Las medidas del nuevo Decreto Canarias: qué cambia para el bolsillo y los servicios públicos
El Gobierno de España ha dado luz verde a algunas de las medidas contempladas en el Decreto Canarias, una norma que pretende desatascar varias de las principales demandas económicas del Archipiélago y dar un nuevo impulso a la recuperación de La Palma, cinco años después de la erupción del volcán Tajogaite.
El real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de este lunes concentra cinco medidas consideradas por el Gobierno regional prioritarias para las Islas y permite sacar adelante reivindicaciones que llevaban meses sobre la mesa. Algunas de estas actuaciones tienen un impacto directo sobre la recuperación de la isla de La Palma, mientras que otras buscan aliviar los sobrecostes que soportan las islas por su condición de territorio ultraperiférico y responder a algunas de las principales necesidades sociales del Archipiélago.
Estas son las cuatro medidas que contempla el Decreto Canarias:
Bonificación del 60% de IRPF. Se prorroga durante todo el ejercicio (2022-2026) la rebaja impositiva del 60% en la cuota del IRPF para los residentes de la isla, lo que puede traducirse en pagar menos en la declaración de la renta o recibir una devolución mayor. Una medida pensada para mantener más dinero en los bolsillos de trabajadores y pensionistas palmeros y aliviar, de forma directa, la economía de los hogares.
100 millones de euros para reconstruir La Palma. El Estado destinará una partida extraordinaria de 100 millones de euros de los excesos de superávit del Gobierno de Canarias de 2025 para continuar con la reconstrucción de las zonas afectadas por la erupción del Tajogaite. El dinero permitirá actuar sobre algunas de las heridas que todavía siguen abiertas en el sector primario del Valle de Aridane. La reparación de carreteras y la reconstrucción de canalizaciones de agua hasta el rediseño de las redes de riego sepultadas por la lava. También habrá recursos para ayudar a recuperar fincas e instalaciones agrarias, especialmente en sectores como el plátano y la ganadería.
Más tiempo para los préstamos de los agricultores. Los agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte tendrán seis meses más de margen para afrontar sus créditos bancarios. La suspensión obligatoria del pago de capital e intereses se prolonga hasta marzo de 2027, de modo que durante este periodo las entidades no podrán exigir el pago de las cuotas ni aplicar intereses de demora. El objetivo es ganar tiempo para unos productores cuyas explotaciones, en muchos casos, todavía no han recuperado su capacidad productiva después de la erupción.
Flexibilización de la prestación para los autónomos de La Palma. Se modifican los criterios de la Seguridad Social para que los trabajadores por cuenta propia de La Palma puedan cobrar la prestación por cese de actividad. La clave es que las subvenciones agrícolas comunitarias, como las del POSEI, dejarán de computar como ingresos de la actividad, evitando así que los agricultores superen el tope legal de rentas y se les deniegue la ayuda económica.
600 millones de superávit
Además de las medias aprobadas, el Estado permitirá al Gobierno de Canarias utilizar alrededor de 600 millones de euros acumulados de ejercicios anteriores por la baja deuda de la comunidad autónoma. La autorización abre la puerta a que ese dinero se quede en las islas y se destine a reforzar servicios públicos y políticas prioritarias. Sanidad, vivienda pública, centros educativos y servicios sociales aparecen entre los principales destinos posibles, sin que el gasto de estos fondos quede bloqueado por las limitaciones habituales de la regla de gasto.
NC, PSOE y Vox cuestionaron el enfoque del Decreto Canarias
El Gobierno busca así dar respuesta a algunas de las cuentas pendientes del Archipiélago y, al mismo tiempo, acelerar la recuperación de La Palma. Aunque este decreto trae cola. Nueva Canarias-Bloque Canarista, PSOE y Vox cuestionaron en el Parlamento el enfoque del Ejecutivo autonómico y, con distintos argumentos, pusieron el foco en aquellas cuestiones que también dependen de la gestión de Canarias. Los socialistas reclamaban entonces que el Gobierno de Clavijo concretase qué medidas puede impulsar directamente desde las islas, mientras NC llegó a calificar el decreto de “carta a los Reyes Magos” por la cantidad de peticiones trasladadas al Estado. Vox, por su parte, puso en duda que la solución a los problemas de Canarias pase siempre por reclamar más recursos a Madrid.
El Gobierno de Canarias pide fondos al Estado mientras deja sin ejecutar más de 3.000 millones de euros en lo que va de legislatura, lo que supone el mayor nivel de inejecución presupuestaria de la historia del Archipiélago.