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¿Se hace Rajoy el bobo?

Imagen del monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

José A. Alemán

Estos días están en las Españas con la resolución de la RAE si los enviados a tomar viento son “idos” e “iros”, lo que no afecta a los hablantes canarios porque somos como somos y no nos sacan del “¡Vete!” o el “¡Váyanse!”, singular y plural según sean uno o varios los mandados “a freír espárragos” o a por “bogas al toril”, que son los socialmente aceptados frente a la contundencia escatológica de “a la mierda”, de “al carajo” o ese “a hacer puñetas”, que suena duro aunque también puede referirse a los laboriosos encajes de puntilla en las bocamangas de los magistrados y magistradas. En cualquier caso, se trata de evitar el vergonzoso “¡eh, vosotros, no arrempujéis!” de los pollabobas al regreso del día y medio de su primer viaje a Madrid.

De Puigdemont y otros delitos

La cosa de “idos” e “iros” no tiene, pues, mucho recorrido. Pero cuando no es Juana es la hermana y en este caso son las dos a un tiempo. Por un lado el referéndum “sí o sí” de la Generalitat; por el otro, la seguridad del Gobierno central de que “no es no” llevó a Rajoy a arrumbar el liberalismo económico e intervenir en el mercado de urnas de votar para impedirle a la Generalitat adquirir las que necesita. Una medida que, además de atentar contra la fabricación nacional, indujo a Carles Puigdemont a delinquir, pues le obligó a introducirlas de matute por La Junquera, ocultas en alijos de Winston con filtro. Eso si nos creemos su anuncio de que las urnas dichosas ya están en sus almacenes.

Pero hay otros delitos a tener en cuenta como el grado de enquistamiento que impida el choquetazo. Las dos partes no aceptan sino la rendición incondicional de la otra y tanto tiraron ambas dos de la cuerda que ahora no les queda más que seguir tirando y sea lo que Dios quiera. Aunque, en honor a la verdad, la palma a la intransigencia es para Rajoy que ha rechazado todos y cada uno de los intentos catalanes, lo que ha debilitado a los catalanistas que no están por la separación y fortalecido las actitudes extremas que no quieren apaños que les impidan colocar la senyera en la explanada de la ONU.

No hace falta insistir que el constante recurso del Gobierno central a los juzgados ha contribuido al descrédito de la Justicia como puerta de escape del Gobierno, negado a darle al asunto el tratamiento político que requiere. Nuevo delito que induce el convencimiento de que la independencia de la Justicia, por lo que llevamos visto últimamente, es un cuento chino. En todo caso, habrá jueces independientes.

La comparecencia de Rajoy como testigo nada tiene que ver con el contencioso catalán, pero incide en el empeoramiento de la imagen de esa Justicia que dio por bueno el imposible de que Rajoy no supiera cómo se manejaron los fondos en al menos las seis campañas electorales que dirigió; y que no le enviaran los alguaciles cuando tuvo encima la cara de manifestar a la salida de la comparecencia su satisfacción por haber colaborado con la Justicia. Nada menos. Eso dicho en gallego o en maúro de las medianías es fino pitorreo. Ni siquiera le preocupó quedar de bobo o como llamen al que ni siquiera se huele que se la están haciendo en sus narices. Ni dejar pasar el que “hacemos lo que podemos” como indicativo de que no se ha hecho nada contra la ley. No tuvo siquiera el menor empacho para admitir que el envío de mensajes de aliento a Bárcenas eran pura hipocresía pues, como él mismo aseguró, no movió un dedo para ayudarlo. No sé si lo diría pensando en que quien destruyó a martillazos el famoso disco duro tuvo que utilizar toda la mano. Sólo se acuerda de que no recuerda nada, lo que hace a Rajoy otra víctima de esa extraña epidemia de desmemoria que se ha ensañado con el PP. ¿Se hace Rajoy, realmente, el bobo?

¿Nadie ganará?

No está de más volver sobre algunos aspectos de un pleito que nadie ganará. Por un lado, no puede afirmarse que haya un ostensible cerco sistemático y coordinado a la cultura catalana, a su lengua, modo de vida y a las bases económicas de sus clases medias por parte del Gobierno central y mucho menos del resto de las comunidades. Como no era de recibo el bulo pepero, que en Canarias trató de difundir Soria, de que Zapatero quitaba dinero a las comunidades para dárselo a Cataluña. Fue una de esas mentiras gordas que encantan al ex ministro. Tampoco vale, sensu contrario, la especie de que las demás comunidades autónomas viven a costa de la laboriosa Cataluña que ve evaporarse los que considera sus dineros olvidando que no son los territorios sino las personas las que tributan al Estado.

Mentiras, verdades a medias, exageraciones, malentendidos, etcétera, sin olvidar a los respectivos intereses “subyacentes”, son los materiales que alimentan estos conflictos.

En este caso, las mutuas suspicacias no son nuevas e interesan mucho a los grandes grupos de presión instalados en Madrid y muy reacios desde siempre a que España se organice unos puntos más allá de la cicatera descentralización actual. No es, por supuesto, una crítica al “régimen del 78” como algún ignorante ha llamado al Estado bosquejado en la Constitución. Alguien, no recuerdo quien, nos hizo reparar en que de los cuatro problemas con que España inició el siglo XX –el agrario, la Iglesia, el militar y la organización territorial del Estado- los tres primeros han dejado de serlo y es el cuarto el que conserva toda su virulencia política relacionada sobre todo con Cataluña y Euskadi. Justamente por ahí viene la mayoría de las solicitudes de reforma electoral.

Añadiría a lo dicho que sigue pendiente la organización del Estado por la crónica incapacidad (imposibilidad si se prefiere) de los sucesivos gobiernos y hombres fuertes de los últimos trescientos y pico años para dar con el adecuado tratamiento político-administrativo. El texto anticatalanista más antiguo que conozco es de Quevedo, con lo que podrán hacerse una idea de los años que llevan tirándose los trastos. Sin encontrar la coincidencia mínima de la que partir.

¿Qué quiere decir estado plurinacional?

Debo aclarar que al decir “Madrid” no me refiero a la ciudad y mucho menos a los madrileños, sino al Gobierno y la Administración; como decimos “Bruselas”, “Washington” o “Londres” (¡o Tenerife, oye!). Una convención tan vieja que sorprende encontrar gente a la que moleste. Aclarado lo cual, diréles que ha habido siempre intereses asentados en Madrid dispuestos a mantener a raya a los catalanes. Estar cerca de las instituciones del Estado, del BOE y del conjunto de la Administración central tiene sus ventajas que no es preciso explicar y que permiten prevalecer sobre las demás regiones a iniciados y residentes que no les quitan ojo. Nada personal, sólo negocios.

Sí es preciso, en cambio, hacer notar, que las distintas comunidades no muestran preocupación, ni siquiera un interés excesivo cuando tienen alguno, por lo que pudiera ocurrir en Cataluña. Como ha señalado Joseph Pérez, España nunca fue un Estado-nación, como sí lo fue Francia que tantas veces le sirvió de modelo a los españoles reformistas. Algo a tener en cuenta por Pedro Sánchez, secretario general socialista, en defensa de su propuesta plurinacional de la que no está claro si atribuye la plurinacionalidad al Estado o al conjunto de países, paisajes y paisanajes. No son, en puridad, conceptos equivalentes, aunque puedan llegar a serlo en función de sus circunstancias históricas y del buen tino de sus dirigentes al interpretar los deseos de su gente, en especial de las clases medias que suelen ser determinantes en las sociedades occidentales.

Y ya que mencioné a Francia, no parece que el orgullo nacional francés desdibuje sus culturas regionales ni al revés; quizá como resultado del concurso ya mencionado de dirigentes hábiles, conocedores de su realidad y con una formación y cultura alejada de la que nos han despachado en España; ésa que el PP y su padre espiritual, el conservadurismo católico, tratan de recuperar de la peor de las maneras. Como se vio en la campaña católica, con el PP de ariete, contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Y vuelvo a Joseph Pérez, quien señaló tres problemas españoles que considera determinantes. El primero, que no acaba de desvanecerse la estela de la guerra civil y el franquismo; el segundo, la necesidad de adaptar el funcionamiento de las instituciones a las exigencias del mundo actual; el tercero, compaginar las autonomías regionales con una superestructura estatal eficaz. Para Pérez, los dos primeros problemas son comunes a casi todas las democracias occidentales. El tercero, en cambio, es propio de España y determina la necesidad de una revisión del sistema establecido con la Constitución de 1978; de una reforma constitucional, se entiende.

De la reforma constitucional suele hablarse como de tantas otras cosas. Y se hace menudo mezclándola con la no menos necesaria reforma electoral de modo que entre una cosa y la otra no acaba de ponerse en piedras de ocho las necesarias reformas. Y no sé si es porque me toca más cerca pero pienso que Canarias, precisamente, es de las comunidades que deberían estar más interesadas. Pero, como saben, tampoco arranca la electoral, mientras tratan los políticos de convencernos de que el pleito insular es agua pasada. Sin embargo, no sólo son evidentes los indicios de que ahí sigue el pleito sino de que tiende a multiplicarse por la actitud de las islas no capitalinas que nada pintaron en el viejo pleito. Con la salvedad, por supuesto, de su presencia en la génesis de la ley de Cabildos de 1912; de la que habrá que ocuparse un día de estos. Antes de que empiece a llover.

La turismofobia ya llegó

Hace unos cuantos años, tantos que solo recuerdo que fue en el Cabildo el acto en que habló un funcionario o cargo de confianza de no sé qué ministerio. Allí estaba, en la mesa presidencial, cierto político ya fallecido que a pesar de militar en el PP era personaje muy apreciado por todos. En un momento de su intervención el funcionario o cargo de confianza se refirió al sector turístico canario al que adjudicó unos cuantos millones de visitantes más y fue de ver el gesto del político que aguardó a que acabara el conferenciante para tomar él la palabra y tras agradecer al funcionario o cargo de confianza, remató su breve intervención con un comentario exclamativo, si puede decirse así: -¡Ojalá, ojalá tuviéramos esa cantidad de turistas que acaba usted de decirnos!

No gustó al conferenciante la corrección, aludió a los papeles que le habían facilitado pero ni a él ni a mi hombre se le pasó por la cabeza que en 2016 Canarias superaría el número de visitantes discutido en aquella lejana ocasión: con poco más de 13 millones es la cifra récord que colocó a Canarias en segundo el segundo lugar tras Cataluña que le sacó una ventaja de más de cuatro millones.

Ya por aquella época se hablaba no poco de si podrían las islas sostener la avalancha turística que hoy tenemos ya encima y que comienza a generar reacciones en otros lugares que también han tenido notables incremento. Concretamente, en Barcelona ya ven en el turismo un problema. Nadie niega, por supuesto, su importancia como factor de generación de riqueza, al que debe cuidarse pero sin ignorar los problemas de masificación y de concentración que genera incomodidades y molestias a la población autóctona. Por no hablar de los efectos de esa masa humana sobre infraestructuras y servicios, consumo de recursos, etcétera; sin entrar en “especialidades” como el llamado “turismo de borrachera” relacionado casi siempre con competiciones deportivas. O el turismo barato al que se ofrece alcohol y el sexo que todavía, que yo sepa, no se ha dejado sentir en las islas si bien sabemos de otros sitios donde sufren un notable deterioro. No en todas las zonas turísticas se producen estos fenómenos ni presentan la misma gravedad. Tampoco es problema de algunas zonas turísticas españolas sino que ya se observa en otros lugares, como el Machu Picchu peruano que tiene además dificultades de acceso en tren a través de la selva y por una increíble y empinada carretera polvorienta.

La preocupación y las todavía leves protestas ya han hecho alguna mella en el sector que ha reaccionado como siempre. En esta ocasión lanzando acusaciones poco menos que de racismo a quienes apuntan la necesidad de buscar soluciones y de actuar con previsión de futuro. Se trata de cargar las culpas sobre los nativos para desviar la atención de las autoridades políticas que no se han preocupado de los problemas previsibles hace tiempo y que ahora parecen venírseles encima. El temor a que esas autoridades se vean presionadas a hacer algo, o sea, gravar los establecimientos turísticos para obtener recursos con que frenar el deterioro, lleva a los “estrategas” a vender la moto de los insensatos que atacan al turismo. Si se niegan a que se imponga el famoso euro por visitante, ya me contarán cómo ven si se les aprieta un poco más. Lo que también hay que comprenderlos pues necesitan reunir el dinero preciso para una vez exprimido y reventado este destino, disponer de capital suficiente para invertir en otros.

No conviene generalizar y sí considerar que, por fortuna, hay empresas que funcionan de manera distinta, pero sin desconocer las que practican una política de tierra quemada y mucho me temo que ese podría ser el destino de las islas si no comienzan a ponerle soluciones al sector turístico con visión de futuro. Que no es precisamente con una ley del Suelo para impulsar la especulación. Conviene no olvidar los atractivos del cinturón de playas de Agadir, que aguarda para reactivarse desde 1960 cuando arrasó la ciudad el terrible terremoto que cortó en ciernes su desarrollo turístico. La tragedia de la ciudad marroquí y el boicot internacional a la Junta de los coroneles griegos que favorecieron inicialmente el turismo canario.

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