¿Ha sido este el camino correcto para resolver el problema de la vivienda en La Palma?
Hablar de vivienda en La Palma es hablar de una de las principales preocupaciones de muchas familias: jóvenes que no encuentran una vivienda asequible para independizarse, personas afectadas por la erupción volcánica que siguen esperando una solución definitiva y municipios que ven limitada su capacidad de crecimiento por la falta de oferta residencial.
La vivienda se ha convertido en una de las grandes prioridades de la isla. Precisamente por eso, resulta necesario analizar si las decisiones adoptadas durante los últimos años están dando los resultados esperados.
En La Palma hay más de 500 familias inscritas oficialmente en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida esperando una solución habitacional. Esa es la demanda real acreditada, y probablemente sea inferior a la necesidad existente, porque no todas las personas con problemas de acceso a la vivienda están inscritas en el registro.
Cuando comenzó el actual mandato, una de las primeras decisiones del grupo de Gobierno de Coalición Canaria fue no continuar con la línea de colaboración que se venía desarrollando con Visocan para impulsar actuaciones de construcción y rehabilitación de viviendas en La Palma. En lugar de apoyarse en un organismo especializado y con experiencia en esta materia, optó por crear en abril de 2024 un Área de Vivienda propia dentro del Cabildo, asumiendo competencias vinculadas a la promoción de vivienda protegida, la gestión del parque público de viviendas de ámbito insular, la policía de vivienda y la coordinación municipal en este ámbito
Además, es importante mencionar que el Cabildo recibió a finales de diciembre de 2023, una subvención de 24 millones de euros procedente del Gobierno de Canarias para actuaciones vinculadas a vivienda para las personas afectadas por la erupción volcánica. Una cantidad importante que representaba una oportunidad extraordinaria para responder a la emergencia habitacional que vive la isla.
Sin embargo, dos años y medio después, los resultados siguen siendo insuficientes. Más de 16 millones continúa sin ejecutarse y el resultado tangible para la ciudadanía sigue siendo muy limitado en comparación con la magnitud de la necesidad existente. La cuestión no es quién gestiona los fondos. La cuestión es qué resultados se consiguen con ellos.
Cuando hablamos de vivienda, lo importante no son los anuncios, los convenios o las ruedas de prensa. Lo importante son las viviendas construidas, rehabilitadas y entregadas a quienes las necesitan. Y es precisamente ahí donde surgen las dudas.
Resulta legítimo preguntarse si esos recursos habrían podido avanzar con mayor rapidez a través del Instituto Canario de la Vivienda, el organismo que tiene atribuida esta competencia en Canarias y que cuenta con la estructura técnica, la experiencia y los procedimientos necesarios para desarrollar promociones públicas de vivienda.
Más aún cuando distintos ayuntamientos de la isla ya habían realizado un esfuerzo importante poniendo suelo a disposición de las administraciones públicas para facilitar la construcción de nuevas viviendas, especialmente en el Valle de Aridane, donde la necesidad sigue siendo especialmente intensa tras la erupción volcánica.
No se trata de abrir debates institucionales. Se trata de analizar qué modelo permite ofrecer respuestas más rápidas y eficaces a quienes llevan años esperando. La política de vivienda exige coordinación entre administraciones, capacidad técnica y agilidad en la ejecución. Exige sumar esfuerzos y aprovechar todas las herramientas disponibles para obtener resultados.
Mientras tanto, muchas familias siguen esperando. Cada vivienda que tarda en construirse, cada promoción que se retrasa y cada recurso que permanece sin ejecutar tiene consecuencias reales para personas que necesitan una solución.
Por eso, más allá de analizar las decisiones tomadas hasta ahora, lo importante es mirar hacia adelante. Todavía estamos a tiempo de acelerar la construcción de vivienda pública, reforzar la colaboración entre administraciones y aprovechar plenamente las capacidades del Instituto Canario de la Vivienda para responder a una de las principales preocupaciones de la sociedad palmera.
Porque la ciudadanía no necesita más explicaciones sobre la vivienda. Necesita casas, hogares y esa debería ser la prioridad de todas las administraciones.
Nieves Hernández, portavoz Grupo Popular en el Cabildo de La Palma