Canarias asumirá las políticas activas de empleo
Canarias asumirá a partir del próximo 1 de julio las competencias en materia de políticas activas de empleo y de inspección de trabajo y seguridad social. Ha sido una de las principales decisiones adoptadas por la Comisión Bilateral Canarias-Estado reunida este lunes en Las Palmas de Gran Canaria y encabezada por el vicepresidente tercero del Gobierno de España, Manuel Chaves, y por el titular del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero. Tras Euskadi, las Islas se convierten en la segunda comunidad autónoma en asumir la competencia en políticas activas de empleo.
Según el ministro de Política Territorial, estas trasferencias ayudarán a paliar los niveles de desempleo que actualmente registran las Islas. “Unas nuevas herramientas que permiten avanzar en el autogobierno de Canarias y que sirven para combatir la crisis económica y generar empleo”, destacó Chaves.
El vicepresidente tercero han insistido en la “reprogramación” del denominado Plan Canarias, por el que Madrid se compromete a aportar 25.000 millones de euros en la próxima década en el Archipiélago. “No ha habido recortes, ha habido reajustes” explicó y matizó que el Gobierno de Canarias tiene el compromiso del Ejecutivo central de que el Plan “sigue en pie”.
REF e ITE
Chaves y Rivero también han confirmado que las modificaciones inmediatas del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias quedan a expensas de la reunión que mantendrán el próximo jueves en el Parlamento de Canarias los representantes de los distintos grupos. “Comienza un periodo de debate y reflexión entre el Gobierno regional y central para posteriormente trasladarlo a Bruselas pero estamos pendientes de conformar la propuesta canaria -12 artículos- entre los grupos parlamentarios”, señaló el dirigente canario.
Otro acuerdo acordado entre Canarias y el Estado “que nos ayuda a afrontar la complicada situación presupuestaria para el próximo año”, dijo Rivero, es la prórroga en la devolución del antiguo Impuesto de Tráfico de Empresas (ITE). La cantidad que el Gobierno canario tiene que reintegrar al Estado en este concepto es de 33 millones de euros y la devolución se iniciará en 2012, y no en 2011 como estaba previsto.
