Transición energética, territorio y poder: un debate inaplazable en Gran Canaria y en Canarias
El debate energético en Gran Canaria merece ser abordado en profundidad. Que desborde los eslóganes institucionales y las simplificaciones interesadas y simplonas de Antonio Morales, y la propaganda oficial de la “ecoisla” con la que trata de aturdir a la ciudadanía.
Reducir la discusión a una apelación genérica a “más renovables” como hace Antonio Morales, equivale a eludir la cuestión central: qué modelo de transición energética se está promoviendo, bajo qué criterios territoriales, con qué distribución de costes y beneficios, y al servicio de qué intereses.
El discurso simplón presenta la aceleración de grandes infraestructuras energéticas como una evidencia de compromiso climático. Sin embargo, lo que se está consolidando en la práctica no es una transición ecológica en sentido democrático y territorialmente equilibrado. Asistimos a la reproducción de un modelo centralizado donde la producción, distribución y control de la energía continúan en torno a los grandes operadores históricos del sector eléctrico.
La cuestión no es oponerse a las energías renovables. Ese sería un falso dilema. La cuestión es que la mera sustitución tecnológica no garantiza por sí misma una transformación del modelo energético si persisten intactas las relaciones de poder económico y territorial que han definido durante décadas el sistema energético convencional.
En este contexto, el proyecto desastre de Chira-Soria constituye un caso paradigmático. Presentado como infraestructura estratégica para la descarbonización insular, su proceso de materialización ha suscitado un profundo debate, legítimo acerca de sus implicaciones territoriales, paisajísticas, hidrológicas y ecológicas, así como sobre el sentido político de una inversión pública enorme, más de 1.000 millones de euros, sin contar el valor del territorio destruido y el agua de lluvia los próximos 75 años manera gratuita a REE para reforzar la posición de las empresas del oligopolio energético dentro del sistema eléctrico insular.
Hace ahora siete años, en marzo del año 2019, un amplio grupo de ciudadanos y ciudadanas, liderados por Julio Cuenca y Antonio González Viéitez, exigieron un debate público con expertos internacionales, ante los destrozos previstos en el barranco de Arguineguín. Morales lo negó. Hoy vemos los resultados y al servicio de quién está Morales y su modelo de transición energética centralizado que favorece a las multinacionales eléctricas.
No puede obviarse que este tipo de proyectos, lejos de inaugurar un modelo distribuido, consolidan una lógica de alta concentración, fuerte dependencia de redes de transporte y una creciente artificialización del territorio.
Algo similar ocurre con la expansión prevista de grandes parques eólicos terrestres, nuevas líneas de evacuación, subestaciones y torres de transporte eléctrico, cuya implantación fragmenta espacios rurales, altera barrancos y multiplica impactos acumulativos sobre un territorio especialmente frágil y limitado. Todo se ha hecho obviando la evaluación ambiental estratégica.
La discusión se intensifica ahora por dos motivos. El agua de lluvia de Chira-Soria corriendo al mar y la incorporación de la eólica marina en el horizonte energético de Canarias. Sorprende la rapidez con la que se intenta instalar una narrativa de inevitabilidad antes de que exista una deliberación pública suficiente sobre sus efectos en biodiversidad marina, pesca artesanal, paisaje litoral y ordenación del espacio marítimo.
Lo preocupante no es únicamente el contenido de estas decisiones, sino el marco político en que se producen: identifica Morales cualquier objeción territorial, ambiental o social con resistencia al progreso, cuando precisamente la madurez democrática exige distinguir entre transición energética y simple expansión de infraestructuras del oligopolio energético.
Resulta llamativo que, mientras se defiende la ocupación de nuevos espacios naturales o rurales, continúe infrautilizado el enorme potencial de generación distribuida sobre superficies ya transformadas: cubiertas residenciales, infraestructuras turísticas, polígonos industriales, aparcamientos, equipamientos públicos y espacios urbanos consolidados.
La priorización de estos ámbitos permitiría avanzar en renovables reduciendo conflictos territoriales, minimizando impactos ambientales y fortaleciendo la autonomía energética.
A ello debe añadirse el escaso impulso real que siguen recibiendo, el autoconsumo, las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo, precisamente las fórmulas que mejor encarnan una democratización material de la energía: descentralización productiva, redistribución de beneficios y participación ciudadana efectiva.
Una contradicción que Morales no puede ocultar: se invoca la transición ecológica, pero debilita el papel de la ciudadanía; se proclama sostenibilidad, pero se subordinan las decisiones territoriales a dinámicas de urgencia política; se habla de interés general, mientras el modelo resultante reproduce dependencias respecto al oligopolio energético.
La llamada “ecoisla” es retórica simplona si no va acompañada de una reflexión crítica sobre la naturaleza del modelo implantado.
La verdadera transición energética no consiste únicamente en cambiar fuentes de energía; exige alterar también la geografía del poder energético, democratizar el acceso, descentralizar la producción y someter toda planificación a criterios rigurosos de justicia territorial y participación pública.
En un territorio como Gran Canaria, donde cada decisión territorial tiene efectos irreversibles, la discusión no es secundaria: es una cuestión de modelo de país, de soberanía territorial y de calidad democrática. Antonio Morales y los que le acompañan en el viaje, los dirigentes de Ben Magec, son conscientes de que su transición está al servicio del oligopolio energético.