas sin análisis ambientales detrás, y, por otro, con evaluaciones como poco cuestionables, según recuerda Villalba. El portavoz de ATAN rememora el caso de una embotelladora de agua que se quería hacer en Taguluche, un pueblo del municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera. El que fuera director de Aguas del Ejecutivo regional, Gumersindo de Urquiza, también era socio de la empresa promotora, ICA Ingenieros, la cual elaboró un estudio de impacto de la obra en una zona con potencial de ser Red Natura 2000. La polémica llegó hasta el Parlamento Europeo. La movilización ciudadana paralizó el proyecto.

En otras ocasiones, además, la promotora del plan es la propia administración, como lo es el Cabildo de Tenerife con el Circuito del Motor que se pretende edificar en el sur de la isla. Para Villalba, este tipo de vínculos enturbian los procesos medioambientales. “En el Archipiélago hay incapacidad para hacer estimaciones correctas de las EIA”, sugiere. Un ejemplo más: la paralización de las obras para hacer villas de lujo en el Puertito de Adeje después de que activistas reportaran la aparición de la viborina triste, una especie de flora que cuenta con la categoría de protección especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas. La memoria ambiental del plan no detalló su presencia en la zona. El Gobierno canario intervino después de las protestas civiles.

Tildar de “pobreza ecosistémica” un santuario de ballenas

La evaluación del Puerto de Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora, fue encargada en 2010 por la Consejería de Transportes del Ejecutivo autonómico. El informe concluyó que la infraestructura era compatible con el entorno y que las consecuencias de no hacerlo serían peores que optar por la construcción. La evaluación valora que, de no hacerlo, “el medio marino de la zona afectada, que en líneas generales se caracteriza por presentar una pobreza ecosistémica acusada, se mantendrá en las mismas condiciones que en la actualidad”. Por el contrario, “se mantendrían las distancias actuales de recorrido de los tráficos marítimos entre el Puerto de Los Cristianos y el resto de las islas, manteniendo el actual riesgo de colisión con cetáceos y de ocurrencia de vertido accidental de hidrocarburos”.

El contenido de este informe llevó a un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna a elaborar un estudio que tildó de “inválida” la evaluación por sus carencias técnicas. También por obviar el impacto de Fonsalía en la conservación de la franja marina Teno-Rasca, que alberga el único santuario de ballenas de Europa. “El impacto sobre los valores naturales de Tenerife y en particular sobre la ZEC Franja Marina Teno-Rasca sería severo e irreversible”, subraya el Análisis del estudio de impacto ambiental del proyecto del puerto de Fonsalía.

Una campaña ciudadana que recopiló más de 424.227 firmas consiguió frenar la infraestructura. “Nuestros trabajos se someten a evaluaciones. Siempre decimos la verdad e intentamos hacer las cosas bien y más ahora. Se te puede escapar una cosa, pero nunca hemos ocultado nada. Para eso está la administración y la participación ciudadana”, defiende Rosendo López en una entrevista concedida a esta redacción.

El biólogo resalta que lleva 33 años en el sector y afirma que ha participado en más de 5.000 evaluaciones. También reconoce que ha rechazado proyectos porque sabía que no iban a lograr el visto bueno de la evaluación.

Juicios de valor “infundados”

Fuentes consultadas por esta redacción advierten de que las promotoras buscan evaluaciones “a la carta”. Con respecto a las críticas, el biólogo dice que “hay verdades a medias que hacen daño”. “Yo no soy quien saca las declaraciones. Yo no autorizo. Quien lo hace es la administración después de hacer consultas”. Sobre Dreamland, Rosendo López insiste en que “cuando una evaluación ambiental sale compatible, es porque no hay valores en presencia a los que se les pueda hacer daño”.

Las evaluaciones de López han sido puestas en cuestión en varias ocasiones. El biólogo también ha sido contratado por la promotora de Cuna del Alma para realizar un informe sobre la presencia de la viborina triste en la zona. En la actualidad, el proyecto turístico que pretende construir villas en el Puertito de Adeje permanece ahora paralizado por su afección al entorno natural y por la destrucción de yacimientos arqueológicos.

En el caso de los Parques Eólicos de Puerto del Rosario, la demanda presentada contra el proyecto reza que el estudio de avifauna “adolece de graves errores que lo invalidan” como herramienta de evaluación del impacto ambiental. “Contiene juicios de valor infundados y carentes de justificación técnica, así como imprecisiones y omisiones muy significativas”, asevera el texto. “Todos estos temas ambientales están muy cuestionados ahora. Trabajos perfectos no hay. Pero buenos y muy buenos sí”, concluye el científico. 

Dos guirres aparecieron muertos en un parque eólico de Fuerteventura en marzo de 2022. Los ejemplares de esta subespecie endémica de Canarias se accidentaron al chocar contra los aerogeneradores de la central construida por 35 millones de euros, gestionada por la empresa Naturgy e inaugurada en verano de 2021. Los expertos ya habían advertido de que este enclave servía de “dormidero” para al menos dos miembros de esta población en peligro de extinción. Sin embargo, el proyecto salió adelante en 2019 con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) favorable y con el visto bueno del Gobierno de Canarias.

La ubicación de la Ciudad del Cine en Fuerteventura tiene dos alternativas de menor impacto ambiental que la actual

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“Apenas hay evaluaciones de impacto ambiental correctas. Por lo general, son corta y pega, sin apenas trabajo de campo y elaboradas sin equipos multidisciplinares”, apunta el portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Eustaquio Villalba. La evaluación de impacto ambiental del parque eólico de Puerto del Rosario acabó en los tribunales por no ajustarse “a la legalidad”. La demanda apunta que el trabajo de campo para el estudio de avifauna se realizó en 14 días repartidos en seis meses. “Cualquier documento técnico de referencia señala que el período mínimo para realizar un estudio de avifauna es de un año”, añade el documento.

La evaluación fue elaborada por la empresa Evalúa Soluciones Ambientales, dirigida por el biólogo Rosendo López. Los promotores de la polémica ciudad del cine Dreamland, proyectada a 400 metros de las Dunas de Corralejo, han contratado a esta entidad para realizar el análisis ambiental. En otros casos, ha sido el propio Gobierno canario el que ha solicitado los servicios de López para proyectos como el Puerto de Fonsalía, en Tenerife, o la ampliación del muelle de Agaete, en Gran Canaria. Ambas iniciativas fueron paralizadas por la movilización ciudadana.

Las EIA son realizadas por compañías expertas que ofrecen sus servicios. El procedimiento es bastante sencillo: la promotora de una iniciativa paga a una empresa evaluadora que estudia el presumible impacto que tendrá dicha actuación y las medidas correctoras a llevar a cabo. Son relaciones privadas, en las que trabajadores del sector reconocen que “quien paga está buscando un resultado concreto”, afirma Miguel Febles, geógrafo especializado en Planificación Territorial y Evaluación Ambiental.

El sistema, por tanto, es algo “perverso”. De ahí que la ley obligue a las administraciones a fiscalizar las evaluaciones con órganos ambientales, los cuales pueden ser autonómicos, insulares e incluso municipales, en caso de pertenecer a consistorios de mayor tamaño, y están formados por profesionales de dilatada experiencia en gestión medioambiental. Su funcionamiento es autónomo y se basa en una fase de consulta a las distintas carteras institucionales (biodiversidad, infraestructuras, patrimonio…) antes de emitir escritos y de que los cabildos o consejerías firmen las declaraciones.

“Ellos emiten informes que hacen que se corrijan determinadas cosas de las EIA”, resume Febles. El ejemplo más reciente es el que involucra al proyecto Dreamland, en Fuerteventura. El órgano ambiental de la isla majorera (OAF) pidió a la empresa evaluadora de la iniciativa, Evalúa Soluciones Ambientales, que ampliara los trabajos de campo sobre la unidad de actuación para detectar la avifauna del lugar, pues solo había recorrido la zona en dos únicas jornadas durante el mes de diciembre. Para el OAF, el estudio realizado resultó “muy limitado”, especialmente en una zona donde abundan aves endémicas de especial protección.

Las resoluciones de los órganos ambientales son vinculantes. Deben cumplirse a rajatabla. El problema viene cuando se pasa de puntillas sobre las evaluaciones debido a la falta de personal. “La administración pública canaria nunca ha tenido trabajadores cualificados suficientes para corregir adecuadamente estos estudios”, apunta Villalba. “Las instituciones que están llevando estos temas están infradotadas y por eso hay unos retrasos importantísimos en muchos de los procedimientos, lo que redunda en malas soluciones ambientales al final, porque los proyectos se hacen eternos”, remacha Febles. Canarias Ahora ha planteado estas cuestiones al Ejecutivo regional, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

La hemeroteca canaria demuestra que, por un lado, en las Islas han salido adelante construcciones mastodónticas sin análisis ambientales detrás, y, por otro, con evaluaciones como poco cuestionables, según recuerda Villalba. El portavoz de ATAN rememora el caso de una embotelladora de agua que se quería hacer en Taguluche, un pueblo del municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera. El que fuera director de Aguas del Ejecutivo regional, Gumersindo de Urquiza, también era socio de la empresa promotora, ICA Ingenieros, la cual elaboró un estudio de impacto de la obra en una zona con potencial de ser Red Natura 2000. La polémica llegó hasta el Parlamento Europeo. La movilización ciudadana paralizó el proyecto.

En otras ocasiones, además, la promotora del plan es la propia administración, como lo es el Cabildo de Tenerife con el Circuito del Motor que se pretende edificar en el sur de la isla. Para Villalba, este tipo de vínculos enturbian los procesos medioambientales. “En el Archipiélago hay incapacidad para hacer estimaciones correctas de las EIA”, sugiere. Un ejemplo más: la paralización de las obras para hacer villas de lujo en el Puertito de Adeje después de que activistas reportaran la aparición de la viborina triste, una especie de flora que cuenta con la categoría de protección especial dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas. La memoria ambiental del plan no detalló su presencia en la zona. El Gobierno canario intervino después de las protestas civiles.

Tildar de “pobreza ecosistémica” un santuario de ballenas

La evaluación del Puerto de Fonsalía, en el municipio de Guía de Isora, fue encargada en 2010 por la Consejería de Transportes del Ejecutivo autonómico. El informe concluyó que la infraestructura era compatible con el entorno y que las consecuencias de no hacerlo serían peores que optar por la construcción. La evaluación valora que, de no hacerlo, “el medio marino de la zona afectada, que en líneas generales se caracteriza por presentar una pobreza ecosistémica acusada, se mantendrá en las mismas condiciones que en la actualidad”. Por el contrario, “se mantendrían las distancias actuales de recorrido de los tráficos marítimos entre el Puerto de Los Cristianos y el resto de las islas, manteniendo el actual riesgo de colisión con cetáceos y de ocurrencia de vertido accidental de hidrocarburos”.

El contenido de este informe llevó a un grupo de investigadores de la Universidad de La Laguna a elaborar un estudio que tildó de “inválida” la evaluación por sus carencias técnicas. También por obviar el impacto de Fonsalía en la conservación de la franja marina Teno-Rasca, que alberga el único santuario de ballenas de Europa. “El impacto sobre los valores naturales de Tenerife y en particular sobre la ZEC Franja Marina Teno-Rasca sería severo e irreversible”, subraya el Análisis del estudio de impacto ambiental del proyecto del puerto de Fonsalía.

Una campaña ciudadana que recopiló más de 424.227 firmas consiguió frenar la infraestructura. “Nuestros trabajos se someten a evaluaciones. Siempre decimos la verdad e intentamos hacer las cosas bien y más ahora. Se te puede escapar una cosa, pero nunca hemos ocultado nada. Para eso está la administración y la participación ciudadana”, defiende Rosendo López en una entrevista concedida a esta redacción.

El biólogo resalta que lleva 33 años en el sector y afirma que ha participado en más de 5.000 evaluaciones. También reconoce que ha rechazado proyectos porque sabía que no iban a lograr el visto bueno de la evaluación.

Juicios de valor “infundados”

Fuentes consultadas por esta redacción advierten de que las promotoras buscan evaluaciones “a la carta”. Con respecto a las críticas, el biólogo dice que “hay verdades a medias que hacen daño”. “Yo no soy quien saca las declaraciones. Yo no autorizo. Quien lo hace es la administración después de hacer consultas”. Sobre Dreamland, Rosendo López insiste en que “cuando una evaluación ambiental sale compatible, es porque no hay valores en presencia a los que se les pueda hacer daño”.

Las evaluaciones de López han sido puestas en cuestión en varias ocasiones. El biólogo también ha sido contratado por la promotora de Cuna del Alma para realizar un informe sobre la presencia de la viborina triste en la zona. En la actualidad, el proyecto turístico que pretende construir villas en el Puertito de Adeje permanece ahora paralizado por su afección al entorno natural y por la destrucción de yacimientos arqueológicos.

En el caso de los Parques Eólicos de Puerto del Rosario, la demanda presentada contra el proyecto reza que el estudio de avifauna “adolece de graves errores que lo invalidan” como herramienta de evaluación del impacto ambiental. “Contiene juicios de valor infundados y carentes de justificación técnica, así como imprecisiones y omisiones muy significativas”, asevera el texto. “Todos estos temas ambientales están muy cuestionados ahora. Trabajos perfectos no hay. Pero buenos y muy buenos sí”, concluye el científico. 

Dos guirres aparecieron muertos en un parque eólico de Fuerteventura en marzo de 2022. Los ejemplares de esta subespecie endémica de Canarias se accidentaron al chocar contra los aerogeneradores de la central construida por 35 millones de euros, gestionada por la empresa Naturgy e inaugurada en verano de 2021. Los expertos ya habían advertido de que este enclave servía de “dormidero” para al menos dos miembros de esta población en peligro de extinción. Sin embargo, el proyecto salió adelante en 2019 con una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) favorable y con el visto bueno del Gobierno de Canarias.

La ubicación de la Ciudad del Cine en Fuerteventura tiene dos alternativas de menor impacto ambiental que la actual

Más

“Apenas hay evaluaciones de impacto ambiental correctas. Por lo general, son corta y pega, sin apenas trabajo de campo y elaboradas sin equipos multidisciplinares”, apunta el portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), Eustaquio Villalba. La evaluación de impacto ambiental del parque eólico de Puerto del Rosario acabó en los tribunales por no ajustarse “a la legalidad”. La demanda apunta que el trabajo de campo para el estudio de avifauna se realizó en 14 días repartidos en seis meses. “Cualquier documento técnico de referencia señala que el período mínimo para realizar un estudio de avifauna es de un año”, añade el documento.