La Autoridad Portuaria 'desguaza' Vivatell
“El perjuicio que la Autoridad Portuaria ha infrigido a Vivatell es irreparable”. Alberto Larriba es el propietario de Vivatell SL, empresa que en 2001 ganó un concurso público para desguazar los barcos abandonados en el Puerto de la Luz y Las Palmas de Gran Canaria.
Larriba denunció en 2004 que la Autoridad Portuaria no les había otorgado la concesión administrativa (de 35 años) que habían solicitado tras la explotación temporal para trabajar en sus instalaciones, pese a haber ganado ese concurso público, en el que su empresa fue la única concurrente. Vivatell había suscrito un convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para elaborar un proyecto para instalar una planta de desguace y reciclaje en el puerto.
Según el propietario de la empresa, la Autoridad Portuaria prefería vender esos barcos a “empresas de desguace extranjeras instaladas en Turquía, India o Bangladesh”, antes que derivarlos a la empresa con la que firmó el contrato para su desguace. La empresa presentó un contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que dio la razón a Vivatell, obligando a otorgar la licencia administrativa definitiva. Las dos partes implicadas habían suscrito un contrato en el que, según Larriba, no puso “ni una coma”.
La Autoridad Portuaria recurrió la sentencia del TSJC, que fue avalada por el Tribunal Supremo (la sentencia se hizo pública a principios de agosto) y que fechó en tres meses el plazo para ejecutar la licencia administrativa definitiva. “Ahora es cuando le han entrado las prisas a la Autoridad Portuaria”, asevera Larriba, que ha recibido un burofax de la institución portuaria que plantea otorgar la concesión “en unas condiciones que no se ajustan a la sentencia”.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sánchez Simón, resaltó que la empresa “no puede tener la exclusividad” para el desguace de los barcos que están fondeados en el Puerto de La Luz y Las Palmas de Gran Canaria, algo que para Larriba es “falso”, ya que el contrato estipulaba que “todos los barcos abandonados de los que la Autoridad Portuaria sea responsable deben ser desguazados por Vivatell”.
Larriba también recordo el “enorme gasto” que supone un barco abandonado en un puerto en el que “se tienen que desviar barcos por falta de atraque”. Los buques se embargan desde el momento en el que dejan de abonar el alquiler por su atraque. La empresa exige una indemnización recompensatoria a la Autoridad Portuaria por evitar enviar los barcos al desguace de Vivatell.
“Es un ejemplo de cómo funciona la Autoridad Portuaria”
Para el propietario de la empresa, este caso es un ejemplo de “cómo funcionan las cosas en la Autoridad Portuaria”. Larriba dejó entrever intereses económicos y políticos en las actuación de la institución y recordó que después de la concesión a Vivatell se han celebrado dos concursos más, “hasta que llegó Germán Suárez -ASTICAN- y ganó”.
