Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de La Palma, en el marco de la Operación Jackalyn, han instruido diligencias por la comisión de nueve ilícitos penales, siete contra la ordenación del territorio y dos delitos de usurpación de bienes inmuebles y además han formulado 22 denuncias administrativas, informa el Instituto Armado.
“A finales del mes de marzo, a raíz de una denuncia presentada por el titular de una parcela rústica, donde al parecer, diversas personas habían realizado la construcción ilegal de varias casas en su finca y se disponían a hacer más viviendas, al tener un solar ya preparado para ello. Agentes del Seprona, realizaron un primer servicio, a bordo del helicóptero de la Guardia Civil, para poder llevar a cabo una inspección de la zona, en el que descubrieron que, no solo se encontraban las viviendas que denunciaba el particular, sino que había un aumento de nuevas obras de construcción de casas de madera en toda la zona del litoral en torno a la Playa de la Veta”, explica.
“Posteriormente los agentes realizaron diversas inspecciones a pie, en zonas de difícil acceso, llegando a identificar a dos personas que se encontraban horadando una roca con un taladro para la construcción de una cueva junto a una casa de madera también recién construida”, añade.
En las diferentes inspecciones se tomaron fotografías, mediciones y georreferenciación de la zona para su posterior estudio a través de los sistemas de Información Geográfica.
“El suelo en el que se han ejecutado estas construcciones está clasificado en el PGO de Tijarafe como suelo rústico de protección costera y litoral dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre de la normativa estatal de costas, en donde se prohíbe las edificaciones destinadas a residencia o habitación”, recuerda.
Para la realización de este servicio se ha contado con la colaboración de varias especialidades de la Guardia Civil, Servicio Marítimo Provincial de Tenerife, Sector Aéreo de Canarias, y además de colaboración con el Ayuntamiento de Tijarafe, la Demarcación Provincial de Costas, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y la Comunidad de La Veta. La investigación ha estado en todo momento seguida por la Sección Territorial de La Palma de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.