La Fiscalía General del Estado lleva dos meses esperando la información solicitada sobre el caso de La Bufona

La Fiscalía General del Estado está a la espera de recibir la información necesaria para impulsar la investigación sobre el caso de La Bufona, la trama que involucra a la alcaldesa del Ayuntamiento de Arrecife, Astrid Pérez (PP), en el marco de un caso de ocupación de terrenos protegidos por interés ecológico al norte de la calle El Chabusquillo, en la urbanización de La Bufona. El escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, se dirige a la Fiscalía de Las Palmas, a quien requirió el pasado 18 de septiembre “información del Fiscal Delegado de Medio Ambiente de Las Palmas” a la vez que prometió adoptar “todas las medidas de impulso procesal que procedan”.

Dos meses después, la Fiscalía ha aclarado al denunciante de la causa, Gonzalo Murillo (hijo del dueño de las zonas ocupadas), que aún no le ha sido entregada la documentación ordenada para reactivar un procedimiento judicial que comenzó hace 20 años por una denuncia de la Guardia Civil y que también enreda a Miguel Pallarés, exfiscal dueño de una de las 14 casas puestas en entredicho que, según Murillo, llegó a declarar ante los jueces que él mismo había construido sobre suelo rústico de protección ecológica la piscina de su vivienda, así como las ampliaciones de la misma.

Sobre este último, la Fiscalía no ha querido pronunciarse tras la petición de Murillo de que se investigue “si desde la Jefatura de la Fiscalía en Canarias se ha tratado de encubrir la responsabilidad penal de un compañero, el ex fiscal coordinador de Arrecife Miguel Pallarés”. “Ello no entra en las atribuciones de esta Unidad especializada tratándose de una cuestión totalmente ajena a las funciones que legalmente le vienen encomendadas, debiendo dirigirse dicha petición, en su caso, a la inspección Fiscal de la Fiscalía General”, agrega la nota.

El actual fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas es Carlos Fernández Seijo, investigador que traspapeló y tardó 500 días en contestar a un recurso, precisamente sobre el caso de La Bufona. Y que también está implicado en un escándalo de corrupción que ha denunciado la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) por referirse a los propietarios de los chalets de La Bufona como “responsables civiles, sin especificar si se trataba de la responsabilidad civil subsidiaria del artículo 120 o de la responsabilidad civil directa -como partícipes a título lucrativo- del artículo 122 del código penal”. Esto, en palabras de ACODAP, es un error porque los responsables civiles subsidiarios no tienen por qué figurar como parte en la instrucción de los delitos, mientras que los partícipes a título lucrativo sí. Y con este precedente, los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Pilar Parejo Pablos, Nicolás Acosta González y Mónica Herreras, se habrían equivocado al anular las actuaciones de los dueños de las 14 casas en la instrucción penal, que sí condenó a los promotores de la urbanización, Antonio Caro y Federico Echevarría, a dos meses de prisión.

“En este sentido”, prosigue el comunicado de ACODAP, “podría decirse que la actuación manifiestamente prevaricadora del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, al tratar de encubrir la responsabilidad civil directa de su compañero, el ex fiscal coordinador de Arrecife Miguel Pallarés, enmascarándola bajo la fórmula de la responsabilidad civil subsidiaria, que es inservible, para dar a cumplimiento a la sentencia que ordena la demolición, habría sido la causante del embrollo judicial de La Bufona que lleva sin resolverse la friolera de 20 años”.

En la causa contencioso-administrativa, existe una orden de demolición parcial de las viviendas emitida por el Gobierno de Canarias que está suspendida por un fallo administrativo en once de los casos. Sin embargo, para tres chalets la sentencia es firme desde 2013 porque sus propietarios no la recurrieron, incluyendo a Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife y responsable de Urbanismo, además de presidenta insular del Partido Popular y recientemente nombrada Secretaría de Políticas Insulares por Pablo Casado. Pero que no se haya efectuado la orden de derribo se debe, en gran parte, a las cuestiones de “racionalidad técnica y eficiencia” que defiende la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) para no derribar las viviendas de forma individualizada, puesto que eso conllevaría algo de “dificultad” y lo mejor sería esperar a que se resuelvan los recursos de los 14 hogares construidos sobre suelo rústico.

El denunciante de la trama, Gonzalo Murillo, recuerda que el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una queja porque “no se está juzgando el proceso penal de La Bufona, que dura ya más de 20 años y que se inició el siglo pasado, por denuncia del equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil”.