El Consejo Consultivo de Canarias avala la resolución del contrato con Canal Gestión por el servicio del agua en Lanzarote

El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido este miércoles un dictamen por el que avala la resolución del contrato con Canal Gestión, la empresa encargada del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa. El documento, consultado por Canarias Ahora, concluye que el porcentaje de pérdidas de agua superior al 50% y los continuos cortes de suministro evidencian un ''incumplimiento estructural'' del contrato por parte de la filial de la empresa madrileña Canal Isabel II.

Este dictamen preceptivo ha sido solicitado por el presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Oswaldo Betancort. Este órgano, integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos, acordó en abril de avanzar hacia la ruptura del contrato con Canal Gestión, 17 años antes de que venza el acuerdo.

El Consejo Consultivo ha analizado la ejecución del contrato y ha identificado que el primer incumplimiento de Canal Gestión ha estado relacionado con la explotación del servicio y la ''obligación esencial'' de garantizar una prestación regular y reducir las pérdidas del agua producida por debajo de un 30%. Esta cifra, lejos de reducirse, ha ascendido hasta un 55%. Según el dictamen, este dato acredita ''la inexistencia de un control efectivo sobre la red, la falta de detección y reparación de fugas y la ineficacia de los sistemas de medición y gestión implementados''.

Este alto volumen de pérdidas ha incidido de forma directa en la prestación del servicio público, sin que se haya garantizado el abastecimiento a los distintos municipios de manera regular, con cortes de suministro continuos y diarios en los hogares y en las fincas. ''No se trata de incidencias esporádicas o de limitada entidad, sino de una afectación estructural al servicio público, que compromete su normal funcionamiento y desnaturaliza la finalidad misma del contrato'', subraya el dictamen.

Con respecto al incumplimiento de la obligación de ejecutar las inversiones comprometidas, ''aun siendo relevante y autónomamente suficiente para fundamentar la resolución, presenta un carácter instrumental y temporalmente posterior'', en tanto que estas inversiones son un medio para conseguir la finalidad principal del contrato.

El Consejo concluye que, una vez estudiado el expediente remitido por el Consorcio, ''procede la resolución del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización de aguas residuales'' de Lanzarote y La Graciosa. Según el documento, para evitar perjuicios a la población, Canal Gestión tendrá que continuar a cargo del servicio hasta que haya un nuevo gestor.

El informe técnico del Consorcio

En abril, el director gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Fernando Fernández, emitió un informe técnico-administrativo que describía como ''grave, objetiva, continuada y estructural'' la perturbación del servicio del agua en Lanzarote y La Graciosa. Este demoledor documento de 25 páginas advertía que el suministro de este recurso básico está en peligro por los incumplimientos de la empresa concesionaria, e instaba a la administración pública a 'secuestrar' el servicio de manera temporal. ''La actuación administrativa no solo es posible, sino obligada'', indicaba.

El documento expresaba una “máxima preocupación” por el estado de la prestación del servicio en una isla y advertía deficiencias en todas las fases del ciclo integral del agua: desalación, distribución, saneamiento, depuración y reutilización. Entre otras deficiencias, el documento detalla la precariedad en la producción registrada en las dos estaciones desaladoras de Lanzarote, una isla dependiente totalmente de infraestructuras industriales para generar agua ante la falta de recursos hídricos naturales.

Una de estas desaladoras, la EDAM Janubio, está al 66% de su capacidad por una avería. La otra, la EDAM Díaz Rijo, presenta ''una alta tasa de incidencias de paradas''. Teniendo en cuenta todas estas faltas registradas, el año pasado se habría interrumpido la producción de agua durante al menos 1.200 horas. Mientras tanto, el consumo de agua en la isla no ha dejado de aumentar, con un incremento del 40% en la última década. 

A los problemas en la generación de agua se suman las deficiencias de la red de distribución y en la depuración de aguas. Sobre los cortes de agua que sufren los residentes cada semana, el informe recordaba que estos episodios de desabastecimiento se producen ''sin aviso, sin conocimiento sobre su duración y sin medidas correctivas''. El servicio del agua es, en resumen, ''completamente imprevisible''.

Canal Gestión también quiere romper el contrato

Mientras tanto, Canal Gestión ha lanzado un comunicado en el que advierte de que también ha iniciado los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión ''por causas imputables al Consorcio del Agua''. ''Tras más de doce años prestando el servicio en un escenario de hostilidad jurídica y técnica, Canal Gestión ha decidido adoptar esta decisión basándose en un análisis técnico-jurídico que identifica incumplimientos críticos y sistemáticos por parte de la Administración insular del agua'', defiende la empresa.

La filial de Canal Isabel II dice que el Consorcio se comprometió a ejecutar y financiar inversiones valoradas en 78,7 millones de euros que no ha llevado a cabo. ''Este incumplimiento es todavía más notorio si se tiene en cuenta que Canal Lanzarote adelantó un canon de 50 millones de euros que el Consorcio destinó a fines ajenos al servicio, en lugar de aplicarlo a la renovación y ampliación de sus infraestructuras hidráulicas, como habría sido lógico habida cuenta de su deficiente estado de conservación inicial'', añaden. 

''A este desequilibrio inversor se suma el bloqueo deliberado a la actualización tarifaria. Desde 2017, el Consorcio ha eludido sistemáticamente la revisión de tarifas prevista en el contrato. Y ha sido así pese a estar reconocida y amparada por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta situación supone una vulneración flagrante de los derechos del concesionario, y le ha generado a la compañía un déficit superior a los 40 millones de euros, que es una cantidad que el Cabildo en todo caso va a tener que abonar a Canal, a la vista de los pronunciamientos judiciales'', insiste el comunicado.