De los siete años para proteger el litoral a la débil participación: Canarias se adapta al cambio climático a paso de tortuga

El planeta entero está calentándose y la comunidad científica ha demandado medidas rápidas y efectivas de adaptación. Pero en Canarias, al menos lo primero, se está haciendo de rogar.

El Archipiélago avanza a paso de tortuga por culpa de la burocracia, la falta de recursos humanos, normativas que no garantizan financiación y conflictos competenciales entre administraciones que gestionan un mismo espacio, según dos publicaciones científicas recientes de investigadores canarios.

A ello se suma la débil participación ciudadana, reducida generalmente a la consulta obligatoria por ley para recabar alegaciones, una fórmula que genera “desinterés” y “alimenta la desmotivación” entre la población local.

“La cultura participativa en las Islas es débil. Está muy ligada a los mecanismos formales de consulta o de información pública, y no tanto a que se integre a la ciudadanía en general en procesos colaborativos”, explica Lorena Naranjo Almeida, geógrafa e investigadora del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La realidad a gran escala es descorazonadora. La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, el departamento encargado de liderar las políticas climáticas de la Comunidad Autónoma, solo había ejecutado el 15,66% de su presupuesto a mitad de año. O lo que es lo mismo: 85,1 millones de euros de los 543 millones disponibles.

La historia se repite año tras año. Y, a nivel micro, eso significa que proyectos para adaptar el litoral al aumento del nivel del mar, al mayor oleaje o a la erosión costera tardan hasta siete años en materializarse, según Aridane González, presidente del comité de personas expertas para el estudio del cambio climático en las Islas e investigador de la ULPGC.

“El mayor desafío de la acción climática es la burocracia. Cuando se quieren hacer refugios climáticos, algo sencillo, se tardan años. Si queremos adaptar el litoral, hasta siete. Esos tiempos y la emergencia climática no van de la mano, especialmente la adaptación se ve afectada”, razona el experto.

González destaca que esa lentitud es tal que proyectos de investigación experimental sobre el impacto del aumento del nivel del mar no consiguen ejecutarse porque los permisos de las instituciones tardan más que la propia vigencia y financiación de los proyectos.

El investigador de la ULPGC lidera en Canarias el proyecto europeo ‘BlueGreen Governance’, una iniciativa que estudia los modelos de gobernanza tierra-mar y busca mejorar la toma de decisiones, el compromiso social y la innovación.

Gran Canaria fue la isla elegida para el estudio porque “refleja los retos generales en materia de gobernanza que se plantean en todo el Archipiélago”. Sus zonas costeras más expuestas, como Arinaga, Arucas, Guanarteme y Maspalomas, “ilustran cómo los riesgos climáticos afectan directamente tanto al patrimonio natural como a la resiliencia económica”. Y la fragmentación a la hora de tomar decisiones entre cinco administraciones distintas (europea, nacional, autonómica, insular y municipal) hace que todo sea más complicado.

A menudo surgen “solapamientos de competencias, una burocracia excesiva y una coordinación deficiente”. La toma de decisiones “es lenta”, mientras que el desarrollo turístico, la urbanización y la ocupación de las zonas costeras “siguen aumentando la exposición a las inundaciones y la erosión”. La ciencia no está integrada de forma “sistemática” en la elaboración de políticas públicas. Y la participación ciudadana suele limitarse a un papel “consultivo, en lugar de tener influencia real”.

“La principal limitación son las trabas burocráticas para poder implementar las acciones y llegar a puerto, en especial en las zonas litorales, donde entran en juego competencias como las de Costas a nivel nacional o autonómico. Y si ya hablamos de espacios naturales protegidos, ahí intervienen otras instituciones y todo se hace un poquito más complejo”, agrega Naranjo.

González cree que “ya no es cuestión de voluntad política”, sino de “falta de personal y toda la normativa que hay detrás”. Un ejemplo más: aunque el Gobierno de Canarias haya elaborado un mapa de riesgo de inundación costera (el denominado PIMA Adapta Costas), las zonas identificadas no quedan automáticamente protegidas frente a nuevas edificaciones o infraestructuras. Para que las restricciones sean efectivas, el ayuntamiento correspondiente debe modificar antes su Plan General de Ordenación (PGO). Pero eso suele tardar años, tal y como demuestra la hemeroteca.

Otro condicionante es la falta de personal. Hay poca gente para todas las funciones que desplegar, incide el investigador de la ULPGC. La Audiencia de Cuentas, de hecho, preguntó a los diez ayuntamientos canarios obligados a implantar zonas de bajas emisiones (los que tienen más de 50.000 habitantes) por qué aún no lo han hecho. Siete de ellos señalaron que la ausencia de trabajadores es el problema más recurrente para no haberlas implantado.

Los investigadores lamentan también las “lagunas operativas de concreción financiera” en las leyes climáticas. Las normativas no garantizan recursos. Definen directrices y muestran una alta intencionalidad (es decir, priorizan la adaptación al cambio climático en sus textos), pero poca sustancialidad: las medidas vinculantes, ejecutables y financiadas brillan por su ausencia.

Además, existen “tensiones entre intereses sectoriales”, en concreto, entre los económicos y los medioambientales, que retrasan aún más las actuaciones. La participación, por su parte, ha quedado limitada a las “consultas públicas digitales”, vistas como un mero trámite formal para evitar que las leyes y los planes sean impugnados en los tribunales por defectos de forma.

“El cambio climático es tan transversal que afecta directamente a las personas: tenemos viviendas que pueden estar expuestas, actividades económicas que pueden verse afectadas... Si estamos ordenando o planificando un ámbito territorial determinado, debemos apostar por espacios colaborativos y de trabajo conjunto con la ciudadanía, a través de diagnósticos participativos y, después, propuestas”, reflexiona Lorena Naranjo, del IOCAG.

La ley canaria de cambio climático recoge la creación de la Oficina de Acción Climática precisamente para coordinar toda la acción climática en Canarias. Pero sigue sin estar operativa, a pesar de que debía estarlo desde 2024. Para el investigador González, este es “el gran fracaso” de las agendas climáticas: confiarlo todo a “la buena voluntad y las buenas intenciones”, sin incluir mecanismos que penalicen a quien no cumple.

“No puedo entender cómo en materia de energía o de agua quien hace mal sus deberes tiene penalizaciones, pero en materia climática no pasa nada. Hay que exigir que se cumplan los compromisos en mitigación y adaptación. Trabajar bajo principios de justicia climática y solidaridad para que los territorios que no puedan llegar se vean apoyados. Es un trabajo de todos y todas”, remacha González.