La igualdad no es un cargo de reparto
Hay una mujer que, mientras ustedes leen esto, está esperando. Una cita, una plaza, una respuesta que no llega. Reunió el valor una vez y no piensa reunirlo dos. No sale en ningún titular, porque a ella todavía no la ha matado nadie. Al final de cada pacto y de cada nombramiento hay una mujer esperando, y lo que ella espera no es tiempo administrativo. Es tiempo de su vida.
Esta misma semana, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha aprobado el decreto que entrega a Vox las competencias en violencia de género. Las Unidades de Valoración Integral pasan a la consejería que dirige el líder de la ultraderecha. Y conviene explicar qué son, porque no es un tecnicismo: son los equipos que redactan, a petición del juzgado, el informe que dice si una mujer está en peligro y si su agresor va a volver. Es el papel del que depende que a una se la crea. A partir de ahora lo gestiona el partido que sostiene que la violencia machista es un invento. El mismo que en 2019 pidió por escrito, en el Parlamento andaluz, la lista con los nombres y apellidos de los profesionales que trabajan en esas unidades.
Andalucía encabeza las cifras de mujeres asesinadas en España. Y aun así, cuando llegó la hora de repartir consejerías, su protección entró en el lote. Ahí está resumido lo que quiero decir hoy: la igualdad se ha convertido en moneda de cambio, y quien la usa como moneda no paga con algo suyo. Paga con nosotras.
No es un caso aislado: es un método, y ya lo hemos visto funcionar. En la Comunidad Valenciana, la consejería que dirigía Vox sustituyó “violencia de género” por “violencia intrafamiliar” en la formación de la policía local; el escándalo obligó al PP a rectificar, pero ni siquiera entonces se recuperó el término. En el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por PP y Vox, no hubo declaración institucional ni el 25 de noviembre ni el 8 de marzo: la ultraderecha bloqueó los textos y el PP lo aceptó para no romper el pacto. En Extremadura se recortaron las partidas de igualdad mientras las de tauromaquia pasaban de menos de 100.000 euros a casi 900.000. Cuatro comunidades gobiernan hoy PP y Vox juntos —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— y en las cuatro se repite el guion: primero se recorta la partida, después se borra la palabra.
Aquí hemos oído muchas veces que eso no va con nosotros, que aquí hay moderación. Pues bien, Coalición Canaria proclamó en 2023 que la ultraderecha era una línea roja y desde entonces le ha ido abriendo, una por una, las puertas de nuestras instituciones, siempre de la mano del Partido Popular. En Arona, tercer municipio de esta isla, Vox entró en el gobierno municipal en enero de 2025: uno de sus concejales, que además es consejero de Vox en el Cabildo de Tenerife, asumió la segunda tenencia de alcaldía y las áreas de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico, y su compañera de grupo, las de Promoción Económica, Sector Primario y Empleo. Rosa Dávila y Lope Afonso salieron a justificarlo en nombre de la “estabilidad”. Dos meses después, en Granadilla de Abona, CC recuperó la Alcaldía con los votos de Vox frente a una alcaldesa socialista, en un acuerdo firmado en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. No en una sala de partido: en la sede del Gobierno de todas las canarias y de todos los canarios.
Y en Arona, en la madrugada del 20 de febrero de este año, un hombre mató a su hijo Yared, de diez años, y dejó a la madre del niño herida de gravedad: el noveno menor asesinado por violencia vicaria en Canarias desde 2013. El Ayuntamiento decretó dos días de luto y publicó un comunicado que sigue colgado en la web municipal. Habla de un “trágico suceso” que “se saldó con el fallecimiento de un menor” y con “una mujer herida de gravedad”. Ni asesinato, ni violencia machista, ni violencia vicaria. El hombre que lo hizo no aparece: no hay padre, no hay agresor, no hay nadie. La madre tampoco es la madre: es “una mujer”. Y el compromiso que se reitera al final no es con la igualdad, sino con “la convivencia pacífica en el municipio”. Un niño asesinado por su padre para destrozar a su madre, convertido en un accidente sin autor.
Y borrar la palabra no es un matiz de vocabulario. Es la diferencia entre entender que a una mujer la matan por ser mujer o creer que fue una desgracia que pasó. Quien no lo nombra, no lo combate. Y quien no lo combate, deja sola a la siguiente.
¿Y qué ha hecho Fernando Clavijo con la igualdad mientras se abrían esas puertas? Tratarla como el área que se reparte cuando ya se han repartido las que de verdad interesan. En tres años de mandato, la dirección del Instituto Canario de Igualdad, el organismo que coordina en estas islas la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, se ha convertido en parte del precio de un pacto, ocupada por quien no acredita trayectoria alguna en la materia. Hemos llegado incluso a hablar de cargos que parecen heredables. Lo digo con cuidado, porque detrás hay una familia que acaba de despedir a una madre y ahí no hay ninguna mujer a la que señalar: mi crítica no va contra una persona, va contra una forma de gobernar. La herencia que importa no es la de una madre a una hija, sino la de un partido que ha hecho suya un área entera y la administra como patrimonio propio. Y cuando un área se posee, da lo mismo quién la ocupe: lo que se cubre no es una responsabilidad pública, es un peaje.
A nadie se le ocurriría poner al frente de Hacienda a quien no sabe leer un presupuesto. Con la igualdad sí, porque se da por hecho que basta con la buena voluntad. Y cuando quien manda no sabe, no pasa nada estruendoso: sencillamente, no se hace. El daño de una política que no existe es un daño callado, y por eso sale tan barato.
Que nadie diga después que no lo vio venir. Andalucía no es una anomalía: son las luces largas sobre el camino que se pretende recorrer. Primero se pacta por estabilidad. Luego se cede un área. Luego se cambia una palabra. Y un día resulta que quien decide si una mujer corre peligro es quien lleva años repitiendo que ese peligro no existe. ¿Alguien cree que si mañana hacen falta los votos de Vox en el Parlamento de Canarias o en este Cabildo, la igualdad no volverá a la mesa de reparto? Es lo primero que se ofrece, porque es lo que menos les cuesta.
Los socialistas estamos empeñados en bloquear ese camino, pleno a pleno y municipio a municipio. Coalición Canaria y el Partido Popular, en abrirlo. Esa es, sin adornos, la diferencia. Y aquí, en casa, Rosa Dávila cometió además el error de dejar las políticas contra la violencia de género del Cabildo de Tenerife en manos del Partido Popular. Eso lo estamos pagando ya las mujeres de esta isla.
Porque cada retraso tiene nombre de mujer. Cada plaza que no se convoca es una que sigue durmiendo en casa de su madre con dos criaturas. Cada programa que no se diseña es una chiquilla de quince años que no tendrá quien le explique que lo que le está pasando tiene nombre y no es culpa suya. Quedarse atrás no se mide en escaños ni en encuestas: se mide en vidas frustradas y en mujeres que lo perdieron todo por no soltar a tiempo la mano equivocada.
Las mujeres de estas islas no somos un asiento en una mesa de negociación. La igualdad no es un cargo de reparto: es, para muchas, lo único que se interpone entre su vida y el peor de los finales. Quien la tenga por un peaje, que la suelte.