La defensa de García Marcos pide anular el registro de su casa
MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)
La defensa de la ex edil Isabel García Marcos, acusada en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha solicitado la nulidad del registro realizado en la vivienda de la ex socialista y la intervención del dinero, unos 378.000 euros, hallados en su casa. Ha argumentado que las autorizaciones adolecen de motivación.
El letrado José Luis Rueda ha impugnado la resolución en la que se autorizó la entrada y registro en la residencia de García Marcos, al considerar que está llena de “afirmaciones tautológicas de carácter general, que se pretende por el instructor que se justifiquen por sí mismas sin aportar datos”. “Las afirmaciones por muy categóricas que sean no se justifican por sí solas”, ha apuntado en la séptima sesión del juicio.
Asimismo, ha impugnado la intervención del teléfono de su patrocinada, al estimar que “fue nula desde el inicio”, ya que, ha apuntado, esta medida “nunca puede ser el paso inicial de una investigación”, como en su opinión ocurrió en esta causa, considerando por ello que “se trata de una investigación prospectiva”.
Ha reiterado que tanto el auto inicial de intervención como las prórrogas contienen “afirmaciones genéricas” en las que se habla únicamente de que el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, “ejercía control sobre los concejales del Ayuntamiento, pero no se aportan datos concretos ni reales sobre esto”. “El que la investigación posterior tenga éxito no justifica la irregularidad de la falta de motivación del auto inicial”, ha señalado el letrado, quien ha citado jurisprudencia de la misma sala que juzga 'Malaya'.
Esta defensa ha solicitado la impugnación de las declaraciones prestadas por su patrocinada y ha explicado que “se le interroga por unas conversaciones telefónicas y por el dinero intervenido, a lo que ella contesta dando unas explicaciones de las que pudiera deducirse que explícita o implícitamente está reconociendo tanto el contenido de las conversaciones como el dinero intervenido”.
En este sentido, Rueda ha argumentado que “si el registro es ilícito y si las conversaciones son ilícitas, también deben declararse nulas las declaraciones y expulsarse del proceso”. Además, ha apuntado que no tiene validez una declaración cuando se presta sin conocimiento de las actuaciones. Se ha adherido a la alegación del juez predeterminado por la ley, a la impugnación del registro de Maras y también a la relativa a la cadena de custodia de los documentos intervenidos.
ESPERPENTO
Por su parte, la defensa del ex edil Miguel Jiménez, acusado cuya mujer, que había sido secretaria del ex alcalde Jesús Gil, falleció de un infarto el día en que se produjo la detención de éste, ha calificado este proceso de “esperpento” y ha apelado al “sentido común” para que “no se mantenga ni un minuto más la pena de banquillo” de su patrocinado, pidiendo que se sobresea la causa respecto a él.
El letrado Rafael Mesa ha señalado que tanto su cliente como la familia vivieron “un calvario” y ha apuntado que la “injusticia” producida con su patrocinado va desde la detención hasta estar acusado e incluido en el auto de procesamiento que, a su juicio, contiene “errores de bulto”. Así, se impugna el auto de detención y registro, en los que “brilla por su ausencia la presunción de inocencia”, ha añadido.
Ha relatado cómo se produjo la detención “con un despliegue desproporcionado” y cómo su cliente fue informado en Comisaría del fallecimiento de su mujer y tuvo que prestar declaración ante el juez instructor tras acudir al entierro, para luego quedar en libertad sin fianza. En este punto, se preguntó “si no había medios menos gravosos” en esos momentos, como haberle tomado declaración previamente.
Además, ha manifestado que para continuar “el despropósito” en la actuación respecto a su patrocinado, en marzo de 2008, dos años después del fallecimiento, su esposa fue citada para que se le notificara el embargo de la vivienda. Asimismo, el letrado se ha adherido a la alegación de nulidad del procedimiento por vulneración de distintos derechos fundamentales.
