Un tren sin ley

La idea de implantar trenes en Canarias es manifiesta y notoria. Sin embargo, en mi opinión, seguimos sin dar un paso clave: aprobar una Ley del Sector Ferroviario Canario y su reglamento de desarrollo. Sin ese marco legal, los proyectos ferroviarios planificados para el archipiélago canario corren el riesgo de quedar en protocolo mojado.

Desde 1982, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias exclusivas sobre su red ferroviaria reflejadas en su Estatuto de Autonomía. Eso significa que desde entonces se ha podido legislar, reglamentar y ejecutar en la materia de ferrocarriles. Lo cual demuestra que la idea de los trenes no es nueva. Ya estaba previsto que Canarias dispusiera de su propio sistema ferroviario, al menos desde el punto de vista jurídico e institucional.

Ese sistema —llamémoslo Sistema Ferroviario Canario— nacería inicialmente con los proyectos de trenes para Gran Canaria y Tenerife. Pero para ser real y sólido necesita un marco legal propio.

¿Por qué una ley propia?

Porque las normas estatales, de aplicación como derecho supletorio, no siempre se ajustan bien a la realidad de nuestro archipiélago. Y porque la seguridad jurídica para una infraestructura de este calibre es esencial. Toda infraestructura, máxime las de alto coste, deben estar respaldadas por reglas claras antes de construirse. De eso trata la seguridad jurídica consagrada en el artículo 9 de la Constitución Española. Véase además que otras infraestructuras como los puertos y carreteras Canarias ya cuentan con su legislación territorial propia.

En el caso de los ferrocarriles, una ley canaria debería fijar al menos:

En Europa el transporte ferroviario está liberalizado. Eso implica que cualquier empresa que cumpla los requisitos técnicos y de seguridad puede solicitar acceso a la red. Para ajustarnos a ese modelo, Canarias debería contar con un Administrador de Infraestructuras (creemos por ejemplo, Ferrocarriles Canarios), varias empresas operadoras en libre competencia y una Agencia Canaria de Seguridad Ferroviaria.

Todo apunta a que los trenes canarios no se integrarán en la Red del Estado y tiene pinta de que tampoco formarán parte de un sistema regional asimilable por ejemplo al que se emplea en Mallorca en el que una entidad pública empresarial dependiente del Gobierno de las Islas Baleares administra y opera al mismo tiempo la red.

¿Y la ley antes de tener trenes? Sí, primero la norma y después la infraestructura.

Sin un marco legal sólido no hay seguridad jurídica, ni para los operadores ni para las instituciones que financian. Además, sin una ley autonómica el encaje con la financiación estatal y europea será mucho más difícil. Pasará el tiempo en búsqueda de la financiación. Ya expliqué en anterior artículo que ayudaría el declararles el interés general del Estado.

En resumidas cuentas, los trenes en Canarias llevan décadas en el aire pero sin una Ley del Sector Ferroviario Canario seguirán así: un proyecto sin vía férrea, con un enfoque insularizado y no como gran sistema regional de red ferroviaria.

El Parlamento de Canarias tiene la oportunidad de dar el primer paso para que el tren sea algo más que un debate de conveniencia ambiental o económica el cual parece haber sido superado. Convirtiendo a Ley del Sector Ferroviario Canario en los carriles sobre los que pueda avanzar el material rodante.