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La Fiscalía General del Estado promete impulsar el caso de La Bufona y presiona al fiscal de Medio Ambiente en Las Palmas por su inacción

Urbanización de La Bufona

Acelerón en el caso de La Bufona. La Fiscalía General del Estado ha prometido impulsar la investigación que involucra a Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife y presidenta del PP en Lanzarote, en el marco de un caso de ocupación de terrenos protegidos por interés ecológico al norte de la calle El Chabusquillo, en la urbanización de La Bufona. Ahí 14 viviendas fueron construidas sobre suelo rústico que no pertenece a los dueños de los domicilios y cuyo procedimiento judicial comenzó hace más de 20 años. Dos décadas después, y a pesar de haber órdenes firmes de demolición en tres de las catorce casas (entre ellas la de Astrid Pérez), el panorama no había cambiado. Hasta ahora. El fin de la parálisis llega gracias a la implicación del ministerio público, que ha decidido escuchar las quejas de Gonzalo Murillo, hijo del dueño de las zonas ocupadas, y ha solicitado recabar más información para continuar con la trama y presionar al fiscal delegado de Medio Ambiente en Las Palmas, Carlos Fernández Seijo, quien ha ocupado puestos vinculados a Medio Ambiente y Urbanismo y en 2013 estuvo a punto de ser sancionado por tardar 500 días en contestar a un recurso, precisamente sobre el caso de La Bufona.

La casa ilegal de la presidenta del PP de Lanzarote sigue intacta siete años después de su orden firme de demolición por ocupar suelo protegido

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Murillo ha denunciado ante la Fiscalía la “negativa a juzgar el proceso penal de la Bufona, que dura ya más de 20 años y se inició el siglo pasado por denuncia del SEPRONA de la Guardia Civil”. El denunciante se pregunta “por qué no tiran abajo” las casas de los ocupantes e ironiza si “se le va a permitir violar la ley y construir impunemente sobre sus terrenos de protección ecológica” al igual que han hecho, destaca, otras personas como Astrid Pérez (recientemente nombrada secretaria ejecutiva nacional de políticas insulares por Pablo Casado, líder del Partido Popular), Miguel Pallarés, fiscal, y Celestino Mendizábal, notario.

El problema dentro del caso de La Bufona radica en el embrollo judicial que ha envuelto a la trama. Murillo ha interpuesto varias quejas, tanto en el ámbito contencioso-administrativo como en el frente penal. Que no se haya actuado sobre las casas se debe, en gran parte, a las cuestiones de “racionalidad técnica y eficiencia” que defiende la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) para no derribar únicamente los chalets a los que se ha impuesto una sentencia firme. La ACPMN sostiene que conllevaría algo de “dificultad” ejecutar las demoliciones de forma individualizada, por lo que espera a que se resuelvan los recursos de las catorce casas para ello. La solución pasa por impugnar las licencias de obras que fueron concedidas en base a un plan urbanístico anulado por el Tribunal Supremo en 1998, gracias a una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA). Pero el proceso judicial fue paralizado por la Audiencia Provincial de Las Palmas en el año 2018 porque no se había citado a todos los afectados por el caso.

Murillo, ante la dilatación de la trama, había advertido de que se podría estar cometiendo un delito de desobediencia al desoír las órdenes de los jueces. Se dirigió a la Diputación del Común y el Defensor del pueblo, que aceptaron sus quejas. Y ahora cuenta con un nuevo impulso en la investigación gracias a la intervención de la Fiscalía General del Estado. Murillo recuerda en la denuncia que el propio Miguel Pallarés, fiscal implicado en la causa y que ostenta una de las casas, declaró en sede judicial que él mismo había construido sobre suelo rústico de protección ecológica la piscina de su casa, así como las ampliaciones de su vivienda. Recalca que se trata de un hecho “objetivamente cierto y contrastado” y habla de las viviendas como domicilios “clandestinos e ilegalizables”. El denunciante, que ha exprimido todas las vías posibles, espera que se “impulse el proceso penal de La Bufona” y que se juzgue de una vez la trama. “Si las sentencias de los tribunales se quedan en papel, no tienen más valor que el papel higiénico”, remata.

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Publicado el
3 de septiembre de 2020 - 20:14 h

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