Sindicatos de la policía y la Guardia Civil denuncian la falta de recursos para atender la crisis migratoria en Canarias

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han denunciado este viernes la descoordinación ministerial desde que comenzó la crisis migratoria. Mediante un comunicado conjunto y ante el aumento de las llegadas, los cuerpos de seguridad se quejan de que “la ausencia de liderazgo está provocando graves perjuicios en el servicio policial, sin que Interior ejerza su competencia exclusiva como órgano coordinador del trabajo de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad implicados en la atención de esta crisis”.

En la nota, los policías y guardias civiles reconocen que no es un problema que haya surgido por el aumento de migración y aseguran que llevan “años denunciando las carencias del actual modelo policial por la inacción de los órganos llamados a ejercer su responsabilidad de dirección y supervisión”. Una serie de insuficiencias que, en situaciones límite, provocan que “se vean las costuras del actual modelo en materia de coordinación y de movilización de recursos necesarios para la gestión de la migración irregular”. Los agentes de seguridad reconocen que la situación actual “es un drama de enorme magnitud” y “desborda la pobre estructura policial, asistencial y social” con la que cuentan.

La crisis migratoria está afectando en mayor medida al Archipiélago canario, donde los aquejados ven un ejemplo claro de “las carencias” en las que se encuentran. Una situación “dantesca”, como la describen en el comunicado, que ha obligado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a viajar en dos ocasiones a Gran Canaria por el “drama” que se está viviendo en el muelle de Arguineguín. Además, Carolina Darias, titular de Política Territorial y Función Pública, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, también han acudido a la Isla para conocer de cerca la situación.

En esta denuncia, los sindicatos policiales y la Guardia Civil hacen especial mención al “polémico y masificado campamento de emergencia” levantado en Arguineguín, que ha llegado a acoger a “2.500 migrantes hacinados”. En vista de esta situación, proponen un “refuerzo de las fronteras exteriores, como elemento fundamental para recuperar la confianza pública”.

En la nota recuerdan que “en 2019, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea (Frontex) ponía en marcha su propio cuerpo policial uniformado y armado, convocando un proceso de selección para cubrir 700 plazas de agentes que pasarán a formar parte de la Guardia Europea de Fronteras y Costas”, por lo que comprenden que “este nuevo cuerpo policial tendrá la competencia de controlar las costas y los límites territoriales de los países fronterizos con Estados de la Unión Europea”.

Sin embargo, los miembros de los cuerpos de seguridad defienden que una mejora de la situación requiere la asignación de “suficientes medios materiales, a través de inversiones de urgencia en medios de protección frente al contagio de la COVID-19, vehículos, instalaciones móviles para la toma de huellas o incoación de expedientes de extranjería, refuerzo de plantillas, adquisición de medios aéreos y marítimos y potenciación de la prevención en los países de origen mediante equipos conjuntos de investigación”.

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