De los defensores más intensos y convencidos del vigente decreto autonómico (Decreto 69/2025) que regula el reparto de las ayudas directas para el plátano de Canarias, con una ficha financiera de 141,1 millones de euros al año (dinero de la UE en su totalidad que está dentro del programa Posei), solo la organización profesional agraria COAG-Canarias no se personará en defensa de ese texto legal en el proceso judicial contencioso-administrativo ya abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Esto es así después de que la organización de productores de plátanos (OPP) Agriten, una de las seis existentes en Canarias, tomara estos días la decisión firme de defender esa norma, como previamente lo había hecho la OPP Coplaca. La Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria ha sido clave en la adopción de esa medida en el seno de Agriten, con un apoyo decidido y cerrado a la personación como parte de la citada entidad.
El decreto del plátano costó casi un año aprobarlo y hay una amplia mayoría del sector productor local que considera que con él se atienden de forma más equitativa los intereses generales de los plataneros isleños en relación con el acceso a las ayudas directas, los 141 millones de euros.
Detrás del recurso presentado contra el decreto canario que regula la asignación de cantidades de referencia a las personas productoras de plátanos, así como la reserva de cantidades de referencia conforme a lo establecido en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei), están las mismas cuatro OPP integradas en Asprocan que hicieron lo imposible, estas con el apoyo desleal respecto a las tesis apoyadas por la Consejería de Agricultura, liderada por Narvay Quintero, de CC en La Palma, al mando de Nieves Lady Barreto, también consejera autonómica de Presidencia.
Las OPP que han puesto tachas en las ruedas son Europlátano, en la que está integrada el actual presidente de Asprocan, José Carlos Rendón; Cupalma, a la que pertenece el anterior titular de esa misma entidad, Domingo Martín, hoy aparentemente fuera de la partida; Llanos de Sardina y Plataneros de Canarias.
Hay que recordar acerca de esta nueva fase, ya en el plano judicial, que al recurso primigenio contra el decreto autonómico, el firmado por representantes legales de las sociedades Lorenzo Pérez Marrero, SL, y Ava Agrícola, SL, con José Lorenzo Vera Pérez como uno de los elementos comunes en ellas y persona cercana a la OPP Llanos de Sardina, luego se sumó el de la matriz de esa misma organización, Agrícola Llanos de Sardina, sociedad cooperativa y entidad controlada por la familia Godoy. Estos dos recursos además serán respaldados por las otras dos OPP contrarias a la regulación ya recurrida, las citadas Cupalma y Plataneros de Canarias.
En el lado contrario al frente pleitista, ahora se hallan la OPP Coplaca, la de mayor dimensión en Canarias, con cerca del 40% de la producción comercializada de plátano; la OPP Agriten; la propia Consejería de Agricultura, promulgadora de la norma con el apoyo político unánime del Parlamento de Canarias (estos anuncian la personación como demandados), y las organizaciones profesionales agrarias (OPA) Asaga, Palca-Unión de Uniones y UPA, en este caso como perjudicadas.
De las entidades afines al decreto autonómico que siempre apoyaron el proceso de tramitación legal, solo se queda fuera del marco judicial inaugurado COAG-Canarias, pues la OPP Agriten ya decidió mantenerse en el mismo barco que Coplaca, que además era lo lógico y coherente.
Elementos clave de la norma reformada y publicada en mayo
En lo esencial, el nuevo decreto establece las siguientes condiciones legales para el acceso a la ayuda o sobre la distribución de los 141,1 millones de euros anuales (con un pago máximo de 0,33 euros por kilo hasta 420 millones de kilos por ejercicio anual) en apoyo directo que presta la UE al principal cultivo existente en las islas, la indicación geográfica protegida (IGP) Plátano de Canarias.
Estas consideraciones son:
1) Limitación de los incrementos de las cantidades de referencia asignadas a cada productor de plátano por la suma del histórico de producción, la cantidad siniestrada certificada por Agroseguro y/o la cantidad de kilos retirados del mercado (la operación conocida como pica). Quiere decir que para el cálculo del histórico se suma lo que se vende al año, lo que no se vende porque se pica y lo que se destruye por riesgos meteorológicos u otros que cubre la póliza colectiva del plátano (Agroseguro).
2) Aplicación de un rendimiento máximo en el cálculo de las cantidades de referencia de 68.500 kilos por hectárea (menor a lo propuesto por Asprocan, entre 70.000-80.000 kilos, y superior a los 65.000 de la PNL). El cálculo del rendimiento máximo se realizará con la superficie incluida en el registro de afiliados de las organizaciones de productores de plátanos (las OPP, seis en Canarias), a 31 de agosto de la campaña N-1 (la anterior a la definitivamente cerrada).
3) Incremento del periodo de revisión de las cantidades de referencia (para el abono de la ayuda directa de la UE), con la ampliación del cálculo de referencia de los dos años actuales a tres (la Consejería propuso hasta cuatro en sus borradores y Asprocan siempre prefirió los dos actuales). La definición de los kilos sujetos a ayuda por beneficiario se hará dando el 50% al histórico antiguo de producción y el 50% restante será repartido entre los tres años, a razón de 16,6% por ejercicio hasta sumar el otro 50%.
4) Exclusión de la ayuda Posei para las plantaciones ubicadas en nuevos polígonos, parcelas y recintos, con la búsqueda de un mecanismo excepcional para que no se perjudique la incorporación de jóvenes agricultores al sector (no hay prohibición de nuevos cultivos de plátano, pero se penalizan porque no tienen derecho a la ayuda directa de la UE, lo que en la práctica los hace inviables). No habrá aplicación retroactiva de esta medida.