Abogados de presos de ETA ven “escalofriante” el protocolo de detención
SAN SEBASTIAN, 04 (EUROPA PRESS)
La abogada Ainhoa Baglietto calificó hoy de “escalofriante” algunos de los aspectos recogidos en el “protocolo” que, según indicó, la Guardia Civil “perdió” en la última operación policial desarrollada el pasado 14 de abril, que se saldó con la detención de 10 personas por su presunta vinculación con ETA, entre ellas, algunos abogados de los reclusos de la banda armada.
A su juicio, se constata la existencia de “espacios policiales autónomos, zonas francas de legalidad y ausencia de control judicial” en los operativos antiterroristas.
En una rueda de prensa en San Sebastián, Baglietto acompañada de media docena de abogados que suelen asistir a presos de la banda armada como Iñigo Iruin, Miguel Castells, Jone Goirizelaia o Kepa Landa, realizó una “valoración jurídica” del citado documento de la Guardia Civil, a su juicio, “de gran importancia” dadas las “irregularidades” que contiene.
Tras afirmar que en 30 años nunca habían tenido acceso a un documento “de estas características”, destacó que el mismo, hallado tras un registro en el donostiarra barrio del Antiguo y que se encuentra en el Juzgado de Instrucción número tres para que se acometan las investigaciones pertinentes, supone “una protocolo de actuación” de la Guardia Civil, “al margen” de las instrucciones que establece la secretaría de Estado del Ministerio del Interior para este tipo de operativos.
La abogada mostró su convicción de que “no se trata de un protocolo de actuación sólo” para el operativo desarrollado el pasado mes de abril contra el entorno de ETA, “sino de aplicación general” en este tipo de operaciones por lo que apeló a la necesidad de “evitar” que las cuestiones que recogen en el mismo “no se apliquen en un futuro”.
Además, opinó que este documento no es “un borrador de un Guardia Civil” puesto que está “escrito a ordenador, con nombre y apellidos de varios agentes, pseudónimos, personas que deberían participar en el operativo, órdenes de coordinación entre comandancias”, en definitiva, “todo el diseño de un operativo” con anotaciones “de al menos tres manos”. Denunció que el protocolo “se salta las instrucciones de la Secretaría del Estado del Ministerio del Interior”.
Baglietto calificó de especialmente “escalofriantes” algunas de las instrucciones contenidas en este documento, la primera, “la constatación de la existencia de equipos de interrogatorios” y la “finalidad del tratamiento a dar a los detenidos” en el sentido de que “en términos literales” se recoge que “el tratamiento con los detenidos deberá perseguir el obtener una manifestación que ratifique las imputaciones que existen”.
La letrada también apuntó al “carácter selectivo del tratamiento 'exquisito'” que en este “protocolo” se contempla para “algunos” de los detenidos.
Ante todo esto, Baglietto destacó que este “protocolo acredita que siguen existiendo autónomos en los operativos antiterroristas espacios policiales autónomos, zonas francas de legalidad y ausencia de control judicial” que es “general” en estas operaciones. De ello responsabilizó a “los jueces de la Audiencia Nacional por su pasividad y por la no adopción de medidas de las que disponen, incluso en el seno de la propia legislación antiterrorista”.
Finalmente, realizó un llamamiento a la comunidad internacional, la sociedad y al mundo del derecho a que “haga un esfuerzo para que estas prácticas sean denunciadas y no puedan repetirse en el futuro”.
