Los canarios sin alas

La bonificación en los billetes de transporte para los residentes de Canarias no es un capricho, un privilegio ni tan siquiera un regalo. Muchos de estos calificativos los hemos podido leer muchos de nosotros en debates televisados o en redes sociales.

Parece que el ministro Ábalos también era partidario de esta idea cuando anunció que la nueva bonificación en los billetes no se podría llevar a cabo hasta el año 2019. ¿El motivo? Mientras que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 modificó directamente el importe de la bonificación, la nueva Ley de 2018 dispone en su disposición adicional centésima cuadragésima séptima que “Se autoriza al Gobierno para que durante el año 2018 y con vigencia indefinida, aumente el porcentaje de la bonificación” pasando a ser del 75%. Tal y como se ha visto no hacía falta llegar a 2019 para aplicar el descuento. Sólo era necesario una autorización del Gobierno y que además ésta fuera durante el año 2018. La mentira tiene patas cortas y por eso nunca llega lejos.

Dos lecciones podemos sacar de esto: la primera, es que parecería que los diferentes actores políticos intervinientes querían atribuirse el mérito electoral de llevar a cabo una medida muy necesaria y que tiene incidencia directa sobre los ciudadanos: Nueva Canarias que introdujo las enmiendas oportunas y jugó hábilmente con sus votos decisivos para sacar adelante los PGE; los diferentes Gobiernos autonómicos, que hasta entonces habían sido convidados de piedra; y finalmente, el nuevo Gobierno que aprovechó el caramelo que llegaba a la mesa del ministro de Fomento para intentar atribuirse una medalla que no era suya, con el consiguiente enfado de, sobre todo, los ciudadanos canarios y baleares.

El otro aspecto que deja claro este episodio es que un tema tan sensible no puede dejarse al arbitrio del juego de las mayorías parlamentarias del momento y de que el Gobierno de turno necesite de los votos de los nacionalistas. La Unión Europea ya tiene reconocido el archipiélago canario como Región Ultraperiférica (artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Tampoco se puede dejar a la intemperie de los intereses de los escasos agentes económicos que operan en el archipiélago. De hecho, la nueva Ley de Presupuestos dicta:

“[…] las autoridades competentes en materia de competencia velarán para que las compañías […] no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público”.

La posibilidad de fijar precios máximos que se abre con la Ley de Presupuestos Generales de 2018 puede ayudar a frenar las tarifas desorbitadas que, en muchas ocasiones, las islas que padecen la doble insularidad se ven obligadas a soportar. Sin embargo, esto no obsta a que repensemos el sistema: Baleares lleva tiempo solicitando una tarifa plana que evite las subidas injustificadas de precios, o, en otras palabras, que basándose en la obligación de servicio público de numerosas rutas aéreas se fijen también sus tarifas. Por otro lado, el colectivo de Canarias Sin Alas lleva tiempo solicitando una extensión del descuento a todos aquellos canarios y sus familias que por diferentes motivos han tenido que emigrar. Según datos del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) hay más de 115.000 canarios viviendo en el extranjero, otros tantos viven en otras partes del Estado y el coste del transporte en muchas ocasiones es prohibitivo para poder visitar su Comunidad Autónoma con la regularidad deseada.

En Canarias no hay trenes, no hay AVE, no hay carreteras con grandes distancias. Los únicos mecanismos de recorrer grandes distancias son el avión, y en menor medida, el barco. Nacer en un territorio fragmentado, viviendo a más de 900 kilómetros del territorio peninsular no es un capricho; moverse en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos españoles tampoco.