La casa ilegal de la presidenta del PP de Lanzarote sigue intacta siete años después de su orden firme de demolición por ocupar suelo protegido

Chalés de la calle Chabusquillo, en La Bufona, con expedientes de demolición de la Apmun.

En Arrecife, catorce viviendas al norte de la calle Chabusquillo, en la urbanización de La Bufona, llevan más de dos décadas sumidas en un embrollo judicial y urbanístico que afectan directamente a la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez. Están construidas parcialmente sobre suelo rústico protegido de interés ecológico que, además, no es propiedad de los dueños de las casas.

La orden de demolición parcial de las viviendas, emitida por el Gobierno de Canarias para ejecutar la decisión de los tribunales y restaurar la legalidad, está suspendida por un fallo administrativo en once de los casos. Sobre tres de las viviendas, sin embargo, la orden de demolición parcial es firme desde 2013 porque sus propietarios no la recurrieron, incluyendo a la ahora alcaldesa y responsable de Urbanismo de la capital lanzaroteña, además de presidenta insular del PP y parlamentaria regional, Astrid Pérez. Siete años después, todas las casas siguen intactas.

“Si las sentencias de los tribunales se quedan en papel, no tienen más valor que el papel higiénico”, se lamenta Gonzalo Murillo, denunciante del caso e hijo del dueño de los terrenos ocupados. “La Ley tiene que ser igual para todos”, reclama.

Parte del estancamiento del caso de La Bufona se debe al gran número y variedad de irregularidades cometidas. Por un lado, está la causa administrativa iniciada por la familia Murillo sobre las catorce casas ilegalizables (que de ninguna manera se pueden legalizar) construidas sobre sus terrenos al norte de la calle Chabusquillo y las viviendas, también ilegalizables, en el flanco este de la urbanización que ocupan parte del dominio público reservado para zonas verdes, aparcamientos y viales públicos. Por otro lado, hay también una causa penal contra los promotores de la urbanización iniciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que sigue en los tribunales.

En el caso de la vivienda de la presidenta del PP de Lanzarote, el problema radica en su ocupación de terreno agrario protegido de interés medioambiental en el jable. “Aquí no se puede construir ni una casa de cartón porque interfiere con la arena y nosotros vivimos de las playas”, subraya Murillo.

La responsabilidad de la demolición recae sobre los propietarios de las viviendas, pero, si estos no actúan, el Gobierno autonómico puede ejecutar la demolición y cobrársela luego. Anteriormente, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias ha alegado cuestiones de "racionalidad técnica y eficiencia" para rechazar el derribo de los chalets de forma individualizada y advierte de "la dificultad que conllevaría tener que llevar a cabo las demoliciones ya firmes, una a una" por su elevado coste. Es decir, espera a que se resuelvan todos los recursos que aún se tramitan en los juzgados para cumplir con su propia resolución, al entender que las 14 viviendas ilegales conforman un bloque.

Para resolver estos recursos y ejecutar las demoliciones, sería necesario impugnar las licencias de obra que fueron concedidas en base a un plan urbanístico anulado por los tribunales. Murillo pide ahora a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que tome las medidas necesarias para que se acate la sentencia y advierte que se podría estar cometiendo un delito de desobediencia al desoír las órdenes de los jueces.

El denunciante calcula que son 8.000 los metros cuadrados de propiedad de su familia ocupados por estas catorce viviendas, entre cuyos vecinos más distinguidos se incluyen también el fiscal Miguel Pallarés y el notario Celestino Mendizábal. De acuerdo con su último pago del impuesto de bienes inmuebles, de 6.000 euros en 2017, el valor catastral por metro cuadrado ronda los 600 euros. Extrapolándolo a valor de mercado, calcula que el total de los terrenos podría acercarse a los 10 millones de euros.

La mitad es suelo urbano, apropiado por la promotora para vendérselo a los compradores de las casas. La otra mitad es suelo rústico protegido que no consta en las escrituras de las viviendas, aunque está cercado por sus límites externos, y sobre el cual los propietarios construyeron ilegalmente después de comprar las viviendas.

En su caso, la presidenta del PP de Lanzarote, hizo obras que incluían muros, una piscina de 36 metros cuadrados, una edificación adosada al lindero de 42 metros cuadrados, la ampliación de la casa en más de 11 metros cuadrados y la pavimentación del patio trasero en unos 43 metros cuadrados. Todo ello al margen de las licencias concedidas en 1993 y 1996 y del proyecto de ejecución.

Dos décadas después y tras múltiples sentencias de la Justicia, el caso de La Bufona sigue estancado y sin visos de una solución.

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Publicado el
12 de julio de 2020 - 20:29 h

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