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Ruth Rubio

Catedrática de Derecho Constitucional Comparado del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y miembro de Economistas Frente a la Crisis.

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El profesor universitario en peligro de extinción

Si nos remontamos a los orígenes de cada profesor universitario es casi seguro que en algún momento demos con la imagen de esa niña o niño, adolescente o joven curioso, rebelde a la vez que disciplinado, y movido por el ansia del saber y, también, por la admiración de dicho saber en la figura de referencia (solía ser siempre “el” maestro). Encontraremos seguramente también a una persona con ansias de libertad, la del pensamiento y, por ende, más proclive al juicio crítico y menos a ser tentada, de entrada, por el aura de otras formas de poder y de servidumbres ajenas al conocimiento, como la del dinero. Los profesores intuimos, cuando nos decantamos por desarrollar nuestra vocación (y luego vamos confirmándolo poco a poco a lo largo de la carrera, que nuestra opción lo es por una forma de vida. Una forma de vida que no nos va a permitir vivir en la opulencia, pero sí en la libertad de explorar las fronteras del conocimiento, contagiando al alumnado el entusiasmo por la aventura del saber, en complicidad con esos otros pocos que en el mundo entero comparten pasión por esa pequeña esfera de la ciencia en la que en algún momento y por algún avatar de la vida decidimos especializarnos. Eternos estudiosos, exploradores del conocimiento y maestros, así nos queremos.

Pues bien, hace años que observamos una deriva de nuestro oficio que, en aras de la meritocracia, en beneficio de la burocracia y bajo el halo del cientifismo de las métricas generadoras de su propio mercado de especialistas, está minando de forma lenta pero cierta la profesión y el alma de quien en su día la escogió. No cabe duda de que la transparencia, la meritocracia y la sana competitividad van de la mano de la excelencia. Tampoco cabe duda de que nuestra Universidad ha adolecido de sus propios males, entre los que figura la mediocridad posibilitada por la endogamia y el nepotismo, grave mal cuando lo que se pretende es que a la creación y transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones se puedan dedicar los mejores. Tratándose, a fin de cuentas, del acceso al empleo e incluso a la función pública es el mérito, y no otro, el criterio que debe regir, en este último caso, por mandato constitucional. Ahora bien, se debería dar por sobreentendido que pocos están más capacitados para valorar el mérito científico en el interior de la carrera académica que aquellos que ya han logrado una determinada posición avanzada en el seno de la misma, gracias, justamente, a una acumulación de méritos debidamente valorada. El hecho de que las comisiones de evaluación para la acreditación o el acceso a las diferentes escalas del profesorado universitario la conformen siempre profesores o investigadores senior(es decir, quienes poseen una trayectoria profesional ya acreditada) corrobora esa pretensión.

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Trump, el aborto, el muro y la conexión entre ambos: la teoría de la substitución

La semana pasada, Trump se convirtió en el primer presidente de los EEUU en participar, entre vítores de monjas y curas, pero también de familias y estudiantes (eso sí, prácticamente todos blancos), en una marcha antiabortista. La así llamada "Marcha por la vida" es una cita anual para expresar rechazo a una de las decisiones más importantes de la historia del constitucionalismo, no sólo estadounidense, sino universal. Se trata de Roe vs. Wade, la sentencia del Tribunal Supremo de los EEUU que en 1973 reconociera por primera vez, no sólo en el país, sino en el mundo entero, el derecho constitucional que las mujeres embarazadas tienen de decidir si desean o no ser madres. En un constitucionalismo hecho por y a la medida de los varones hubo efectivamente que esperar casi dos siglos después de la adopción, en 1971, de la Carta de Derechos de los Estados Unidos, a que llegara esa singular conquista constitucional (no alcanzada aún en la mayoría de los países) que se ve ahora, casi 50 años después, seriamente amenazada.

Que la amenaza va en serio se entiende si tomamos en cuenta las diversas medidas que, desde su asunción del cargo, ha venido adoptando el magnate -quien, por cierto, antes de ocuparlo, se había mostrado favorable al derecho de las mujeres a decidir. Así, sólo cuatro días después de jurar como presidente, firmaba un decreto que prohíbe a las ONG y proveedores sanitarios utilizar fondos del Gobierno estadounidense en el extranjero para programas de planificación familiar que incluyan la posibilidad de abortar. También anuló una ley que obligaba a los empleadores, en el marco de los seguros médicos que tienen que ofrecer a sus trabajadores, a cubrir los métodos anticonceptivos de su elección (en aras de un supuesto derecho a la objeción de conciencia). En su haber cuenta igualmente el bloqueo de parte de los fondos federales a un programa de planificación familiar destinado a mujeres de bajos ingresos.

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La quimera de la neutralidad educativa: a vueltas con el veto parental

De lo que se trata, dicen muchos de los que proponen este mecanismo de filtro que supuestamente ha de otorgar la autoridad última a los padres acerca del tipo de educación moral o religiosa que quieren para sus hijos, es de prevenir que el Estado, de forma indebida, incurra en una labor de adoctrinamiento. Esta visión, que comparten muchos de los que en su día se opusieron a la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía, parece descansar sobre la idea de que al Estado le corresponde la transmisión de conocimientos, pero que sólo a los padres les corresponde la enseñanza y transmisión de valores de tipo moral o religioso, idea que dicen amparada en el artículo 27.3 de nuestra carta magna en virtud del cual "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Lo cierto, sin embargo, es que nuestra Constitución dice muchas más cosas en ese precepto (el art. 27) acerca del derecho a la educación que sólo de una lectura conjunta de su articulado, a la que obliga el criterio de la interpretación sistemática, se deriva el modelo educativo constitucionalmente consagrado. Para entender tal modelo hay que partir de la base de que la Constitución no consagra únicamente un derecho sino también un deber de educación (al proclamar en el art. 27.4 la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica), derecho/deber cuyos titulares son los menores no sólo frente al Estado (que tiene que garantizar la prestación) sino también frente a sus padres que están de esta forma obligados a permitir tal enseñanza más allá de que crean o no, desde sus más profundas convicciones morales o filosóficas, en su bondad o necesidad. 

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Sesgos de Género del Lenguaje e Inteligencia Artificial

Hace solo unos días que apareció publicado en The Prospect el artículo de Rodrigo Ochigame, el que, hasta dimitir de su puesto, fuera estudiante de posgrado en el Media Lab del MIT, causando furor tanto en la industria tecnológica de la inteligencia artificial como en los círculos académicos dedicados al estudio de su ética. En dicho artículo, el estudiante avanzaba de forma bien argumentada que el floreciente discurso de la inteligencia artificial ética había sido puesto en circulación de forma reciente entre los círculos académicos mediante un ingente respaldo económico por las empresas del Silicon Valley. Se trataba de difundir la idea de que la auto regulación y los códigos de conducta voluntariamente asumidos, y no la vía de las restricciones legales jurídicamente impuestas, constituían el camino a seguir ante los múltiples retos que plantea el uso de las nuevas tecnologías. 

Como hace años que me autoimpongo durante el período vacacional navideño la obligación de apartarme de lo urgente de nuestra actualidad política (¿demasiada actividad neuronal dedicada al Procés en el 2019?) para educarme en alguna de las grandes problemáticas globales que encara la sociedad contemporánea, he estado instruyéndome estos días acerca de algunos de los retos que el uso de la inteligencia artificial plantea en el campo de la batalla contra la desigualdad de género.

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Violencia de Género: entre el negacionismo y la invisibilización

Viene siendo cada vez más frecuente escuchar cómo representantes políticos, con una responsabilidad social concreta e ineludible, niegan de manera reiterada la violencia de género, realidad incontestable, e insultan a quienes luchan en pro de la igualdad entre mujeres y hombres con el objetivo de hacer de ésta una sociedad más justa, llegando incluso a humillar a las mujeres que han tenido la enorme desgracia de padecer en sus propias carnes la violencia por parte de quienes decían amarlas. Ante ello, no deja de ser sorprendente que ningún partido político se haya dignado a mencionar que determinados discursos no sólo carecen de encaje en nuestra Constitución, porque exceden los límites del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, sino que podrían tal vez merecer sanción penal.

Y es que resulta cuanto menos extraño que en este país, en el que los delitos de odio parece que permiten perseguir a raperos, chirigoteros y a feministas, el art. 510 de Código Penal se haya planteado tan rara vez como idóneo para perseguir a quienes con sus discursos fomentan o incitan directamente al odio, hostilidad o violencia contra las mujeres o las minorías sexuales; a quienes difunden escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido son idóneos para fomentar el odio, hostilidad, discriminación o violencia, incluida la de género; e incluso a quienes públicamente niegan o trivializan gravemente o enaltecen los delitos de violencia de género cuando esa conducta promueve o favorece un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra las mujeres o minorías sexuales. Porque a nada menos obligan los distintos tipos de la norma penal mencionada.

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Violencia machista: ¡menos asistencialismo y más reparación!

Mientras sigamos teniendo que dedicar energías a frenar el negacionismo de una realidad que las tozudas estadísticas no dejan de recordarnos, no estaremos en condiciones de dar el salto lógico que reclama dicha realidad y las estadísticas que la avalan. Se trata de plantearnos la atención que merecen las víctimas de violencia machista en términos no asistencialistas sino de reparación, o, lo que viene a ser lo mismo, no en términos de solidaridad sino de responsabilidad.

El 16 de julio del 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (órgano que vela por la aplicación de la Convención CEDAW y tiene, en virtud de Protocolo Facultativo, la posibilidad de recibir comunicaciones individuales) condenó a España en el caso Ángela González Carreño (comunicación 47/2012), a otorgar reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de sus derechos conculcados, además de a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial con miras a determinar la existencia de fallos en las estructuras y prácticas estatales que ocasionaron el asesinato de su hija a manos de su padre y su falta de protección como víctima de violencia de género. A diferencia de otras muchas de las víctimas cuyos nombres han venido poblando nuestros noticieros, la Sra. González Carreño contó en su defensa ante el Comité de la ONU con la labor de Women´s Link Worldwide, una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en derechos humanos y en la promoción del cambio social para favorecer los derechos de las mujeres y las niñas.

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El río es de todos y todos tenemos que decidir lo que queremos ser

Hace justo un mes que José María de Marco volvió a nacer. Lo hizo tras lograr zafarse de las pedalinas de su embarcación skiff buscando refugio en los bajos de un catamarán turístico para esquivar su hélice, segundos después de ser arrollado por el mismo mientras entrenaba en el río. Remero olímpico español en los Juegos de Barcelona 92 y Atlanta 96, y campeón del mundo en 1983 y 1984, de Marco se valió de sus 56 años de vida y experiencia, así como de su gran pericia, para lograr la proeza. Imagino que en lo primero que pensaría al constatar que logró salvar el pellejo, a pesar de que su embarcación quedara cortada en dos, es que su hija adolescente, que se inicia ahora en el deporte, no hubiera tenido la misma suerte.

Sin ser experta en seguridad vial, se me antoja que son muchas las medidas que se pueden tomar para garantizar el uso plural del río, como se garantiza el del resto de los espacios públicos, incluyendo por supuesto el turístico y deportivo. Semáforos, límites de velocidad controlados por una guardia fluvial, tamaño máximo de embarcaciones o zonas preferentes de uso, entre otras muchas soluciones que seguro que han sido probadas en otras ciudades del mundo y pueden servir como ejemplo.

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Carta abierta al Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE: Sr. Borrell, "¡no se olvide de las señoras!"

En marzo de 1776, anticipando la declaración de independencia y por ende la necesidad de un "Código de Leyes" para América, Abigail Adams conminaba por carta a su esposo John Adams (redactor de la Constitución de Massachusetts y futuro presidente de los EEUU) de la siguiente forma: "Acuérdate de las señoras, y sé más generoso y favorable a ellas de lo que lo han sido tus antepasados… no pongas poder ilimitado en manos exclusivas de los maridos. Recuerda que todos los hombres serían tiranos si pudieran".

No fue tan explícito el ruego que recibió Josep Borrell, candidato electo a Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea y Ministro de Exteriores en funciones de España, el pasado 7 de octubre, durante la audiencia ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo que, para nuestro orgullo colectivo, se saldaría con un abrumador apoyo a su nombramiento. Pero la pregunta fue inevitable. Desde el hemiciclo, una diputada le interpelaba para saber cómo pensaba incorporar el futuro jefe de la diplomacia europea la perspectiva de género a su mandato.

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El poder de seducción de Vox: entenderlo para combatirlo

En el debate electoral vimos a los candidatos ningunear los argumentos de Santiago Abascal, como si de un extremista, radical y casi demente se tratara, ante quien el mejor desprecio es no hacer aprecio y, sobre todo, como si el drástico aumento de fuerza en las previsiones de resultados electorales de las elecciones venideras no fuera un dato a tener en cuenta. Y es que la categoría de extrema derecha en la que se ubica Vox, lo coloca simbólicamente en un espectro improbable, simplifica en exceso, y no permite por ello entender plenamente el fenómeno y su poder de seducción para un creciente número de ciudadanos que, por cierto, no se perciben a sí mismos como particularmente radicales.

Lo cierto es que más allá del eje izquierda/derecha, cifrado en términos de políticas y programas de Gobierno, lo que Vox está logrando es plantear un panorama, un diagnóstico de la situación, que entronca con el sentir de un número creciente de ciudadanos, y que en esencia se reduce a la identificación de una crisis existencial de España. Ante las crisis existenciales se responde con la acción, contundente y violenta si hace falta, no con argumentos. Se entra en la lógica del enemigo, no del adversario. Y se responde desde las emociones y los instintos más básicos, no desde los razonamientos más sofisticados. Y como es cuestión de vida o muerte, los matices sobran y los procedimientos pasan a ser algo muy secundario. Legítima defensa.

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Las universidades catalanas y la huelga sin penalizaciones

La sentencia del Procés ha causado una masiva protesta social, con especial protagonismo de la gente joven, muchos de ellos universitarios, que no sólo han protagonizado actos de protesta en las calles de las capitales catalanas, sus estaciones, sus aeropuertos y sus carreteras, sino que también han llevado esas acciones a sus campus.

De hecho, desde el martes 29 de octubre, una parte del alumnado de las universidades catalanas secunda una huelga estudiantil indefinida convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la Associació d’Estudiants Progresssistes (AEP). En los campus la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y en el Campus de Manresa de la Universitá Politècnica de Catalynya (UPC) la huelga se ha estrenado con piquetes. La situación del Campus de la Ciutadella de la UPF con mobiliario de los aularios apilado en la puerta para impedir la entrada al alumnado y profesorado que quería asistir y dar las clases respectivamente ha arrojado momentos de gran tensión y la recomendación por parte del rectorado de "no asistir por seguridad".

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