Temen el cierre de empresas de transportes
Los consejeros del Cabildo de La Palma temen que la cuantía de las sanciones establecidas en la actual normativa que regula en Canarias el transporte terrestre provoque el cierre de “muchas empresas” en la Isla del citado gremio. En La Palmas, en estos momentos, funcionan más de 900, según el Servicio Insular de Transportes. Fuentes del sector sostienen que “la situación” es sumamente preocupante ya que, señalan, “quedarse sin tarjeta de transporte es fácil” y la multa de 4.601 euros que, en el caso de un vehículo pesado, acarrea circular sin la mencionada licencia, tiene “consecuencias extremadamente drásticas”.
Para intentar paliar este “grave problema”, el pleno de la primera Corporación insular, en la sesión ordinaria celebrada el pasado viernes, en una declaración institucional aprobada por unanimidad, acordó “instar” al Gobierno regional “a actualizar a la baja, dentro de la revisión que se está llevando a cabo de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de Canarias, la cuantía establecida en la actual normativa” en base “a las dificultades económicas que atraviesa en general el sector”.
También acordó “volver a reiterar al Gobierno de España la necesidad de culminar la modificación del Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, que permita la exceptuación para Canarias de la aplicación del tacógrafo para los vehículos dedicados al transporte por carretera.
En la reseñada declaración institucional se expone que “desafortunadamente, no resulta ningún secreto que la crisis económica que venimos padeciendo ha puesto de manifiesto la especial incidencia que está teniendo sobre la mayor parte del tejido empresarial que opera en el mundo del transporte por carretera”. En el caso de La Palma, detalla, “especialmente frágiles se vienen mostrando las pequeñas empresas relacionadas con la actividad constructora y con el desmonte y transporte de áridos”. Las dificultades de liquidez, subraya, “les pone, con frecuencia, en situaciones de descubierto respecto a obligaciones tributarias y de seguridad social, lo que desencadena un mecanismo en cascada de modo que, si no acreditan estar al corriente de este tipo de pagos, no están en disposición de obtener o visar la preceptiva autorización de transporte”.
De otra parte, añade, “si persisten en seguir trabajando para poder pagar, la amenaza de nuevas sanciones es patente” toda vez que, precisa, “operar, aunque sea ocasionalmente, sin autorización de transporte puede acarrear la imposición de una sanción de 4.601 euros, en el supuesto de que se trate de un vehículo pesado”.
En los tiempos que corren, abundan los consejeros del Cabildo, “podemos afirmar que, en La Palma, muchas empresas” del repetido gremio “no disponen de recursos para afrontar tan elevados costes, con lo que una sanción” de la aludida cuantía “podría significar el cese total de la actividad de una pequeña o mediana empresa de transporte”. Alegan que “no se trata de aminorar” el importe de las multas para “fomentar precisamente la comisión de la infracción, sino, sencillamente, adecuar dichos importes a la dura realidad socioeconómica actual”.
Recuerdan que “no es la primera vez” que el pleno del Cabildo de La Palma “se pronuncia sobre esta materia”. Precisan que “en la sesión ordinaria” desarrollada el 13 de abril de 2012, “se sometió a la consideración” de la cámara insular “una moción presentada por CC y PSOE en la que se solicitaba la elaboración de un proyecto de Ley de modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, que adaptara a la realidad socioeconómica del Archipiélago la cuantía de las sanciones establecidas en el título V”. También se pedía “la exceptuación para Canarias de la aplicación del uso del tacógrafo”.
Entienden que, “ante la inminente reforma legislativa que se está planteando desde el Gobierno de Canarias en materia de transporte por carretera, resulta plenamente procedente refrescar y reiterar ambos acuerdo” pues, argumentan, “la situación empresarial que atraviesa el gremio en la Isla no sólo no ha mejorado sino que, desgraciadamente, tanto a nivel estatal como canario, ha continuado deteriorándose”.
