Carlos Fernández Seijo, nuevo fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas

Carlos Fernández Seijo es el nuevo fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Sustituye a Javier Ródenas, que presentó su renuncia en agosto para asumir la delegación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el cargo que ostentaba desde 2005 Luis del Río, que fue designado el pasado mes de marzo fiscal superior de Canarias tras obtener el respaldo del Consejo Fiscal frente a su rival en ese proceso selectivo, Vicente Garrido, que aspiraba a la reelección de un puesto que ocupaba desde 2003.

El nombramiento de Fernández Seijo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado martes. Era el único candidato. La fiscal jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez, elevó la propuesta a la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 12 de diciembre, destacando su “interés y disposición” para asumir el cargo, así como los méritos que, a su juicio, le hacían “idóneo” para desempeñar el puesto. Ese mismo día, el Fiscal de Sala de la Unidad de Medio Ambienta de la FGE remitió un escrito al Consejo Fiscal en el que no formulaba ninguna objeción a su nombramiento, que finalmente se materializó el pasado 13 de enero.

En la trayectoria de Fernández Seijo figuran varios casos vinculados al Medio Ambiente y al Urbanismo. Entre ellos, el denominado caso Yrichen, que acabó con la condena de siete años de inhabilitación para el exalcalde de Telde Francisco Santiago (Nueva Canarias), o el que investigó las presuntas irregularidades en la ampliación de la bodega Los Bermejos, que finalizó con la absolución de los procesados. También llevó el caso de La Bufona, en el que investigó la construcción de viviendas ilegales sobre suelo no urbanizable en Arrecife, entre ellas la del también fiscal Miguel Pallarés o la de la actual alcaldesa de la capital conejera, Ástrid Pérez (PP).

Su actuación en esa causa estuvo a punto de costarle una sanción disciplinaria. Fernández Seijo tardó más de 500 días (entre mayo de 2012 y noviembre de 2013) en contestar un recurso presentado por los denunciantes, la familia Murillo, propietaria del suelo donde se levantan los chalets. El propio fiscal reconoció que había traspapelado y olvidado la documentación de ese recurso. Tras la apertura del correspondiente expediente, el inspector de la Fiscalía General del Estado, Fausto Cartagena, concluyó que Fernández Seijo cometió una infracción disciplinaria grave, aunque acabó archivando las diligencias al entender que el caso había prescrito por haber transcurrido más de un año desde la fecha en la que finalizó ese retraso.

La Fiscalía de Las Palmas y la Fiscalía General del Estado eximieron a Fernández Seijo de culpa con respecto a una primera etapa, de aproximadamente 400 días, en la que no consta que el juez notificara formalmente su resolución. Sin embargo, tras un escrito presentado por Gonzalo Murillo en octubre de 2014, el entonces fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco (posteriormente ascendido a Madrid a pesar de la sentencia que concluyó que vulneró derechos fundamentales de la jueza en excedencia -hoy delegada del Gobierno para la Violencia de Género- Victoria Rosell al investigarla por motivos disciplinarios) reconoció que esos 500 días eran un tiempo “excesivo” para responder un recurso, aunque lo justificó por la complejidad de la causa y “el volumen de asuntos” que debían ser asumidos por la Fiscalía.

En esa respuesta, García Panasco dijo no compartir la tesis del denunciante, según la cual ese retraso en la tramitación de la causa podía afectar a la declaración de prescripción de los delitos que se les imputaban a los acusados. Para el fiscal inspector, en cambio, ese retraso sí obedecía a una “culpa personal” de Fernández Seijo, a quien, sin embargo, no sancionó al considerar que se había superado el plazo de prescripción en el periodo que transcurrió desde la finalización del retraso (noviembre de 2013) y la transformación del expediente gubernativo abierto en septiembre de 2014 en las diligencias de inspección incoadas en abril de 2015.

Los acusados en el caso La Bufona acabarían siendo condenados a seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio después de que la jueza aplicara el atenuante de dilaciones indebidas por los “injustificados” cinco años y siete meses de paralización de la causa. También el fiscal había pedido reducir las penas de los cuatro años de cárcel al año y nueve meses.