Puerto Naos: una oportunidad que La Palma debe saber hacer bien

Puerto Naos vuelve poco a poco a ocupar el lugar que nunca debió perder en la vida de La Palma. Tras años marcados por la erupción volcánica, las restricciones de acceso, la presencia de gases, la incertidumbre vecinal y una recuperación lenta, este enclave del litoral aridanense empieza a mirar de nuevo hacia el futuro. No desde la euforia, sino desde una mezcla comprensible de esperanza, prudencia y necesidad.

En ese contexto aparece una de las operaciones territoriales más importantes de las últimas décadas en la isla: la ordenación turística del litoral comprendido entre Puerto Naos y Charco Verde mediante un instrumento de planificación singular. No se trata de un expediente técnico más, ni de una discusión reservada a especialistas en urbanismo. Estamos ante una decisión que puede condicionar el modelo económico, paisajístico y social del Valle de Aridane durante muchos años.

La Palma necesita inversión. Necesita empleo. Necesita recuperar actividad económica, fijar población joven y ofrecer oportunidades reales a quienes quieren vivir y trabajar aquí. Por eso, cualquier iniciativa capaz de dinamizar una zona especialmente golpeada merece ser escuchada sin prejuicios. Pero precisamente porque la oportunidad es grande, la responsabilidad también lo es.

El futuro de Puerto Naos no puede decidirse como si solo estuvieran en juego parcelas, licencias y metros cuadrados. Está en juego algo más profundo: el tipo de isla que queremos construir después del volcán. Una isla capaz de atraer inversión sin perder identidad. Una isla que genere riqueza sin sacrificar paisaje. Una isla que mire al turismo como motor económico, pero no como excusa para repetir errores que otros territorios ya conocen demasiado bien.

Ordenar. El IPST

El Instrumento de Planificación Singular Turística es una figura prevista en el marco normativo canario para permitir actuaciones consideradas de interés insular. En el caso de La Palma, se vincula a la llamada Ley de Islas Verdes, pensada para territorios con menor presión turística, economías más frágiles y necesidad de activar proyectos estratégicos.

Sobre el papel, el objetivo es razonable: ordenar, dar seguridad jurídica, fijar condiciones y permitir que determinadas actuaciones puedan avanzar sin quedar atrapadas durante años en una maraña de planeamiento incompleto, informes sucesivos y trámites interminables. La planificación, cuando se hace bien, no es enemiga del territorio. Al contrario: puede evitar la improvisación, poner límites y establecer reglas claras.

El problema, como casi siempre en urbanismo, no está solo en la herramienta, sino en cómo se utiliza. Un instrumento de este tipo puede servir para proteger lo valioso y facilitar una inversión útil para la sociedad. Pero también puede generar recelos si se percibe como una vía rápida para convertir suelo de alto valor paisajístico y agrario en una gran bolsa de desarrollo turístico sin suficiente explicación pública.

Por eso la pregunta no debería ser únicamente si Puerto Naos debe crecer o no. La pregunta importante es otra: cómo debe crecer para que gane la isla en su conjunto.

La propiedad del suelo y la confianza pública

En operaciones urbanísticas de esta dimensión, es habitual que existan propietarios con superficies muy distintas: pequeños titulares, propietarios medianos y también grandes tenedores que, por acumulación histórica, compraventas anteriores o estrategias patrimoniales legítimas, disponen de una parte significativa del terreno afectado.

Según informaciones publicadas en medios regionales, una parte relevante del suelo estaría concentrada en manos de un número reducido de propietarios privados, y uno de ellos podría reunir más de la mitad de los terrenos incluidos en el ámbito del IPST. Tener suelo es legal. Conservarlo durante años también lo es. Aspirar a desarrollarlo conforme al planeamiento vigente o futuro forma parte del ejercicio ordinario del derecho de propiedad.

Del mismo modo, es legítimo que la administración busque fórmulas para atraer inversión, activar economía, ordenar zonas estratégicas y generar empleo. Una isla como La Palma, especialmente después de la crisis volcánica, no puede permitirse rechazar de entrada cualquier iniciativa capaz de crear actividad. El desarrollo económico no debe tratarse como una sospecha. Bien orientado, puede ser una herramienta imprescindible para mejorar servicios, sostener población y abrir oportunidades.

Ahora bien, que algo sea legal no significa que deba quedar fuera del debate público. Cuando una decisión urbanística pública puede aumentar de forma notable el valor de determinados suelos, modificar el paisaje, condicionar infraestructuras públicas y abrir la puerta a nuevas actividades económicas, la exigencia de transparencia debe ser máxima. Para proteger la confianza de todos.

El urbanismo no solo ordena terrenos: también reparte expectativas, beneficios, cargas y oportunidades. Por eso, cuanto mayor sea la dimensión económica de una operación, mayor debe ser la claridad del procedimiento. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se permite, qué se limita, qué se protege, qué obligaciones asumen los promotores, qué mejoras públicas se garantizan y qué controles existirán para que el resultado responda al interés general.

No se trata de enfrentar propiedad privada e interés público. Ambos pueden convivir perfectamente. El mejor urbanismo es aquel que permite que la iniciativa privada invierta, pero dentro de unas reglas públicas claras y comprensibles. El propietario puede obtener un rendimiento legítimo de su suelo, pero la isla también debe recibir beneficios tangibles: empleo, infraestructuras, espacios públicos, protección paisajística, mejoras ambientales, accesibilidad y actividad económica real.

Si la ciudadanía percibe que una operación se diseña solo para desbloquear expectativas privadas, el proyecto nacerá con desconfianza. Si, por el contrario, se explica bien, se documenta bien, se somete a controles rigurosos y se vincula a compromisos sociales y ambientales verificables, puede convertirse en una oportunidad compartida.

Una oportunidad económica evidente

Sería injusto negar el potencial económico del proyecto. La zona de Puerto Naos y Charco Verde tiene condiciones muy atractivas: clima, paisaje, litoral, tradición turística, cercanía al Valle de Aridane y una memoria previa como espacio de alojamiento, restauración y ocio.

La posible implantación de nuevas instalaciones hoteleras y extrahoteleras podría generar inversión, empleo directo e indirecto, actividad comercial, ingresos fiscales y mejora de servicios en una zona que lleva demasiado tiempo soportando una situación excepcional. Para muchos negocios del Valle, la recuperación turística de Puerto Naos no es una abstracción: puede significar clientes, contratos, proveedores, transporte, mantenimiento, hostelería, construcción, limpieza, jardinería y vida en la calle.

También puede ayudar a diversificar una economía insular demasiado vulnerable. La Palma no puede vivir solo de la nostalgia ni de una conservación entendida como parálisis. Proteger el territorio no debe significar condenar a la isla a no hacer nada. La conservación inteligente también puede incluir actividad económica, siempre que esta se someta a límites claros.

El riesgo está en confundir desarrollo con ocupación intensiva del suelo. Una cosa es reactivar Puerto Naos y otra muy distinta convertir su litoral en una pieza más de turismo indiferenciado. La Palma no compite bien imitando modelos masivos. Su valor está precisamente en lo contrario: paisaje, autenticidad, escala humana, naturaleza, silencio, cielo, senderos, agricultura, volcanes, mar y una identidad que no se puede fabricar con hormigón.

Los riesgos

La ordenación turística de Puerto Naos tiene riesgos evidentes si no se gestiona adecuadamente.

El primero es el impacto paisajístico. El litoral occidental de La Palma no es un solar cualquiera. Es una franja de enorme valor ambiental, visual y emocional. Cualquier actuación debería integrarse con delicadeza, evitando volúmenes agresivos, barreras visuales o una urbanización que rompa la relación natural entre el mar, la costa y el paisaje volcánico.

El segundo riesgo es la presión sobre los recursos. Nuevas plazas turísticas implican consumo de agua, energía, movilidad, residuos, mantenimiento urbano y servicios públicos. En una isla limitada, estos factores no pueden tratarse como detalles secundarios. Deben estar cuantificados y explicados antes de que las decisiones sean irreversibles.

El tercer riesgo es la vivienda. Si el desarrollo turístico aumenta la presión inmobiliaria sin medidas paralelas, los residentes pueden acabar pagando parte del precio de una operación que, en teoría, debería beneficiarles. Una recuperación económica que encarece la vida de quienes ya viven aquí no puede considerarse plenamente exitosa.

El cuarto riesgo es la movilidad. Puerto Naos y el litoral de Los Llanos necesitan accesos seguros, aparcamientos razonables, transporte público eficaz y soluciones que no conviertan cada temporada alta en un problema de tráfico. El turismo no empieza en la recepción de un hotel: empieza en la carretera que permite llegar a él.

Y el quinto riesgo, quizá el más importante, es la confianza. Después de años de expedientes complejos, documentos ambientales revisados, dudas técnicas y debates públicos, la administración debe extremar la claridad. Un proyecto de esta escala no puede avanzar con la sensación de que la ciudadanía se entera tarde o mal. Los documentos deben estar accesibles, los planos deben explicarse, los condicionantes ambientales deben conocerse y las alegaciones deben ser tomadas en serio.

La evaluación ambiental como garantía

Uno de los errores habituales en este tipo de debates es presentar la evaluación ambiental como una traba burocrática. No lo es. En un territorio como La Palma, la evaluación ambiental es una garantía democrática y técnica.

Si un documento se devuelve porque contiene errores, carencias o aspectos incompletos, eso no debería verse solo como un retraso. También puede interpretarse como una señal de que el sistema de control funciona. Mejor corregir antes que lamentar después. Mejor exigir informes completos que aprobar documentos débiles. Mejor perder unos meses que hipotecar décadas.

La protección ambiental no está reñida con el desarrollo económico. De hecho, en La Palma son inseparables. Nadie viene a esta isla buscando un destino turístico cualquiera. Quien viene a La Palma busca paisaje, naturaleza, autenticidad y una sensación de lugar que no se encuentra en cualquier parte. Dañar eso sería dispararse en el pie.

Por eso debería hacerlo con criterios exigentes: integración paisajística, control de alturas, eficiencia energética, gestión responsable del agua, corredores verdes, respeto al litoral, mejora de accesos, seguridad volcánica y compromisos verificables con el empleo local.

No basta con construir. Hay que construir bien.

El retorno social

Una de las grandes preguntas es qué gana La Palma más allá de la inversión inicial. Porque una operación turística de esta magnitud no puede medirse solo en millones de euros ni en número de camas. Debe medirse también en calidad del empleo, estabilidad laboral, formación profesional, contratación local, mejora de infraestructuras, espacios públicos, acceso ciudadano al litoral y beneficios para el comercio de la zona.

Sería deseable que cualquier avance del proyecto viniera acompañado de compromisos claros: prioridad para empresas y trabajadores locales cuando sea posible, planes de formación, medidas para evitar precariedad, creación de espacios públicos de calidad, integración con el tejido comercial existente y mecanismos de seguimiento.

El turismo puede ser una gran oportunidad si se reparte bien. Si no, corre el riesgo de convertirse en una riqueza que se ve pasar, pero que no termina de quedarse. La Palma debe exigir que una parte importante del valor generado permanezca en la isla. No por rechazo a la inversión exterior, sino por sentido común. El territorio es de aquí. El paisaje es de aquí. Las infraestructuras públicas las sostiene la ciudadanía. Por tanto, el beneficio también debe notarse aquí.

Ni bloqueo ni barra libre

El debate sobre Puerto Naos corre el riesgo de caer en dos extremos igual de pobres. Por un lado, quienes consideran que cualquier desarrollo turístico es una amenaza. Por otro, quienes creen que cualquier inversión debe aprobarse casi sin preguntas porque la isla necesita empleo.

La realidad es más compleja.

La Palma no puede permitirse bloquear indefinidamente todo proyecto estratégico. Pero tampoco puede aceptar una barra libre urbanística. Entre el “no a todo” y el “sí a todo” hay un camino más inteligente: sí, pero con condiciones; sí, pero con transparencia; sí, pero con límites; sí, pero con retorno social; sí, pero con respeto al paisaje.

Ese debería ser el punto de encuentro.

Puerto Naos puede convertirse en un ejemplo de nueva planificación turística para islas frágiles. Un modelo que combine inversión y prudencia, actividad económica y paisaje, empleo y sostenibilidad, propiedad privada e interés general. Pero para lograrlo hay que explicar más, escuchar más, publicar más y condicionar mejor.

La ciudadanía no molesta cuando pregunta. Participa.

Una decisión que va más allá de Puerto Naos

Lo que se decida en Puerto Naos enviará un mensaje a toda la isla. Dirá cómo entiende La Palma su recuperación después del volcán. Dirá si el territorio se gestiona como un recurso finito o como una oportunidad de negocio sin memoria. Dirá si somos capaces de atraer inversión sin perder el alma. Dirá si el interés general está realmente por encima de las prisas.

El Valle de Aridane necesita buenas noticias. Necesita que Puerto Naos vuelva a respirar. Necesita que la actividad económica regrese. Necesita que quienes perdieron tanto puedan mirar hacia adelante. Pero también necesita seguridad, paisaje, vivienda, servicios y confianza.

Por eso este proyecto no debería plantearse como una batalla entre progreso y conservación. Esa es una simplificación injusta. El verdadero progreso consiste en conservar lo que nos hace valiosos mientras creamos nuevas oportunidades. Y la verdadera conservación no puede ser indiferente al desempleo, a la despoblación o a la falta de futuro de los jóvenes.

Puerto Naos puede ser una gran oportunidad. Probablemente una de las mayores que tendrá La Palma en los próximos años.

Si la ordenación turística de Puerto Naos se hace bien, puede ayudar a reconstruir una zona herida, generar empleo, modernizar servicios y demostrar que La Palma tiene futuro. Si se hace mal, puede aumentar la desconfianza, tensionar el territorio y dejar la sensación de que una vez más el paisaje pagó la factura de decisiones tomadas demasiado lejos de la gente.

La verdadera cuestión no es solo aprobar un plan. Es merecer la confianza de la isla.

Puerto Naos no debe ser una operación a favor de La Palma. A favor del empleo, sí. A favor de la inversión, también. Pero, sobre todo, a favor de un modelo de isla que no venda su futuro por resolver su presente.

Porque el desarrollo, cuando es inteligente, no destruye el paisaje: lo mejora, lo ordena y lo protege. Y La Palma, después de todo lo vivido, merece exactamente eso: crecer sin dejar de ser La Palma.