El Gobierno excluye por moroso a UGT de los cursos de formación de empleo

Algo no cuadra en las finanzas de UGT. Y no todo tiene que ver con el pufo de Fundescan. O sí: el Gobierno de Canarias ha excluido a la histórica central sindical del reparto de subvenciones a cuenta de los planes de formación continua. Y todo porque, por primera vez en su relación con el Servicio Canario de Empleo, UGT Canarias no ha “acreditado hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones”. Es decir: de la subvención recibida en el Plan de Formación anterior, el sindicato se ha quedado -o al menos no ha acreditado haber devuelto- la parte del dinero que no llegó a utilizar y justificar debidamente.

La exclusión de UGT Canarias de este nuevo Plan de Formación destinado principalmente a trabajadores ocupados y cuyo montante global asciende a 14,4 millones de euros ha sentado como una bomba en el sector. Sobre todo en el seno de la central en plena reestructuración de su cúpula. Fuentes consultadas por esta redacción no salían este jueves de su asombro, al confirmar que la subvención anterior otorgada por el Gobierno de Canarias, de unos 2,5 millones de euros, fue ejecutada casi en un 98% a través de los cursos realizados por Fundescan. Por tanto, el montante teórico a devolver por UGT Canarias al Gobierno se limitaba a unos 70.000 euros.

De la infinidad de organizaciones empresariales y sindicales que optaban a los diferentes planes de formación, UGT Canarias es la única, junto a la Federación Provincial de Pequeños y Medianos Empresarios de Alimentación de Las Palmas (Fedalime), que incurre en causa de archivo de su expediente por “no hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones”. Otras 19 aspirantes también han sido rechazadas por diversos motivos, la mayoría, por no quedar acreditada su representatividad en el sector.

UGT Canarias aspiraba a percibir 3,5 millones de euros de la partida de 8,9 millones de euros destinada a los planes de formación intersectorial. Con UGT, presentaron sus ofertas las dos patronales canarias (CEOE Tenerife, por 3,9 millones y CCE, con 3,2 millones), además de CCOO Canarias (5,3 millones de euros) o Intersindical Canaria (1,8 millones de euros), entre otros de este principal lote del montante global de 14,4 millones de euros.

Sin embargo, y como consta en la resolución de 24 de noviembre pasado del Servicio Canario de Empleo, por la que se propone de forma provisional las subvenciones tras la debida puntuación de las ofertas presentadas, UGT ni siquiera opta a ser baremada por la causa de archivo esgrimida y los 8,9 millones del plan intersectorial se lo reparten CEOE Tenerife (3,14 millones), CCE (3,03 millones) y CCOO (2,77 millones).

Contra la propuesta de resolución provisional por las que el SCE concede estas subvenciones públicas para la denominada formación continua de trabajadores ocupados cabe presentar alegaciones en el plazo de diez hábiles, que expira el próximo martes, 7 de diciembre, pero solo en el caso de “las referidas únicamente a aspectos de la baremación efectuada, no teniéndose en cuenta alegaciones sobre otras cuestiones”, según consta en el expediente hecho público por el Servicio Canario de Empleo el 24 de noviembre pasado.

Al ni siquiera entrar UGT Canarias a la fase de puntuación de su oferta, quedaría sin posibilidad alguna de reclamar una revisión al Servicio Canario de Empleo para obtener parte de la subvención de 3,5 millones de euros a la que aspiraba.

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