“Las leyes de ordenación del territorio no se pueden hacer en los despachos”
La Ley del Suelo de Canarias “no nace en un despacho”. La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno regional, la palmera Nieves Lady Barreto, destaca la “participación ciudadana” en la elaboración de la Ley del Suelo de Canarias. En una entrevista con La Palma Ahora admite que “ha sido un proceso complejo, que comenzó en septiembre, porque la normativa en temas de planeamiento en el Archipiélago se contradice y la separación competencial entre administraciones tampoco está clara hoy”.
Nieves Lady Barreto explica que “ha sido complejo poner sobre la mesa qué es lo que tenemos en materia de regulación, analizarlo y luego empezar a trabajar para poder sacar una única ley que simplifique, que deje claro el marco competencial entre administraciones y que los procedimientos también estén claros”. “En las primeras reuniones con los distintos grupos y colectivos siempre dijimos que íbamos a partir de cero”, subraya. “Queremos que salga una norma clara, eso para nosotros es prioritario, que la ley pueda entenderla cualquier persona que no tenga conocimiento de urbanismo, porque hay que acercar el urbanismo y la ordenación del territorio al ciudadano”. La consejera insiste en que “las leyes de ordenación del territorio no se pueden hacer en despachos de arquitectos o municipales, sino con los expertos y los ciudadanos, por eso se refuerzan en la ley los procedimientos de participación; siempre hemos ordenado de despachos para fuera, y la ley tiene que estar abierta al ciudadano, que la gente la entienda”. Considera que “nos hemos empeñado en hacer planes generales que no entiende nadie, porque el ciudadano cuando va a una oficina técnica a ver la ubicación de su parcela tiene que comprender lo que se le explica, si no la participación ciudadana no tiene sentido, no nos vale, y la ley refuerza esa parte”.
La consejera repite que “la Ley del Suelo no nace en un despacho, nace de las numerosas reuniones que hemos mantenido a lo largo de todo el procedimiento, nace de un folio en blanco, con unos principios fundamentales que son: no tocar los Espacios Naturales Protegidos, que se favorezca el sector rústico y primario, que clarifique, que deje claro el régimen competencial y que simplifique”.
La normativa, en su opinión, “es revolucionaria en materia de suelo rústico y de las demandas del sector primario, y eso es así porque hemos sentado desde el primer minuto al sector primario y a los ingenieros agrónomos, sin sus aportaciones la ley no hubiera sido lo que es”.
Reconoce que “conciliar los intereses de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que son los ayuntamientos, con la Federación Canaria de Islas (Fecai), que son los cabildo, no es fácil”. “No está todo lo que quiere la Fecam ni todo lo que quiere la Fecai, está aquello en lo que han logrado ponerse de acuerdo, pero conseguir que en las más de 70 reuniones que se han celebrado -y aún quedan algunas más- se llegue a un entendimiento es un éxito de los redactores”. “Una de las grandes reivindicaciones que hemos logrado incluir es las modificaciones de los planes de ordenación por zonas”, dice.
Adelanta que “vamos a procedimientos simplificados, y en cuatro años un municipio puede tener un plan aprobado, frente a la media de 12 años en la actualidad”.
En cuanto a los beneficios que esta normativa supondrá para la Isla, Barreto no duda en afirmar que “la Ley del Suelo es una oportunidad extraordinaria para La Palma, junto con el Plan Insular de Ordenación del Cabildo, para propiciar de verdad el desarrollo que necesita”. “El futuro de La Palma pasa por esa Ley y por el Plan Insular, y lo que no solucione el Plan Insular, la Ley pone mecanismos para que se solvente”, detalla.
La Ley del Suelo de Canarias se llevará al Parlamento en julio y “esperamos aprobarla en diciembre, y si lo logramos, aunque el Plan Insular no esté aprobado en esa fecha, se pueden ejecutar proyectos de interés insular y autonómico y no es necesario seguir esperando por el Plan Insular”, indica.
La máxima responsable de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias ha restado importancia al rechazo a la normativa que han manifestado dos ex presidentes del Ejecutivo autonómico: Román Rodríguez, de Nuevas Canarias, y Paulino Rivero, de CC. En el caso de Rodríguez considera que se trata “de un posicionamiento político más que de contenido de la norma”. La postura en contra de Rivero, de su propia formación, no la comprende. “Creo que se tenía que haber dirigido primero al partido y haber preguntado si tenía dudas sobre el texto, y como hemos hecho con cualquier otro ciudadano, se la hubiésemos explicado; no hemos tenido nunca ningún problema a la hora de sentar a alguien con el equipo redactor”, apunta. “Y es curioso, porque ha firmado el manifiesto de una plataforma que en el párrafo tercero ataca todo lo que se ha hecho en redacción del territorio de aquí para detrás, en su propia legislatura, con lo cual se hace él mismo una enmienda a la totalidad”, concluye.
