Ecologistas piden al Gobierno más protección para las ballenas y cetáceos y sus hábitats en varias regiones del país, entre ellas Canarias

Las organizaciones Ecologistas en Acción y Ocean Care instan al Gobierno central a desarrollar medidas urgentes para la protección efectiva de las ballenas y de otras especies de cetáceos y sus hábitats, que incluyen áreas como el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar o las Islas Canarias.

En sendos comunicados, ambas organizaciones recuerdan que hace 40 años entró en vigor a nivel mundial la moratoria para la caza comercial de las grandes ballenas, “una iniciativa impulsada por la Comisión Ballenera Internacional, para frenar su extinción”.

Sin embargo, Ecologistas en Acción y OceanCare alertan de que muchas de estas especies de grandes mamíferos marinos, entre ellas las ballenas azules y los rorcuales, “siguen estando gravemente amenazadas, e incluso en peligro de extinción”.

Una situación que atraviesan además otras especies de cetáceos grandes, como los cachalotes, y otros de menor tamaño, como calderones, zifios, marsopas y delfines, “que no están oficialmente protegidos por la moratoria sobre la caza comercial de ballenas”.

Aseguran que estas especies “son esenciales” para la salud de los océanos y del planeta y “continúan estando en peligro” debido a la presión creciente de impactos humanos y cambios ambientales que amenazan su supervivencia y desestabilizan sus poblaciones.

EA y Ocean Care destacan entre las especies de ballenas que se encuentran en una situación más crítica, al rorcual común, tanto en aguas del Mediterráneo como en Canarias, o la ballena vasca del Atlántico Norte (Eubalaena glacialis); así como las orcas, especialmente la subpoblación del Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz, así como el cachalote, la marsopa o el zifio de Cuvier.

Alertan de que “la protección efectiva de estos hábitats sigue siendo insuficiente”, a pesar de que se ha avanzado en la creación de espacios marinos protegidos relevantes para ballenas y diversas especies de cetáceos, como el Área Marina Protegida (AMP) “Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo”, los espacios Red Natura 2000 del Mar de Alborán, el Banco de Galicia o varias Zonas de Especial Conservación (ZEC) en Canarias.

Por ello, reclaman que el plan de gestión del AMP Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo que está previsto salga en junio de este año, “suponga un punto de inflexión real” en la protección de este espacio marino protegido.

Así como que garantice una reducción efectiva de las colisiones de cetáceos con buques, mediante “medidas concretas, vinculantes y basadas en la mejor evidencia científica disponible”.

Reclasificación de subpoblaciones

Señalan que “urge reclasificar las subpoblaciones” del Mediterráneo del rorcual común y del cachalote de especies “vulnerables” a “en peligro de extinción” en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), “elaborando los respectivos planes de recuperación que mejoren por fin su estado de conservación”.

Esta reclasificación, apuntan, “debe hacerse en coherencia con las recomendaciones de los principales organismos científicos”, como las evaluaciones de la Lista Roja de la UICN y el Comité Científico del Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y el Área Atlántica contigua, y con las decisiones que España ha adoptado en el seno de organismos regionales de conservación.

Cuatro años después de la firma del Accobams en 2022, dicen, “España sigue sin cumplir con su obligación, a pesar de que se le ha instado repetidamente a hacerlo”.

Reducir la velocidad de las embarcaciones

Por otra parte, recuerdan que el Mediterráneo noroccidental es Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) desde 2023, con el objetivo de reducir el riesgo de colisiones de buques con ballenas.

En esa ZMES, según las ongs, “está incluida la totalidad de la AMP Corredor de Migración de Cetáceos”.

Sin embargo, aseguran, “finalmente se limitó a recomendar reducir la velocidad de los barcos a 10-13 nudos”.

Explican que las ballenas utilizan toda la zona de forma aleatoria durante todo el año y “su presencia es difícil de predecir”.

Por ello, reducir la velocidad “reduciría el riesgo” de colisión con las ballenas; y por otro, las emisiones de ruido submarino, subrayan.

“Actualmente la única medida eficaz es incluir una norma de reducción obligatoria de la velocidad de los barcos en el plan de gestión de esta Área Marina Protegida que está elaborando el Miteco”, ha señalado el portavoz de Ocean Care, Carlos Bravo.

Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción, ha subrayado que reclaman que esta limitación obligatoria de velocidad “se extienda a otras zonas del Estado español que son clave para la cría, alimentación y migración de cetáceos”.

Ha añadido que “un caso donde la problemática alcanza dimensiones especialmente preocupantes son las aguas de las Islas Canarias, donde el cachalote se dirige hacia la extinción local”.