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Precintan 60 botellas de aire comprimido de un centro de buceo de La Palma al no ser no aptas para la práctica de la actividad

La Guardia Civil asegura que las botellas que no hayan pasado las correspondientes revisiones en centros autorizados pueden suponer “un grave peligro para los buceadores”

Agentes de la Guardia Civil durante la inspección.

Agentes de la Guardia Civil durante la inspección. GUARDIA CIVIL

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), en el ejercicio de las competencias que tienen asignadas, han realizado una inspección en un centro de buceo ubicado en la isla de La Palma.

El objetivo de la realización de este tipo de inspecciones se centra en comprobar que el citado centro cumple con los requisitos exigidos para la actividad y seguridad de los buceadores.

“Durante la inspección realizada, los agentes hallaron setenta y tres botellas de aire comprimido utilizadas para la práctica de la actividad, encontrándose sesenta de ellas sin la realización de las correspondientes revisiones, motivo por el cual se procedió al precinto de las mismas, así como a informar al responsable del centro de buceo, que la falta de revisión de las botellas pone en riesgo a los buceadores”, informa el Instituto Armado en nota de prensa.

Botellas precintadas por la Guardia Civil.

Botellas precintadas por la Guardia Civil. GUARDIA CIVIL

“Las botellas de aire comprimido que se utilizan para este tipo de actividad y que no se encuentran con las revisiones al día, no pueden garantizar la seguridad en el uso de equipos a presión. Conforme a lo relatado anteriormente, hasta que las citadas botellas no sean revisadas y certificadas por un centro de revisiones debidamente autorizado, no podrán volver a ser utilizadas”, aseguran.

“Los hechos observados y comprobados suponen una infracción al Real Decreto 2060/2008, por el que se aprueba el reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, por lo que los agentes del GEAS han puesto los hechos en conocimiento de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, quedando al criterio del organismo competente la imposición de la correspondiente sanción, que puede llegar a alcanzar según la gravedad de los hechos, una multa de hasta 601.012,10 euros y/o la paralización de la actividad”, detallan.

“Los agentes del GEAS como especialistas en actividades subacuáticas, destacan la responsabilidad de los centros de buceo en lo que se refiere a la importancia de realizar las revisiones correspondientes a todos los equipos empleados para la práctica del buceo de los que dispongan, ya que del buen funcionamiento de estos equipos depende la seguridad del buceador cuando se encuentra en inmersión”, subrayan.

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