Santa Cruz de La Palma, la capital insular, vive de cara al Atlántico con un puerto que es a la vez motor económico y fachada marítima de la ciudad. El recinto portuario, que comparte territorio con el vecino municipio de Breña Alta, está íntimamente entrelazado con el casco urbano. Sin embargo, la planificación para integrar urbanísticamente el puerto con la ciudad sigue siendo una asignatura pendiente. El instrumento diseñado para ello –el Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma– lleva casi una década estancado y decayó formalmente en 2022. Mientras tanto, el puerto avanza en su expansión de infraestructuras al amparo de un Plan Director técnico, dejando a Santa Cruz de La Palma sin la hoja de ruta urbanística que necesita para armonizar desarrollo portuario y calidad urbana.
¿Qué es el Plan Especial del Puerto y por qué es distinto al Plan Director?
El llamado Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma es, en realidad, un Plan Territorial Especial de ámbito portuario encuadrado en el sistema de planeamiento canario. Se trata de un instrumento de ordenación urbanístico-territorial cuyo objetivo principal es regular los usos del suelo en la zona de servicio portuaria y “coserla” con la ciudad. En términos sencillos, este plan debe establecer qué se puede construir y dónde en los terrenos portuarios (definiendo zonas para usos portuarios, comerciales, espacios libres públicos, equipamientos, etc.), cómo se conectará el puerto con el casco urbano a través de viales y paseos peatonales, y qué medidas se aplicarán para mitigar los impactos negativos en la trama urbana. Por ejemplo, el Plan Especial puede imponer pantallas acústicas contra el ruido, reorganizar el tráfico pesado para sacarlo del centro o reservar espacios costeros para el disfrute ciudadano. A diferencia del Plan Director de Infraestructuras –que es un plan estratégico interno portuario a largo plazo enfocado en obras de ampliación y operativa– el Plan Especial tiene carácter normativo y de detalle: una vez aprobado, sus planos y normas se integran en el Plan General municipal y adquieren fuerza jurídica vinculante.
En el marco urbanístico de Canarias, un Plan Especial de este tipo funciona como un plan de ordenación subordinado al Plan Insular. Cubre todo el recinto del puerto y puede extenderse a áreas aledañas de influencia inmediata, más allá de los límites municipales si es necesario. De hecho, el Avance del Plan Territorial Especial en 2014 planteó abarcar zonas colindantes de Santa Cruz de La Palma y Breña Alta de forma unificada, pensando en futuros accesos o en la integración de la recién creada playa de arena anexa al puerto. Esto ilustra la vocación integradora del Plan Especial: no se limita a la parcela portuaria en sí, sino que aborda la interfaz puerto-ciudad en conjunto, coordinando infraestructuras portuarias con el desarrollo urbano circundante. En resumen, el Plan Especial es la herramienta concebida para garantizar que la evolución del puerto sea coherente con el entorno urbano, histórico y paisajístico de Santa Cruz de La Palma, evitando que puerto y ciudad crezcan de espaldas entre sí.
Un plan para conectar el puerto con la ciudad: objetivos y propuestas clave
La importancia del Plan Especial radica en que proporciona una visión de conjunto para integrar funcional y paisajísticamente el puerto en Santa Cruz de La Palma. Las propuestas que contenía el documento original –redactado por los arquitectos Ángel M. Caro Cano y Joaquín Mañoso Valderrama en 2013– reflejaban medidas ambiciosas para derribar la barrera histórica entre la urbe y su frente marítimo. Entre las líneas de actuación más destacadas que trascendieron durante la fase de Avance y participación pública en 2015 se encuentran:
- Gran plaza litoral y aparcamiento subterráneo: La idea estrella del plan era crear un amplio espacio público abierto al mar donde hoy existe una explanada portuaria utilizada como estacionamiento en superficie, justo frente al casco histórico. Para ganar ese espacio peatonal, el Plan Especial proponía desviar la Avenida Marítima más hacia el lado del mar (ocupando una franja de la zona portuaria) y así liberar terreno junto a la ciudad que se convertiría en una plaza costera de generosas dimensiones. Bajo esta nueva plaza se proyectaba la construcción de un aparcamiento subterráneo de alrededor de 300 plazas para compensar la pérdida de estacionamientos en superficie y servir al centro urbano. En la visión de los planificadores, esta “Plaza del Siglo XXI” –como fue bautizada en debates locales– sería un espacio cívico emblemático a orillas del Atlántico, articulando la conexión visual y peatonal entre Santa Cruz de La Palma y su litoral recuperado.
- Reordenación viaria y tráfico calmado: Otro objetivo central era reducir la barrera que supone el intenso tráfico portuario atravesando zonas céntricas. El plan planteaba canalizar el tráfico pesado y de largo recorrido por vías externas al casco histórico, mediante la mejora de la carretera de circunvalación alta o incluso habilitando un nuevo vial de acceso sur por Breña Alta. Dentro de la ciudad, la Avenida Marítima dejaría de funcionar como carretera principal de paso para convertirse en una vía urbana calmada (dos carriles y velocidad máxima de 30 km/h), pensada para accesos locales, carga y descarga, y conexión a la nueva playa urbana. Esta transformación en “calle 30” haría la avenida mucho más amigable para peatones y ciclistas, eliminando la fractura que hoy supone una calzada de cuatro carriles frente al mar. En coherencia con este esquema, el Plan Especial contemplaba habilitar nuevas bolsas de aparcamiento disuasorio en los extremos norte y sur de la ciudad: al norte, en la zona del barranco de Las Nieves; al sur, en el solar destinado a la futura estación de guaguas mientras esta no se construya. De este modo, visitantes y usuarios podrían estacionar fuera del centro y desplazarse a pie por el frente marítimo, aliviando la congestión en las calles centrales.
- Zonas urbanas frente a zonas portuarias: El Plan Especial definiría con precisión qué partes del suelo portuario podrían destinarse a usos ciudadanos y cuáles quedarían reservadas a la operativa portuaria estricta. Por ejemplo, la franja más próxima al casco histórico –donde se ubicaría la gran plaza litoral– se recalificaría previsiblemente como espacio libre público o dotacional municipal, integrándola en el tejido urbano. Asimismo, la nueva playa de Santa Cruz (construida en 2017 al abrigo del dique este del puerto) debía ser excluida del dominio portuario para incorporarla al litoral público de la ciudad, algo que de hecho ya se logró en 2023 mediante la aprobación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) que desafectó esa playa. El plan especial recogería ese cambio permitiendo al Ayuntamiento gestionar la playa urbana, con lo que Santa Cruz de La Palma ganaría un nuevo recurso turístico y recreativo. Por su parte, las zonas estrictamente operativas –muelles comerciales, terminal de ferris, áreas de carga– seguirían reservadas a uso portuario prioritario, si bien sujetas a criterios de diseño urbano más amables (paisajismo, vallados permeables a la vista, arbolado, etc.). Un detalle interesante era la atención a la actividad pesquera tradicional: dado que el Plan Director prevé rellenar y reorganizar la dársena pesquera para ampliar muelles, el Plan Especial sugería reubicar la lonja, varaderos y dependencias de pescadores de forma integrada, de modo que este carácter marinero no se pierda y siga siendo un atractivo cultural para locales y visitantes.
- Patrimonio histórico y paisaje urbano: Santa Cruz de La Palma cuenta con un casco histórico protegido por un Plan Especial propio (el PEPCHA, aprobado en 2017) redactado también por Caro & Mañoso. El Plan Especial del Puerto debía coordinarse con ese marco patrimonial, extendiendo la protección al frente costero. Por ello incluía proyectos como la rehabilitación del Castillo de Santa Catalina –un fortín del siglo XVII junto al puerto– para darle un uso cultural, o la recuperación del antiguo huerto del convento de San Francisco como parque urbano, creando un pulmón verde al norte del casco histórico. Igualmente, se preveía poner en valor tramos de baluartes y murallas históricas hoy semiocultos. El paisaje litoral mejoraría con más vegetación y miradores: los urbanistas proponían plantar arbolado de sombra (más palmeras u otras especies de porte) a lo largo del paseo marítimo, retirar muros opacos y alambradas antiestéticas, y sustituir las vallas del muelle por elementos más diáfanos que abran vistas al mar. La gran plaza peatonal frente al casco antiguo se concebía, de hecho, como un mirador urbano abierto al océano, devolviendo a la ciudadanía la visual y el acceso al mar que durante décadas han estado bloqueados por instalaciones portuarias.
- Equipamientos complementarios y servicios integrados: Otro aspecto del Plan Especial era coordinar la planificación de equipamientos portuarios con los urbanos para evitar duplicidades o conflictos. Un caso concreto es la estación de guaguas: la ciudad carece aún de una estación de guaguas moderna, y se había barajado ubicarla en terrenos próximos al puerto, al sur del casco. El Plan Especial reservaba ese suelo para la futura terminal de transporte; mientras no se ejecutase, proponía usarlo provisionalmente como aparcamiento disuasorio, mitigando la escasez de estacionamiento. Asimismo, se habló de reordenar la manzana del Cabildo Insular (contigua al frente marítimo) para liberar espacios verdes y quizás un museo del mar, mejorando la transición entre la sede institucional y el área portuaria. En definitiva, el Plan Especial pretendía que las nuevas infraestructuras portuarias no compitieran por el espacio con la ciudad, sino que se complementaran. Por ejemplo, se contemplaba instalar un pequeño centro de visitantes o punto de información para cruceristas en la interfaz puerto-ciudad, de modo que el flujo de turistas de los cruceros se encauzara directamente hacia el casco histórico de forma ordenada y atractiva. Todas estas iniciativas subrayan por qué este Plan Especial se consideraba fundamental para Santa Cruz de La Palma y la isla: su implementación habría significado un frente marítimo más accesible y amigable, una movilidad más sostenible en la capital insular y una puesta en valor del patrimonio y el paisaje que beneficiaría tanto a residentes como a visitantes.
Del auge a la paralización: historia de un plan frustrado (2013–2022)
El recorrido del Plan Especial del Puerto ha estado plagado de obstáculos administrativos y vaivenes políticos que terminaron por dejarlo en vía muerta. Inició su andadura en 2013, cuando la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (que gestiona el puerto palmero) encargó la redacción de este plan. A lo largo de ese año se realizaron diagnósticos, planos y memorias; incluso se comenzó a elaborar el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental, previendo la exigente evaluación ambiental estratégica que requiere este tipo de planeamiento. El proceso avanzó hasta tal punto que a finales de 2014 el Cabildo Insular de La Palma aprobó un documento de Avance del Plan Territorial Especial y acordó someterlo a participación pública. Dicho Avance –una especie de borrador preliminar con alternativas de ordenación– se publicó oficialmente en el Boletín de Canarias en marzo de 2015, abriéndose un periodo de información pública durante dos meses para que ciudadanos e instituciones presentaran sugerencias y alegaciones. Aquella fase participativa de 2015 permitió recabar ideas y apoyos, y confirmó el interés social en una mejor integración puerto-ciudad.
Con la información recabada, entre 2015 y 2016 el equipo redactor continuó afinando la propuesta y preparó una versión inicial del plan. En paralelo, el Cabildo debía tramitar la evaluación ambiental, pero uno de los retrasos fue la demora en que se completase el Documento Inicial Estratégico y se iniciasen las consultas ambientales del Gobierno regional. Aun así, por declaraciones públicas se conocieron varias de las propuestas emblemáticas que ya describimos (plaza litoral con parking subterráneo, conversión de la avenida en calle calmada, etc.), lo que generó expectativas en la ciudadanía.
Sin embargo, a partir de 2017 el proceso entró en punto muerto. Aquel año entró en vigor la nueva Ley del Suelo de Canarias (Ley 4/2017), que modificó y simplificó las categorías de planeamiento, dejando obsoleto el marco normativo bajo el cual se había iniciado el Plan Especial. Este cambio legal implicó posiblemente que el Cabildo tuviera que replantear la tramitación del PTE portuario conforme a la nueva legislación, lo que añadía más retrasos. Además, 2017 fue un año crítico por otra razón: la mencionada nueva playa urbana se terminó de ejecutar frente al casco antiguo, pero seguía siendo legalmente terreno de dominio portuario. La Autoridad Portuaria había aprobado en 2014 una propuesta de modificación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) para excluir la playa y otros terrenos, pero dicha modificación estuvo años atascada esperando el informe definitivo de la Dirección General de Costas. La incertidumbre sobre qué terrenos seguirían siendo portuarios y cuáles pasarían a ser ciudad pudo haber frenado la finalización del Plan Especial en esa etapa, pues era inútil ordenar detalladamente un área si aún no se definían sus límites jurisdiccionales. No fue hasta 2022 cuando Costas dio luz verde a la desafectación de la playa, clarificando este aspecto. Mientras tanto, el plan especial quedó relegado. En ausencia de avances oficiales, los esfuerzos se centraron en proyectos urbanísticos parciales (como el paseo marítimo de la playa nueva en 2018-2019) y en seguir divulgando la necesidad de acometer la integración puerto-ciudad.
El cambio de corporaciones locales en 2019 (nuevo equipo de gobierno en el Cabildo de La Palma y nueva alcaldía capitalina tras las elecciones municipales) abrió una ventana para retomar el tema. A instancias también de la nueva presidencia de la Autoridad Portuaria de Tenerife desde 2019, en 2020 se reactivaron las conversaciones para sacar adelante tanto el Plan Director de Infraestructuras como el Plan Especial territorial. En septiembre de 2020 la Autoridad Portuaria inició formalmente la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Director, y en paralelo mostró interés por “desatascar” el Plan Especial atascado desde años atrás. Fruto de este renovado impulso, el 17 de junio de 2021 se celebró una reunión en la sede del Cabildo insular en la que la Autoridad Portuaria presentó el borrador del Plan Director y se acordó dar impulso definitivo al Plan Territorial Especial. En esa cita, el entonces presidente portuario anunció que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria había aprobado elevar al Cabildo la documentación del Plan Especial para su aprobación inicial. Incluso se revelaron públicamente las líneas maestras ya conocidas: “El puerto aportará a la ciudad un importante espacio peatonal que transformará la fisonomía del acceso a la capital, junto a un parking subterráneo”, explicaron confirmando que el diseño propuesto seguía vigente y contaba con el visto bueno de las administraciones. También se mencionó el desvío de la vía de acceso portuaria tierra adentro para ganar espacios públicos, ratificando que los ejes del plan permanecían intactos.
Pese a este optimismo de 2021, la realidad burocrática jugó una mala pasada. Oficialmente, el expediente del Plan Especial de 2015 seguía “vivo” en trámite, aunque llevaba años sin avances ni aprobación inicial. Para proceder correctamente con un documento actualizado, era necesario cerrar ese expediente antiguo. Así, el 8 de abril de 2022 el Cabildo de La Palma adoptó un acuerdo de desistimiento del Plan Especial del Puerto, dando por terminada la tramitación iniciada en 2013-2015. En la práctica, esto supuso declarar caducado el procedimiento anterior, allanando el camino para arrancar uno nuevo desde cero. Las autoridades insulares justificaron esta medida como un paso necesario para poder redactar un nuevo Plan Especial adaptado a la legislación vigente, toda vez que la iniciativa anterior llevaba demasiado tiempo paralizada. Ahora bien, tras el desistimiento formal en 2022, no se reactivó de inmediato la elaboración de un nuevo plan. Posiblemente el Cabildo prefirió esperar a culminar primero otros asuntos pendientes, como la aprobación definitiva de la DEUP (lograda en junio de 2023) y a que la isla saliera de la situación de emergencia tras la erupción volcánica de 2021, antes de volver a poner en marcha la planificación puerto-ciudad. Sea como fuere, a fecha de hoy el Plan Especial sigue en el limbo: ni el Cabildo ni el Gobierno de Canarias han anunciado todavía la redacción de un nuevo documento para el puerto de Santa Cruz de La Palma. El recién actualizado Plan General de Ordenación de Santa Cruz de La Palma (aprobado en 2023) se limita a mencionar que habrá que tener en cuenta un futuro Plan Territorial de Puertos o un Plan Especial portuario, pero de momento la ordenación detallada del frente marítimo sigue pendiente. La sociedad palmera no ha olvidado el tema: entidades como la Real Sociedad Económica Palmera, colectivos vecinales y el propio Ayuntamiento han insistido públicamente en la urgencia de integrar el puerto con la ciudad, aprovechando la nueva playa y los espacios costeros liberados, pero reclamando hacerlo con un plan global y no con parches.
Consecuencias de la ausencia: una integración estancada y oportunidades perdidas
La falta de un Plan Especial aprobado y en vigor tiene efectos palpables en Santa Cruz de La Palma. En la práctica, actualmente el desarrollo del puerto y de la ciudad corren el riesgo de ir por sendas divergentes al no existir un marco común que los coordine. El Ayuntamiento capitalino, por ejemplo, no dispone de un instrumento de planeamiento que le permita exigir cesiones de suelo portuario para uso público ni condicionar las obras portuarias en favor de la ciudad. Cualquier mejora en la interfaz puerto-ciudad depende por completo de la buena voluntad y la colaboración voluntaria de la Autoridad Portuaria. Hasta ahora, esa voluntad ha existido en cierta medida –prueba de ello son algunas inversiones recientes como la electrificación de buques en puerto para reducir emisiones, o la construcción de pequeños paseos peatonales– pero nada garantiza que en el futuro se mantenga si las prioridades portuarias cambian. Sin la fuerza legal de un plan especial, la ciudad carece de herramientas para encauzar el crecimiento portuario según sus intereses generales.
Uno de los síntomas más visibles de esta desconexión es la permanencia del tráfico pesado atravesando zonas céntricas de Santa Cruz de La Palma. Al no haberse materializado el desvío de la avenida marítima ni habilitado accesos alternativos, los camiones de mercancías y trailers de los ferris siguen recorriendo la avenida de entrada a la ciudad para conectar con la carretera general, generando atascos, ruido y molestias en áreas urbanas sensibles. Asimismo, la gran plaza litoral peatonal frente al casco histórico –aquella que el Plan Especial dibujó sobre el papel– sigue siendo poco más que un anhelo: el espacio en cuestión continúa ocupado por aparcamientos en superficie y actividades portuarias menores, privando a la capital de un espacio público costero de calidad que podría ser un nuevo polo de vida ciudadana y atractivo turístico. Proyectos como el parking subterráneo, la nueva estación de guaguas o la recuperación paisajística integral del frente marítimo carecen hoy de cobertura planificadora ni estudios de viabilidad, quedando relegados indefinidamente. Esto supone oportunidades perdidas para un desarrollo urbano equilibrado: mientras otras ciudades portuarias han logrado en los últimos años reconvertir sus antiguos muelles en paseos marítimos, plazas y equipamientos culturales, Santa Cruz de La Palma permanece rezagada, viendo cómo su fachada marítima podría mejorar sin contar todavía con el instrumento para hacerlo realidad.
Cabe señalar que, a pesar de la ausencia del Plan Especial, se han realizado actuaciones puntuales de integración gracias a acuerdos institucionales. Un ejemplo es el reciente Paseo Marítimo de Los Indianos, (detrás de la gasolinera y donde estaba la antigua glorieta) un sendero peatonal ganado dentro del recinto portuario en la entrada sur de la ciudad, inaugurado en octubre de 2024. Esta obra contó con cerca de 500.000 € de inversión de la Autoridad Portuaria y ha permitido acercar físicamente puerto y ciudad en un tramo. Si bien intervenciones como esta son bienvenidas y demuestran que incluso sin Plan Especial se pueden lograr mejoras a pequeña escala, son soluciones aisladas. Ni este paseo ni otras obras menores resuelven la ordenación global ni abordan los problemas estructurales de movilidad y uso del suelo en toda la franja puerto-ciudad. La reflexión del Plan Especial de que añadir una playa no basta sin replantear toda la avenida y su frente litoral, en alusión a la necesidad de ejecutar el plan completo, sigue vigente, como la de contar con más zonas verdes, menos carriles de tráfico, parkings periféricos, insistiendo en que la movilidad y el frente costero de Santa Cruz deben rediseñarse pensando en el largo plazo. El potencial de mejora existe, pero se está desaprovechando.
Desde una perspectiva insular, la falta de integración puerto-ciudad también supone un freno para La Palma en su conjunto. El puerto de Santa Cruz es la puerta de entrada de mercancías a la isla; su buena articulación con la ciudad redunda en una experiencia más amable para turistas (especialmente cruceristas) y en operaciones portuarias más eficientes al minimizar conflictos con el tráfico urbano. Además, tras la erupción volcánica de 2021 que afectó gravemente el Valle de Aridane, Santa Cruz de La Palma ha cobrado mayor relevancia como polo de actividad económica y turística. Contar con un frente marítimo renovado, con espacios públicos atractivos y accesos fluidos, sería un impulso significativo para la imagen de la isla. La ausencia del Plan Especial mantiene en suspenso esa posibilidad de “ganar ciudad al puerto”, es decir, de reconquistar para la ciudadanía terrenos portuarios infrautilizados y convertirlos en recursos para el desarrollo local. Todo ello refuerza la urgencia de reactivar la planificación especial cuanto antes.
La urgencia de retomar el Plan Especial: cooperación institucional y adaptación a la nueva normativa
A la luz de este diagnóstico, resulta indiscutible que reactivar y actualizar el Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de La Palma es prioritario. El actual contexto de expansión portuaria lo hace aún más urgente: la Autoridad Portuaria tiene previstas inversiones millonarias hasta 2037 para ampliar muelles, explanadas y mejorar sus servicios. Varias de esas obras estratégicas recogidas en el Plan Director ya están en marcha o en fase de proyecto –por ejemplo, la prolongación del dique del Este para atraer cruceros más grandes, la ampliación de la explanada de preembarque para ferris, o la prolongación del muelle polivalente para aumentar capacidad de contenedores– y suman más de 40 millones de euros de inversión programada. Si dichas actuaciones se ejecutan sin un Plan Especial vigente, podría desaprovecharse la oportunidad de coordinar esas mejoras portuarias con la trama urbana. Por ejemplo, una vez ampliada la capacidad de maniobra y almacenamiento en el puerto, sería factible liberar la zona de aparcamientos junto al casco histórico para la plaza litoral; pero para que eso ocurra de manera ordenada, hace falta el instrumento de planeamiento que lo prevea y lo exija. Del mismo modo, la construcción de nuevos accesos viarios portuarios externos (como esa posible dársena o enlace por el norte) debería planificarse en conjunto con el rediseño de la avenida urbana. Sin el Plan Especial, cada obra portuaria se decidirá en función de criterios internos operativos, sin un marco que garantice las cesiones, compensaciones e inversiones urbanas asociadas.
Legalmente, reanudar el Plan Especial implicará iniciar un nuevo procedimiento desde cero, dado que el anterior fue desistido. Esto permite, no obstante, adaptar el contenido a la normativa vigente y a la realidad actual de 2025. Habría que elaborar un documento técnicamente actualizado (posiblemente denominado ahora Plan Especial de Ordenación Portuaria) en consonancia con la nueva Ley del Suelo de 2017 y el Plan Insular de Ordenación, incorporando los cambios introducidos por la DEUP aprobada en 2023. Asimismo, se podrá aprovechar todo el trabajo ya realizado en la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Director: los estudios de tráfico, ambientales y socioeconómicos realizados para ese plan portuario podrían reutilizarse en buena medida para acelerar la evaluación ambiental del Plan Especial. En este punto, la colaboración leal entre administraciones será determinante. El puerto (Autoridad Portuaria de Tenerife) y el Cabildo de La Palma –en coordinación con el Ayuntamiento capitalino y el Gobierno de Canarias– deben actuar de la mano, compartiendo información y alineando objetivos. La Autoridad Portuaria ya ha mostrado su disposición, incorporando incluso en el propio Plan Director referencias a las actuaciones de mejora urbana que “aportará” a la ciudad, como esa plaza peatonal y el parking subterráneo. Existe por tanto un alineamiento estratégico que no debe desaprovecharse: todas las partes reconocen la necesidad de abrir Santa Cruz de La Palma a su mar y comparten la visión de un puerto más accesible y sostenible junto a una ciudad más dinámica y amable.
En términos políticos, retomar el Plan Especial supondrá anteponer los intereses generales a las eventuales trabas burocráticas o diferencias competenciales. Es necesario un compromiso firme de las instituciones para dotar de recursos técnicos y financieros la redacción del nuevo plan, agilizar sus trámites (especialmente la evaluación ambiental y la coordinación interadministrativa) y luego ejecutar progresivamente las actuaciones que contemple. La experiencia de la última década ha dejado lecciones importantes: la falta de impulso político y la dilación burocrática fueron letales para la iniciativa anterior. Ahora, con el respaldo de la ciudadanía que clama por esa integración puerto-ciudad, las administraciones están llamadas a cooperar en todos los niveles –estatal (Puertos del Estado), autonómico (Gobierno de Canarias), insular (Cabildo) y local (Ayuntamiento)– para sacar adelante un nuevo Plan Especial acorde al siglo XXI. Solo así Santa Cruz de La Palma podrá completar el puzle de su desarrollo: un puerto moderno y competitivo conviviendo en equilibrio con una ciudad histórica abierta al mar, para beneficio de toda la isla. El tiempo apremia y la oportunidad está servida; reactivar el Plan Especial no es solo un trámite urbanístico, sino el paso decisivo para reconciliar definitivamente a Santa Cruz de La Palma con su frente marítimo.